El fracaso de programas de participación público privada
Cuando algunos gobiernos europeos comenzaron a impulsar los llamados programas de Participación Público Privada (PPP) para dinamizar en sus países la obra pública, los partidarios de esta modalidad que establece nuevos vínculos contractuales entre el sector público y las empresas privadas la presentaron como una herramienta clave para el desarrollo. Pero las experiencias realizadas en España y el Reino Unido demostraron que no todo lo que reluce es oro.
El financiamiento de la obra pública es uno de los problemas más serios con los que tienen que lidiar todos los gobiernos, y la actual gestión de la Casa Rosada no es la excepción. Pero a diferencia de las administraciones nacionales que lo precedieron, el presidente Macri impulsó la ley de Participación Público Privada para facilitar la asociación entre el Estado y las empresas privadas con el fin de promover la obra pública. Pero la opinión sobre un proyecto que a simple vista puede parecer positivo puede cambiar cuando se lee con más detenimiento la letra chica de esa iniciativa.
Antes que el Congreso aprobara la norma, legisladores de la oposición habían advertido que en la práctica el nuevo marco legal consagraría la desigualdad ante la ley y solo beneficiaría al sector privado. Además, se alertó que las condiciones para supuestamente atraer inversiones que crea la ley incluían la resignación de soberanía, ya que establece lo que se denomina prórroga de jurisdicción, es decir que el privado puede elegir la jurisdicción judicial donde se dirimirán los conflictos, y luego el país tendrá que someterse a un tribunal extranjero para que éste decida la suerte de los intereses nacionales, como ocurrió con los fondos buitre que reclamaron por el default de la deuda argentina en Nueva York y cuya decisión quedó en manos del juez Thomas Griesa.
El sistema de Participación Público-Privada para la obra y los servicios públicos plantea que el Estado pueda realizar más obras que las que su presupuesto le permite, apelando a la inversión privada, a la que recompensa con la concesión y posterior explotación de esas obras, o bien con remuneración directa del presupuesto público. Pero en los últimos días una noticia proveniente del Reino Unido puso de relieve el fracaso de este tipo de acuerdos entre el Estado y los capitales privados para ejecutar obra pública. En efecto, la Oficina Nacional de Auditoría, que es la oficina de control presupuestario del Parlamento británico, presentó una investigación sobre el desarrollo de esta modalidad contractual entre el Estado y las constructoras privadas y reveló que el fracaso del sistema obliga a Gran Bretaña a enfrentar pérdidas por más de 200 billones de libras.
En Argentina, la ley nacional de Participación Público Privada lleva el número 27.328 y fue reglamentada por el Ejecutivo en febrero del año pasado. La reglamentación establece que la centralización normativa de los contratos prevista por la ley recaerá en la Unidad de Participación Público Privada, que estará en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda, en manos de Nicolás Dujovne. Pero a casi un año de esa reglamentación, salvo los anuncios, no es mucho lo que se ha logrado en materia de obras públicas. Hasta agosto del año pasado no se registraba un solo proyecto.
Esta semana, las agencias de noticias que informaron sobre el fracaso de este sistema en Gran Bretaña recordaron que el mismo fue creado en el año 1989 por Margaret Thatcher y luego ampliamente utilizado en la década del ’90 por la gestión del primer ministro Tony Blair. Según el documento de la auditoría oficial británica, este sistema de contrataciones resultó perjudicial para las arcas del Reino Unido.
El fracaso también afectó a España donde se utiliza un programa similar para la obra pública. Ante los malos resultados que arrojó este tipo de acuerdos, el gobierno de la península ibérica anunció que desde febrero estatizará las autopistas construidas mediante estos programas de participación pública privada y que este año deberá asumir las pérdidas que deja este experimento, que ascienden a unos 2500 millones de dólares y que deberá afrontarse con el dinero de todos. ¿Pasará algo similar en nuestro país? Es de esperar que no se repita la historia donde el Estado debe asumir los costos de los errores cometidos con ensayos que fracasaron en otros países.
