La Cámara de Comercio pide a la Justicia que actúe de inmediato
“Pedimos que rápidamente actúe la Justicia, porque está muy demorada”, instó ayer Ernesto Scaglia, presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, luego de revelar gestiones desde la entidad ante distintos ámbitos por el bloqueo que sufre desde hace tres días el depósito de la empresa Habitar, en Fontana.

“Estamos acompañando a nuestro socio. Esto que hace el gremio de Camioneros es una extorsión. El empresario está en una posición de rehén por la lucha entre dos gremios, Camioneros y Empleados de Comercio”, trazó en diálogo con NORTE.
“Entendemos que corresponde al gremio de Comercio que los trabajadores sigan trabajando encuadrados en ese convenio, porque se trata de una empresa comercial que no hace transporte”, fundamentó el dirigente empresarial. De ahí que marcó la necesidad de una intervención rápida de la Justicia.
“Entendemos que se está demorando y sigue brillando por su ausencia”, advirtió.
Al respecto, Scaglia recordó que hay dos causas: una en el Juzgado Laboral Nº 3 de Resistencia, sustentada en una presentación del gremio de Empleados de Comercio, requiriendo un amparo para cesar la actitud del sindicato de Camioneros, y que la empresa Habitar no cambie el encuadre de los trabajadores dentro del convenio de Comercio.
Y otra causa en la Fiscalía Nº 1 por una denuncia penal hecha por los propietarios de la compañía. En tanto, reveló que ayer fue presentada otra denuncia por amenazas, ante los hechos con los camiones que intentaron salir y fueron amenazados.
“Que se termine de una vez por todas”
“Deberíamos esperar que el Ministerio de Trabajo de la Nación intervenga y que se termine de una vez por todas con estas actitudes del gremio de Camioneros, que no es la primera vez que actúa así con empresas de este tipo. Es un modus operandi, buscando más afiliados y creando un conflicto donde el empresario queda como rehén”, alertó, y marcó “el perjuicio enorme a la empresa, porque diciembre es el mes de mayores ventas para el comercio”.
“Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para ayudar a nuestro socio y que el problema se solucione”, sostuvo y cuestionó que este tipo de situaciones “pasan todo el tiempo” con los piquetes que se instalan en la vía pública y coaccionan al resto de la sociedad.
“Se tiran la pelota, la Justicia no actúa y no da la orden de desalojo. No sólo pedimos en este caso el desalojo sino la protección necesaria para el personal y para los propietarios por las amenazas que recibieron”, concluyó.










