El financiamiento de las campañas
La transparencia y el control del financiamiento de las campañas electorales son requisitos fundamentales para preservar la salud del sistema democrático y garantizar que las políticas públicas estén dirigidas a beneficiar al conjunto de la sociedad y no solo a pequeños grupos de poderosos aportantes de la actividad política.
En las democracias más consolidadas del mundo existen mecanismos que permiten controlar el origen y el destino de los fondos que sostienen las actividades políticas, tanto partidarias como electorales. En el país hay un marco legal que regula las elecciones, pero —según un informe del Centro de implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento (Cippec)— la mayor parte del dinero que se utiliza en política circula todavía informalmente porque se permite el uso de efectivo, además los controles llegan tarde, las sanciones son leves y no afectan las carreras políticas.
El tema será tema de discusión este año ya que está previsto que en marzo el Ejecutivo nacional envíe al Congreso un proyecto para introducir cambios en el actual marco normativo y que, seguramente, generará polémica. Es que la iniciativa propone autorizar los aportes de empresas privadas, que están prohibidos por ley desde al año 2009.
Según los datos difundidos por el Cippec sobre la última campaña presidencial, del año 2015, el 90 por ciento de los aportes fue realizado con dinero en efectivo, lo que no permitió determinar ni quiénes realizaron esas contribuciones ni la procedencia de los fondos.
Si el proyecto que el Poder Ejecutivo nacional enviará para su debate en el Congreso pasa el filtro parlamentario entonces estar á permitido el aporte de personas jurídicas, con donaciones que tendrán como tope el 2 por ciento del total de los gastos permitidos. La iniciativa contempla, entra otras cosas, la bancarización de los aportes, un registro de donaciones y gastos en tiempo real, un mayor control sobre el origen de los fondos, la ampliación de las restricciones de la publicidad oficial en los períodos proselitistas y la aplicación de sanciones por el uso de recursos públicos con fines partidarios.
Organizaciones no gubernamentales que promueven la transparencia de los procesos electorales coinciden en destacar la importancia de garantizar tanto la trazabilidad del dinero como la identificación de los donantes. En ese sentido, proponen que los legisladores lean bien la letra chica del proyecto del Ejecutivo nacional, a fin de evitar que existan puntos pocos claros que conspiren contra la transparencia que el sistema democrático exige.
La abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, que fue elegida el 15 de octubre pasado, como presidenta de Transparencia Internacional (TI), destaca la importancia de contar con informes presentados por los partidos sobre el origen y destino de los fondos de campaña que sean claros y precisos. La experta observa que el acceso a estos informes es apenas el primer paso en el largo camino que conduce hacia la transparencia en el financiamiento de campañas.
Ferrira Rubio explica que a partir de esos informes debe realizarse la auditoría de esos balances, y que a la auditoría formal que lleva adelante la Justicia Electoral, hay que sumar la auditoría ciudadana, facilitando el acceso de todos los datos al periodismo y a las organizaciones de la sociedad civil para que pueden revisar esos informes a fin de chequear la veracidad de lo reportado por los partidos. “Basta revisar los precios de mercado sobre traslados en avión, logística para actos y movilizaciones y averiguar cuánto se paga a los fiscales el día de la elección, entre otros rubros, para saber que lo reportado por los partidos no es más que la punta del iceberg”, advierte la experta.
Es necesario que todos los sectores se comprometan con la erradicación de la opacidad en el sistema político, porque está demostrado que transparentar la forma en que se financian los partidos y las campañas electorales es clave para consolidar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y para asegurar la legitimidad de la representación.
