Audiencias impúdicas

Según lo establecido, la audiencia pública es “un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. En este sentido, la Audiencia Pública cifra su utilidad en el espacio que abren las Entidades para informar, explicar, justificar, consultar su gestión ante la sociedad civil, permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas por parte de esta última. Es un mecanismo deliberante más no decisorio, por lo tanto las conclusiones de la misma no tienen fuerza vinculante para las entidades y organismos de la Administración Pública”.

Como pasa en la mayoría de las situaciones, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. En una palabra, las llamadas audiencias públicas se han convertido en una puesta en escena para justificar decisiones ya tomadas y decir luego que fue con el consentimiento general. El concepto de consulta a la población es bueno, pero su ejecución es pésima. Es un disfraz. Por ejemplo, el viernes último la empresa provincial de agua potable Sameep realizó la audiencia pública para fijar los aumentos del servicio. Convocada en pleno enero, casi sin información a la población, con un decreto dictado en diciembre y con escasa inscripción. La gente sabe que ir y hablar en una de esas audiencias es predicar en el desierto y hablar al viento.

¿Aumento total del 15%?

Lo mismo pasará el próximo 23 de febrero con la empresa provincial de Energía Eléctrica (Secheep) para fijar los nuevos valores. Aunque el anuncio fue con más tiempo, la gente sabe que su participación es inútil y las decisiones están tomadas de antemano. Por lo que se habla y lo que se ve. Por empezar, habría que determinar que el aumento de las tarifas de esos servicios esenciales como son el agua potable, la energía eléctrica y también el transporte, deberían contemplar el porcentaje fijado por el presupuesto nacional para la inflación, el 15 por ciento. Sin embargo, por lo que se anuncia, con el pretexto de que están muy atrasadas las tarifas, los incrementos serán superiores y los que perderán serán los ciudadanos de a pie, los que viven de un sueldo o, peor aún, de changas o de salarios en negro o de algunos de los planes o asignaciones.

Para cumplir

Por eso la calificación de “impúdicas” para estas denominadas audiencias públicas que muy a regañadientes se convocan para “cumplir con lo mandado”. Están llenas de la misma hipocresía de esa leyenda casi ilegible que se coloca al pie de los avisos gráficos o televisivos de las bebidas alcohólicas que dicen “Beber con moderación. Su venta está prohibida para menores de 18 años” o peor aún con los audios radiales en los que el locutor dice lo mismo a toda velocidad, sin que se entienda lo que se dice.

Hoy, los servicios públicos de agua y luz, sobre todo, son tan necesarios como el aire que se respira. Los estados deberían tener entre ceja y ceja el prestarlos a la población, en especial en una zona como la nuestra, una de las mayores reservas mundiales de agua dulce y surcada por los más grandes ríos del planeta que aseguran una producción de energía hidroeléctrica. Por eso hoy el ciento por ciento de la población debería tener agua potable y estamos lejísimos de ello con la construcción de un segundo acueducto desde hace décadas. Podrían decirse que menos de la mitad del millón y pico de chaqueños goza de este “derecho humano”.

Y con energía eléctrica carísima y de mala calidad pasa lo mismo. En ambos casos se trata de un monumento a la desidia y a la inoperancia de los gobiernos, cuando existen en el planeta países ubicados en el desierto que desalinizan agua de mar y no les falta el agua potable.

La Constitución del Chaco dejó en claro que estos dos servicios deben ser prestados por el Estado y a ojos vista, el Estado está en deuda con la población. Del lado de la electricidad, no hace tanto, la empresa fue intervenida por evidentes desmanejos y hoy se sabe que lo que no pagan algunos se pone a la cuenta de todos. Hay “colgados” del servicio y por desidia hay barrios enteros habilitados hace más de un año que todavía no pagan su electricidad.

En cuanto al agua potable y a las cloacas el verso del segundo acueducto tiene varios lustros y suena a cuento chino. Los cortes y la falta de presión son materia constante y la seguridad de sus trabajadores ha tenido serias pruebas. Si las audiencias públicas, muchas veces con actores pertenecientes a las mismas empresas, sirvieran para algo más que para comunicar y justificar los nuevos valores, cumplirían con su cometido. De lo contrario seguirán siendo, como hasta ahora, “impúdicas”, “deshonestas”.