Lluvia de juicios contra la reforma previsional
La aprobación en el Congreso de la polémica reforma previsional impulsada por el gobierno nacional generó malestar en amplios sectores de la población que se sienten perjudicados por los cambios y abrió las puertas a una catarata de juicios. A pocos días de conocido el resultado de la votación en el Parlamento ya se hicieron presentaciones ante tribunales de Córdoba, Catamarca y la provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones del país. Los reclamos ante la justicia están motivados en las modificaciones que se hicieron en la fórmula para calcular los haberes y en la edad jubilatoria. Experimentados abogados en temas previsionales advierten que lo que se observa en el horizonte no es la lluvia de inversiones que pronosticó el gobierno sino un aumento en las presentaciones ante la justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional.
Los primeros amparos fueron presentados en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de presidentes de centros de jubilados, acompañados por sus representantes legales, dieron el primer paso formal para rechazar la nueva ley. Casi en simultáneo, se hicieron más presentaciones en juzgados de Córdoba, San Juan, Catamarca y Río Negro por parte de jubilados que reclaman que no se aplique la nueva norma, de ex combatientes de Malvinas que consideran que se vulneran sus derechos a la seguridad social, y también por parte de empleados del Estado que consideran que son perjudicados por los cambios en la edad jubilatoria. Respecto a este último cuestionamiento, observan que las objeciones apuntan especialmente a dos artículos de la reforma aprobada en el Congreso: uno (el artículo 7) que permite que el trabajador siga en actividad hasta los 70 años, mientras que otro (el artículo 8) dice que desde los 65 años al empleado no se le van a hacer más aportes y contribuciones, por lo que se advierte que llegado el momento habrá una dificultad para calcular el haber en base a los diez últimos años.
Debe reconocerse al gobierno nacional que sabía que su polémica reforma desataría una oleada de juicios: la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) presentó un pedido ante el Juzgado Federal número 2 del fuero de la seguridad social para agrupar en ese tribunal todas las demandas que se presenten contra la nueva ley previsional. El magistrado subrogante en ese tribunal, Fernando Strasser, aceptó el planteo de los abogados de la Anses para que se concentren en sus manos todos los amparos colectivos presentados en el país contra la reforma. La estrategia del gobierno nacional apunta a que cualquier otro juzgado del país se abstenga de dictar medidas cautelares que tengan que ver con la ley de movilidad jubilatoria y, de esta manera, todos los expedientes recaigan en el juez Strasser. Para despejar cualquier sospecha sobre esa movida, el gobierno explicó que hizo el pedido al magistrado para que se cumpla el reglamento de la Corte Suprema en el que se expide sobre el asunto, que busca evitar que existan sentencias contradictorias respecto de una materia sobre la cual, en última instancia, corresponde que decida el máximo tribunal. Cabe aclarar que lo dispuesto por el juez Strasser sólo regirá para las acciones en las que se busque representar a un grupo de personas y no para las presentaciones individuales.
La aprobación de la reforma previsional, además de generar fuertes tensiones políticas, abrió una gran incertidumbre entre trabajadores y jubilados de todo el país que entienden que el nuevo marco normativo afectará su calidad de vida. La propia Iglesia, a través del vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, hizo saber al gobierno nacional que los obispos perciben que hay inquietud entre la gente por de la sanción de la nueva ley previsional. Es que, en rigor, la reforma además de modificar la fórmula que actualiza prestaciones previsionales también afecta las prestaciones monetarias de la seguridad social, entre ellas las Asignaciones Familiares contributivas y la Asignación Universal por Hijo, dos de los tres canales por los que el Estado transfiere recursos a las familias en situación de vulnerabilidad. Según recientes estimaciones del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, la sanción de la reforma previsional afectará a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y 3.941.893 niñas, niños y adolescentes que reciben asignaciones universales. Como se podrá advertir el impacto no es menor, y es de esperar que funcionen todos los mecanismos institucionales funcionen en forma adecuada para evitar que se vulneren derechos adquiridos.
