Responsabilizan a la Justicia por la demora en la construcción de viviendas
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) acusó a la Justicia por la demora en la resolución de la tensa situación que genera la usurpación de 48 viviendas en la zona del autódromo de Resistencia.
Desde el organismo, alertaron que esta situación perjudica la continuidad de las obras, lo que repercute también en prejuicio a la empresa constructora que se vio obligada a prescindir de los servicios de unos 60 obreros y de las familias que esperan sus viviendas.
Larga batalla judicial
La información que maneja el Instituto da cuenta de que el 28 de septiembre un grupo aproximadamente de 50 personas ocupó las viviendas que están en distintas etapas de construcción, ejerciendo fuerza sobre el vallado perimetral y despojando totalmente a los contratantes de la obra pública. Luego de que el encargado de la custodia de la obra realizara la denuncia pertinente, se inició un expediente penal, en donde intervino la Fiscalía N° 2, a cargo de Ana Graciela González de Pacce.
El 11 de octubre, la fiscal intimó a los intrusos a desalojar los inmuebles, pero la Defensora Oficial N° 11, Lorena Padován, a cargo de la defensa de los imputados, se opuso formalmente al desalojo. La oposición fue rechazada por el Juez de garantía N° 2, Héctor Sandoval, por Decreto de fecha 13 de octubre.
Esta oposición fue apelada por el Defensor Oficial N° 12, subrogante legal, Alfredo Rendina; y a su vez, la apelación fue rechazada el 23 de octubre por el Juez de Garantía N° 2. Aun así, el juez Sandoval no hizo lugar al pedido de mandamiento de desalojo, solicitando aclaraciones previas.
Por estas horas, la causa ya tomó segunda instancia y está pendiente de resolución.
De esta manera, desde el Ipduv subrayaron la necesidad de dar “rápida respuesta” a la situación para poder dar continuidad a las obras. “Hace más de un mes nos encontramos con este conflicto que provoca graves perjuicios para el Gobierno Provincial, los trabajadores de la obra y las familias que esperan tener su vivienda”, expresó Acevedo.
Explicó además que, al tratarse de una obra pública, el Estado ya realizó una inversión y dicha usurpación afecta al erario público invertido. Además, sostuvo que significa un daño para la empresa contratista que tuvo que prescindir de los servicios de unos 60 trabajadores, al no poder dar continuidad a las obras. “Esto también afecta a las familias postulantes, que están esperando que se terminen las obras para hacer realidad el sueño de la casa propia”, manifestó.
