La discrecionalidad en el reparto de fondos nacionales
El federalismo fiscal no goza de buena salud en la Argentina, y prueba de ello es la vigencia que tiene la vieja práctica política de gobernar con la billetera. Si bien la ley de Coparticipación Federal de impuestos, que creó el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN) establece que ese fondo debe ser destinado a atender ‘situaciones de emergencia y desequilibrios financieros‘ de los gobiernos provinciales, por decisión del poder central la distribución de estos recursos sigue siendo discrecional.
Si para muestra basta un botón, para explicar el funcionamiento del federalismo fiscal en la Argentina puede tomarse como ejemplo el actual reparto de fondos en la provincia de Buenos Aires donde, según un reciente informe de la consultora Analogías, en los primeros siete meses del año el 72,2 por ciento de los recursos provenientes de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron girados a municipios gobernados por Cambiemos, la fuerza política que lidera el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a jefes comunales que aceptaron alinearse con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. De acuerdo a este relevamiento, sólo el 28 por ciento de los recursos se enviaron a municipios administrados por el opositor Frente para la Victoria. No es un secreto que el gobierno nacional promueve esta discrecionalidad en el reparto de fondos en el mayor distrito electoral del país; y no debiera sorprender que esa práctica se extienda en la relación con el resto de las provincias, pese a las promesas lanzadas en campaña respecto a la necesidad de “profundizar el federalismo y en particular el federalismo fiscal”, como aseguró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en una nota concedida a principios del año pasado a la agencia oficial de noticias.
Por si fuera poco, está la demanda que presentó la gobernadora Vidal en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando ante el máximo tribunal la eliminación del tope de 650 millones de pesos del Fondo del Conurbano, una cifra que fue impuesta en 1996. Si prospera el reclamo de la mandataria provincial, que es una pieza clave en el armado electoral del macrismo, la provincia de Buenos Aires obtendría una actualización cercana a los 50.000 millones de pesos, una suma que sin dudas impactaría fuerte en la torta coparticipada y restaría más de 5.000 millones a provincias como el Chaco, debilitando así las autonomías provinciales.
Vale recordar que el Chaco anunció, a través de la Fiscalía de Estado, la decisión de rechazar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cualquier movida que signifique una pérdida de coparticipación, como amenaza en este caso la embestida bonaerense. El fiscal de Estado, Luis Meza, remarcó que el Chaco mantiene su postura de rechazar que el reclamo de Buenos Aires, para actualizar el Fondo del Conurbano, se realice con aporte de las provincias, señalando que si esa iniciativa avanza va a significar 5.122 millones de pesos que va a perder el Chaco, esto es más de dos veces y media lo que demanda el pago de haberes que debe hacer la provincia en forma mensual.
Volviendo al informe de la consultora Analogías, sobre la discrecionalidad en el reparto de fondos en la provincia de Buenos Aires, el trabajo confirma que en todos los casos los municipios bonaerenses beneficiados por los aportes son gobernados por referentes de Cambiemos o agrupaciones vecinales afines. ¿Será este el modelo de ‘federalismo fiscal‘ que promueve el oficialismo en la Nación? El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, fue sincero cuando —antes de que se celebraran las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias— reconoció que su distrito recibía un trato preferencial de parte de los gobiernos bonaerense y nacional a la hora del reparto de fondos. “Mar del Plata es la cabecera de la Quinta Sección electoral. Es el segundo padrón después de La Matanza. Cambiemos tiene que ganar en Mar del Plata, tiene que andar bien acá”, dijo el jefe comunal.
Por último, es importante recordar que el reclamo de equidad en la coparticipación fiscal y el aumento en el reparto de la misma que hacen las provincias encuentra fundamento en el hecho de que las jurisdicciones provinciales tienen mayor responsabilidad de gastos porque en ellas recae la responsabilidad de las funciones básicas del Estado: salud, educación y seguridad.
