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La corrupción, un mal endémico

Las diversas modalidades de corrupción que tienen como común denominador el desvío de fondos públicos tienen un enorme costo para la sociedad. Según una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en países de América Latina se pierde, debido a prácticas corruptas, una cantidad de dinero hasta diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para promover el progreso y el bienestar de las comunidades.

Esto quiere decir que ese desvío de recursos afecta la calidad de vida de ciudadanos que se ven privados de adecuados servicios de salud y de educación, que padecen la falta de construcción o mantenimiento de rutas o que tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda, al agua potable o a una fuente de trabajo digna.

No resulta exagerado decir que la lucha contra la corrupción es clave en la cruzada que se libra contra la pobreza extrema en los países de la región. Llama la atención que en nuestro país no siempre se vinculen las prácticas corruptas con la otra cara de esa misma moneda que son las condiciones de pobreza de amplios sectores de la población que padecen en forma directa la falta de recursos del Estado para atender las necesidades más básicas.

Por eso es fundamental que los ciudadanos reclamen un sistema más transparente que facilite un control eficiente de los recursos públicos; porque con una mayor transparencia habrá más disponibilidades de recursos para destinar a las obras de bien común. Si se tiene en cuenta que, según los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), las únicas jurisdicciones del país donde la pobreza aumentó son las provincias del NEA, es decir Chaco, Formosa y Corrientes y Misiones, entonces este es un asunto que debe preocupar a todos los que vivimos en esta región. Se debe tomar cabal conciencia de que la ausencia de transparencia se traduce siempre en un obstáculo para el desarrollo tanto humano como económico.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó el índice de desarrollo humano (IDH) para conocer la calidad de vida alcanzada por una comunidad a partir de tres variables: la educación, la salud y los ingresos que posibilitan al núcleo familiar alcanzar un nivel de vida digno. El empleo de este sistema de evaluación permite hacer hincapié en la ampliación de las oportunidades de las personas, entendiendo que esto deber ía ser el criterio más importante para evaluar los resultados en materia de desarrollo. En ese sentido, los expertos de la ONU observan con buen criterio que el crecimiento económico es un medio que contribuye a ese proceso, pero no es un objetivo en sí mismo. Desde esta perspectiva la pobreza estructural, entonces, no se explica sólo por los ingresos percibidos, sino también por aquellas carencias nutricionales, educativas y sanitarias que condenan a las personas a vivir en una situación de marginalidad. Pero diferentes manifestaciones de la pobreza no se generan por obra de la naturaleza sino por actos concretos de corrupción que provocan una sangría de recursos públicos. Distintas estudios realizados por organizaciones que promueven la transparencia confirman que cuanto mayor es la corrupción en un país, mayor será la pobreza y menor el desarrollo humano de esa nación. De hecho, los países como Noruega, Suiza, Holanda o Canadá, que encabezan la lista de naciones con mejor desarrollo humano, son también los que son percibidos como más transparentes y menos corruptos.

“La corrupción sustituye el bien común por un interés particular que contamina toda perspectiva general”, escribió el Papa Francisco en el prólogo del libro “Corrosión”, que se publicó este año en Italia, en el que el escritor y filósofo Vittorio V. Alberti resume la extensa entrevista que realizó al cardenal Peter Turkson, responsable de la oficina para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

Este mal endémico que ataca la transparencia en la gestión del Estado demora el desarrollo de las sociedades y de ahí la importancia de promover el control social a través de una participación más activa de los ciudadanos.

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