Cataluña: se apagan las esperanzas de salida negociada
A tres días de que el Senado español apruebe la intervención de Cataluña, Madrid y Barcelona mantenían este martes un tira y afloja ante la posible comparecencia del presidente catalán en la Cámara Alta. A pedido del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Senado dará luz verde el viernes a medidas sin precedentes en 40 años de democracia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Implica la destitución en bloque del ejecutivo catalán, dirigido por el independentista Carles Puigdemont.
BARCELONA, 24 (AFP) - También solicita poner bajo tutela el Parlamento catalán, dominado por los secesionistas, y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos de comunicación. El gobierno central ya controla las cuentas de pago de la región autónoma. Antes de la aplicación de estas inauditas medidas, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, dijo que Puigdemont quiere hablar ante el Senado, aunque no garantizó que vaya a hacerlo.
El Senado, donde el conservador Partido Popular de Rajoy es amplia mayoría, ofreció a Puigdemont que hablara el jueves ante una comisión o el viernes ante el pleno de la cámara, en Madrid. En ambos casos, sería replicado por un miembro del gobierno. En el pleno, concretamente, “es muy posible que venga el presidente del gobierno”, apuntó el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz. El problema es que el horario programado coincide con un pleno en el Parlamento catalán, en Barcelona, al que también debe asistir el presidente regional.
Los independentistas no depusieron su intención de dar cumplimiento al “mandato” emanado del referendo de autodeterminación del 1º de octubre. La consulta no tuvo garantías por la represión del gobierno central, que clausuró muchos centros electorales y obligó a trasladar otros pero el gobierno regional asegura que hubo 90% de votos en favor de la secesión, con una participación de 43%.
El gobierno exige
Más allá de ese posible debate en la cámara alta, las dos partes se mantienen firmes. El gobierno catalán anunció una salva de recursos, empezando por uno ante el Tribunal Constitucional, alegando que el gobierno central se sobrepasa con las medidas que pide al Senado. Igualmente, el gobierno catalán solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar y la urgente aplicación del artículo 155.
Por su lado, el gobierno de Madrid hizo saber que ya no es suficiente con la vía de salida que ofreció la semana pasada a Puigdemont: convocar elecciones regionales anticipadas para evitar la suspensión del autogobierno catalán. “En este momento el incumplimiento de las obligaciones no se soluciona simplemente convocando elecciones”, advirtió el ministro de Justicia Rafael Catalá a la radio pública RNE.
Presiones contradictorias
Del lado secesionista, Puigdemont enfrenta la presión de la izquierda, que le pide que cumpla el mandato del 1º de octubre y ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Parte de esa presión viene del partido Candidatures d’Unitat Popular (CUP), cuyo apoyo parlamentario es indispensable para la coalición de gobierno catalana, que no llega a la mayoría absoluta en la cámara regional.
Un diputado regional de esta formación, Carles Riera, explicó que las elecciones anticipadas son una de las dos opciones que “están encima de la mesa”, junto con la autodeterminación. Pero dejó claro que para ellos un adelanto electoral sería “el peor escenario”, y que si se concreta, las CUP “no sólo no colaboraremos, sino que además nos tendrán en la oposición”.
En paralelo, Puigdemont soporta la presión de los grandes empresarios, muy nerviosos, como demuestra el dato de que casi 1.400 empresas sacaron sus sedes sociales de Cataluña desde comienzos de este mes. CaixaBank, tercer banco de España, reconoció este martes que trasladó su sede social de Cataluña a Valencia, ante los retiros de fondos de clientes nerviosos por la incertidumbre política.
