Es la justicia la que debe autorizar la intervención policial para evitar cortes calles y rutas, plantea Nievas
El ministro de Seguridad, Martín Nievas, dijo ayer que ante manifestaciones en la vía pública “se actúa de acuerdo a un protocolo ratificado por ley” y que “es la justicia la que debe autorizar” la acción policial para dispersar manifestantes o que abandonen calles o rutas cuando se impide el libre tránsito.
En declaraciones a FM Universidad, con este fundamento dijo que se pidió una reunión con el Poder Judicial para “plantear con ellos un esquema de intervención conjunta en el que pueden intervenir y autorizar que las fuerzas de seguridad lleven adelante el ejercicio de este derecho”.
No oculto el funcionario que “hay cuestiones que están atadas a la situación que vive el país y la provincia no es ajena en cuanto al reclamo de beneficios sociales y hay veces que no contamos con recursos para satisfacer las demandas como se atendían anteriormente”.
El hartazgo
Nievas admitió que hay un “hartazgo” porque quienes quieren transitar no pueden hacerlo porque hay cortes de calles en el centro de la ciudad y a veces en rutas mientras que los comerciantes y empresarios se perjudican porque los clientes no pueden llegar a los establecimientos y cree que también es conveniente avanzar sobre la necesidad de establecer un código de convivencia “porque en definitiva se trata de esta situación”.
“Este combo que, por supuesto preocupa, expresa el hartazgo que existe y el daño económico en comerciantes y empresarios porque ven que el nivel de actividad baja considerablemente que sumado a la situación económica hace un combo que nadie quiere”, añadió.
Luego apuntó que en el caso de los movimientos sociales que tras dialogar con las autoridades “aunque se les brinde soluciones parciales, porque no siempre se pueden satisfacer todas las necesidades, lo primero que no deberían hacer es ir a cortar calles o rutas porque no es la mejor manera que tenemos para relacionarnos actuar así”.
El ministro remarcó que la policía “actúa ante hechos que significarían flagrancia” e insistió en “considerar que impedir la normal circulación configura un hecho delictivo pero la configuración de que eso sea así depende de la justicia”.
“Cuando le planteamos a la justicia la posibilidad de que dicte un oficio en el sentido de que autorice a la fuerza policial a llevar adelante esto normalmente no es que haya reciprocidad y en la sociedad se piensa que “la culpa” es de las fuerzas de seguridad”, acotó.
Por ello sostuvo que “como se planteó a la Cámara de Comercio es la justicia la que se debe ajustar a esta necesidad de colaboración” y que “debe entenderse que en la provincia el gobernador Peppo nunca cerró las puertas del diálogo y que por ahí no se pueden tener todas las respuestas pero a todos se atiende siempre”.
