Al menos seis muertos en protesta de cocaleros en Colombia

Las muertes se produjeron en una zona rural del municipio de Tumaco, departamento Nariño, donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas de coca en Colombia, principal productor de cocaína del mundo. La organización comunitaria Asominuma, presente en el lugar, señaló que la cifra de fallecidos asciende a nueve, y que la tragedia la desató “el proceder desmedido” de los uniformados. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, declaró que los muertos “pueden ser más” que los reportados por las autoridades, y que sólo al hospital de Tumaco llegaron 19 heridos. “Es un balance fuerte, hay dos versiones de los hechos. Estamos esperando” las investigaciones, indicó.

Declaraciones no coincidentes

La protesta estalló la semana pasada, pero recrudeció este jueves. “Los campesinos rechazan la erradicación y, molestos con el gobierno, comenzaron a protestar. Los campesinos denunciaron que la fuerza pública los atacó “con mucha violencia y armas de fuego. Hay muertos y varios heridos”, dijo Diana Mantilla, líder de Asominuma, presente en el lugar.

El ejército y la policía insistieron con su versión de que “las comunidades fueron obligadas a manifestarse” por “un grupo de guerrilleros” de las FARC que “se apartó del proceso de paz”, y que dirige un hombre identificado como “Guacho”. “Ya no sólo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada con el objetivo de proteger la erradicación de los cultivos ilícitos”, expresaron los organismos oficiales.

El sábado tres policías murieron en una emboscada atribuida en principio por la policía a disidentes de las FARC, la guerrilla que este año dejó las armas tras firmar un acuerdo de paz que puso fin a medio siglo de enfrentamiento. Suscrito en noviembre de 2016, el acuerdo prevé que FARC colaboren con los planes oficiales para sustitución de cultivos ilegales que incluyen ayudas económicas para los campesinos que acepten dedicarse a otro tipo de cultivos. Sin embargo, la aplicación del plan viene muy accidentada.

Misión de verificación

Ante el cruce de versiones sobre lo ocurrido este jueves, la gobernación de Nariño convocó a un consejo de seguridad para examinar la situación. El secretario regional de gobierno, Mario Lima, indicó que la fiscalía está al frente del caso para “determinar responsabilidades” y anunció una misión de verificación, que contaría con apoyo internacional, para acompañar la investigación, porque la mayoría de las asociaciones campesinas denuncian al Estado y rechazan su versión de los hechos.

Presionado por EEUU, el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso acabar este año con 100.000 hectáreas se sembrados ilegales en una estrategia que combina sustitución voluntaria y erradicación forzosa, pero que en los últimos meses deriva hacia la segunda modalidad. Entre 2015 y 2016 los cultivos ilegales se dispararon en todo el país 52%, hasta sumar 146.000 hectáreas, y la producción de cocaína pasó de 646 a 866 toneladas, según la ONU.

El gobierno relacionó el aumento de hectáreas con el proceso de paz con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC). Los campesinos, según la versión oficial, se dedicaron a cultivar coca confiados en que podrían recibir luego ayudas del Estado para mejorar la situación de sus explotaciones. Asimismo, Bogotá suspendió la fumigación aérea con glifosato por su carácter nocivo para la salud humana. EEUU, entretanto, amenazó con descalificar a Colombia en la “batalla contra las drogas” ante el aumento del narcotráfico. En tanto, este viernes el presidente Santos dijo que aunque su “prioridad” es que se investiguen los hechos que involucran a la fuerza pública, no cejará en el empeño de que Colombia deje de ser el mayor productor y exportador mundial de cocaína. “Colombia seguirá adelante con su estrategia contra los cultivos ilegales”, aseguró.