La educación, otra vez en el centro de la polémica
Por decisión del Ministerio de Educación de la Nación este martes se llevará a cabo en escuelas públicas y privadas de todo el país la segunda edición del Operativo Aprender. En esa jornada serán evaluados alumnos de sexto grado del nivel primario y de quinto y sexto año de colegios secundarios de todas las jurisdicciones provinciales. En esta oportunidad, como ocurrió en la edición anterior, la evaluación vuelve a generar polémicas. Las voces más críticas aseguran que están diseñadas en función de una mirada que ve a la educación más como una mercancía que como un derecho social.
En realidad, las discusiones por la marcha de la educación van más allá de estas evaluaciones que despiertan opiniones contrapuestas. Los conflictos, que vienen de lejos, muestran las dificultades que tienen los distintos actores que interactúan en la comunidad educativa para acordar lineamientos básicos y un rumbo definido que evite el andar zigzagueante del sistema educativo. Los reclamos docentes en casi todas las jurisdicciones del país confirman esa falta de acuerdo y ponen de relieve también cierta intransigencia donde debería haber más diálogo. En ese contexto, la provincia del Chaco no escapa al problema: más de 50 jornadas de paro en lo que va del año terminan afectando al eslabón más débil, es decir a miles de alumnos que no pueden darse el lujo de recibir una educación deficiente en una sociedad que demanda cada vez más conocimientos y habilidades para poder acceder al mundo del trabajo.
Según informaron las autoridades educativas, la evaluación que se tomará este martes a los estudiantes del nivel primario será en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y a los estudiantes secundarios, según cada sistema jurisdiccional, en Lengua y Matemática. En esta edición del operativo Aprender, además, se tomará una evaluación sobre producción escrita a los alumnos que cursan cuarto grado de algunas escuelas primarias. Hasta ahí, la idea de monitorear el estado de la educación en las distintas jurisdicciones suena perfecto, pero las críticas que recibió esta iniciativa del gobierno nacional advierten que estas evaluaciones son pruebas estandarizadas que fueron elaboradas sin tener en cuenta los diferentes contextos socioeconómicos del país y, además, promueven un sistema educativo con un perfil más cercano a lo que exigen las fuerzas predominantes del mercado dejando en un segundo plano el derecho social a la educación. Otra de las críticas que recibió este operativo de evaluación es que las autoridades nacionales de la cartera educativa no aprovecharon los resultados de las pruebas realizadas el año pasado para impulsar cambios en la educación ni para mejorar el presupuesto educativo.
La falta de una visión federal, que comprenda mejor las realidades provinciales, es una constante en muchas áreas de la actual administración nacional. Si se pretende mejorar la educación no se puede desconocer, por ejemplo, el drama de la falta de empleo que afecta a muchos docentes. El mes pasado en Presidencia Roque Sáenz Peña se pudieron observar largas filas ante la Junta de Clasificación que hizo un llamado para cubrir vacantes. En esa oportunidad cerca de 5.000 maestros de grado se presentaron buscando trabajo ante una oferta de solo 300 cargos.
Así como la escuela debe ser cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para los niños, adolescentes y jóvenes, también debe haber trabajo digno para los padres que deben sostener un hogar y garantizar que los chicos puedan concurrir a las aulas sin problemas.
Las evaluaciones periódicas son válidas para mejorar al sistema educativo, pero de poco servirán si no se comprende que el éxito del proceso escolar de enseñanza aprendizaje también depende de la calidad de vida en los hogares. Las mejoras deben ser integrales y deben abarcar a toda la comunidad con mejores servicios de salud, mejores viviendas, más infraestructura escolar y sobre todo oportunidades de trabajo digno para quienes están en edad de incorporarse al sistema productivo
