Alto costo financiero de tarjetas de crédito
El uso de las tarjetas de crédito como alternativa para llegar a fin de mes se ha convertido en una trampa para muchos consumidores que, en muchos casos, también apelan a préstamos personales para cubrir pesadas deudas. De ahí que genere gran expectativa la nueva ley que regula el empleo de estos plásticos, que deberá tratarse en el Senado antes de fin de mes.
Todo indica que este martes continuarán las negociaciones en la Ciudad de Buenos Aires entre los representantes de la Secretaría de Comercio de la Nación con directivos del Banco Central de la República Argentina, senadores de la oposición y del oficialismo para acordar algunas modificaciones que se quieren introducir en la nueva ley de tarjetas de crédito.
Se estima que en todo el país el monto de las deudas contraídas por los consumidores con las tarjetas de crédito y por préstamos personales ronda los 30.000 millones de dólares, lo que confirma la preocupación que existe en distintos sectores ante este problema. El Chaco también manifestó su intranquilidad a través de un pedido que se elevó en marzo pasado a la Nación con respecto a la Ley Nº 25.065 de tarjetas de crédito, para rever sus costos financieros que afectan directamente a la relación consumo-empleo y el blanqueo laboral. Cabe aclarar que ese reclamo fue planteado en un trabajo conjunto del gobierno provincial, miembros de la CGT, de la Cámara de Comercio, de la Unión Industrial del Chaco y legisladores provinciales que elaboraron un documento para reclamar al gobierno nacional por la protección del mercado interno, la industria nacional y en consecuencia la defensa de las fuentes de trabajo.
El presidente de la comisión de Industria y Comercio del Senado e impulsor de la nueva Ley de Tarjetas, el legislador Alfredo Luenzo, considera que no es viable la gradualidad de los cuatro años para la baja de las comisiones que cobran las tarjetas por lo que plantea la necesidad de que la reducción sea inmediata.
Desde la Secretaría de Comercio de la Nación, en cambio, sostienen que una reducción de aranceles con la modalidad que plantea el legislador complicará el ingreso de nuevos competidores al mercado. La cuestión es saber si la balanza se inclinará para el lado de los consumidores o beneficiará a las operadoras, o lo que es más difícil lograr un equilibrio entre unos y otros. Debe observarse que para quienes pagan el importe mínimo de la deuda hoy el financiamiento tiene una tasa del 25 por ciento, es decir más alta de lo que se cobra por un préstamo personal, lo que revela la distorsión que existe y el enorme peso que representa para el bolsillo de los consumidores.
No menos importante es que el nuevo marco normativo también contemple la actividad de los comercios que hoy reciben los pagos en teoría a los 18 días hábiles, pero en la práctica se estira hasta un mes. El oficialismo, en tanto, propone introducir algunas modificaciones a la ley, como hizo cuando se sancionó la que ya tiene media sanción de la Cámara Baja, y plantea concretamente que debe haber una gradualidad en la baja de los aranceles, tal como lo señaló la senadora de Córdoba por el oficialismo Laura Rodríguez Machado, partidaria de que sea la “mano invisible” del mercado la que haga bajar las tasas de aranceles incluso más rápido de lo que propone el proyecto inicial. Fiel a los principios del libre mercado, la legisladora considera que las tasas que se cobran por comisiones bajarán más rápido si se deja que actúe la competencia entre las distintas empresas, ya que -según su perspectiva- todas estarán interesadas en seducir a más clientes con porcentajes más bajos.
En teoría, la propuesta suena razonable, pero lo que enseñan los libros muchas veces choca con la dura realidad de la economía argentina. ¿Qué es lo más conveniente entonces para los consumidores? ¿Que el Congreso regule el tope de la tasa de aranceles a través de una ley o que se imponga el dejar hacer, dejar pasar que postulan los entusiastas de una completa libertad en la economía? Es de esperar que, finalmente, cuando se trate este asunto en el Senado, los legisladores logren mantener un razonable equilibrio teniendo en cuenta los intereses de todos los actores de este sistema, es decir usuarios, comerciantes, las empresas y el Estado a fin de generar las condiciones para que las tarjetas sean una herramienta para el crédito que permita dinamizar la economía y no una trampa para los consumidores.
