Entre Secheep y Aranguren: que el último apague la luz
Se asegura que fue un dirigente de Luz y Fuerza de Sáenz Peña quien le acercó a Carim Peche datos sobre los créditos que la distribuidora mayorista Cammesa le asignó a Secheep y así la información fue a parar a manos de Sergio López, presidente de la Federación Económica, que de regreso de China se sumó a la última reunión de la central empresaria que en su momento tuvo la presencia y participación en el debate de legisladores nacionales y provinciales. Aquel dirigente de la ciudad termal, se dice, cuestiona directamente al presidente de Secheep, Miguel Tayara, técnico de carrera en la empresa y al que el gobernador ratificó su apoyo con esta respuesta al hostigador eléctrico: “Presentáte a elecciones, ganá y elegí a quien conducirá la empresa”.
Pero en definitiva las acreditaciones del ministerio de Aranguren -el mismo al que la manifestación de ayer también reprochó que desconozca al gasoducto del noreste y se lavara las manos invocando una concesión de Menem a la desconocida empresa Gas Nea, como responsable de las redes distribuidoras- y el criterio de Secheep de mantener sus facturaciones sin informar de esa alternativa, sujeta todavía a una definición judicial, como debió hacerlo oportuna y ampliamente, dejando una brecha para que los diputados radicales la acusaran de haber escondido y mentido sobre esa situación. (En verdad, nos decían ayer, es llamativa la aparición de diputados que acusan y otros oficialistas que defienden, cuando ninguno de ellos se interesó en participar de las audiencias públicas sobre la tarifa energética).
Los créditos judiciales
El proceso judicial promovido por el defensor del Pueblo chaqueño logró una medida cautelar sobre la facturación mayorista, pero Secheep no fue notificada del fallo sino de la notas de crédito que Cammesa habilitó desde enero del corriente año, pero sin precisar el mecanismo de devolución de los importes correspondientes. Secheep asegura que Cammesa le facturó durante todo el año 2016 en base a la resolución 6/2016 del ministerio de Aranguren con el aumento del precio mayorista de 68 a 320 pesos por cada Mwh. Sin embargo, la información ofrecida a la Fechaco aclara que desde la vigencia de la medida cautelar la empresa provincial volvió a los 68 pesos y, por supuesto, reclamaron la transferencia a los usuarios de esa diferencia.
Caída de la tarifa social
El talón de Aquiles de este forcejeo energético, matizado ahora por el clima electoral, consiste en que la medida cautelar obliga al ministerio nacional a retrotraer precios mayoristas a los precios fijados en 2012 y, de hecho, implica la eliminación de la tarifa social creada por aquella resolución. ¿Cuál es, entonces, el impacto en la masa de usuarios chaqueños? Suman 130.000 los que reciben los beneficios de la tarifa social que implica no pagar nada hasta el consumo de 300 kilovatios por mes y recién hacerlo por encima de ese límite.
Este es el punto que advirtió el defensor del Pueblo, que presentó dos amparos invocando la inconstitucionalidad de los aumentos, porque la caída de la tarifa social está enganchada y seguramente formará parte de la evaluación que haga la jueza Niremperger (confirmada en el Juzgado Federal Nº 1) en la audiencia del 6 de junio que no se adelantará a pesar del pedido formal de los abogados de Secheep. La aparición del gobernador en el primer plano abarcó primero frenar la facturación de mayo, eliminar el costo de reconexión y analizar la situación en detalles con los dirigentes empresarios en una audiencia donde insistió en que “Secheep no se quedará con ningún recurso que no le corresponde”.
(Peppo hizo diversas consultas enterándose de la apelación de Cammesa, que de prosperar puede transformar el crédito en débito, pero chequeó que no son pocas las distribuidoras con los mismos aprietos. La DPEC de Corrientes es una de ellas, en un proceso electoral recalentado pues la vecina provincia deberá renovar su gobernador, con riesgo de una derrota para el aliado del PRO).
El endeudamiento de Secheep con Cammesa al 31 de enero de este año llegó a 792 millones, pero esa suma se congeló a la espera de un acuerdo de la Nación con todas las distribuidoras. Los vencimientos entre agosto de 2016 y enero de 2017 sumaron 491 millones financiados en 30 cuotas mensuales y consecutivas desde el 20 de abril. (Al respecto, la primera cuota abonada de 19.506.920 pesos). El manifiesto de ayer, del que se espera que el presidente Macri tome conocimiento de todos sus matices, no excluye el problema del tarizafo eléctrico (805% de las compras mayoristas de los últimos 15 meses) y el impacto que se produjo en todos los niveles de los usuarios, especialmente las pymes del comercio y la industria que no saben cómo salir del laberinto de costos aumentados, una presión impositiva asfixiante y alto riesgo laboral, mientras la economía no se reactiva, no se recupera, la coparticipación federal se debilita y las regiones marginales están pagando costos agravados por sus desventuras climáticas.
La responsabilidad fiscal
Todas las circunstancias conocidas, y también la obligación de mantener una relación con la Casa Rosada que no perturbe por alguna zancadilla partidaria la reanudación del 35% pendiente de la megaobra del segundo acueducto, obligan al gobierno de Peppo a ejercer la responsabilidad fiscal con la mayor prudencia. Ni siquiera por la movida electoral, con las primarias convocadas para el próximo domingo. Ese es el motivo de que las negociaciones con los sindicatos estatales evitarán especulaciones con alguna disponibilidad del crédito público autorizado hasta 4.900 millones de pesos y que se tomará por etapas en la primera quincena de junio operando en el mercado interno cuyas tasas no son, precisamente, de beneficencia.
Nadie podrá imaginar que aun en campaña se tirará manteca al techo y existe una referencia fundamental, por si hace falta actualizar el marco de la situación del país, en el nivel de endeudamiento al que llega el gobierno nacional, cuya gestión acumula un rojo del 71% en un año y un déficit financiero de 40.012 millones.
No es un secreto que las dos empresas fundamentales en los servicios de electricidad y agua tienen que alcanzar la meta de ser superavitarias y no depender de la asistencia de la caja provincial para cancelar sus sueldos. No será, por supuesto, sacando conejos de la galera.
La premisa de resolver defectos de gestión de arrastre forma parte del realismo tarifario que Peppo está asumiendo para preservar el nivel de flotación de todo el enorme aparato estatal.
La clave es aceitar muy bien los mecanismos de gestión y especialmente los actos reflejos de una información oportuna y bien fundamentada ante la comunidad de usuarios.
Pero el marco también procede de esos aspectos constitucionales que jaquearon el ajuste energético que mantuvo el desnivel entre las tarifas que se pagan en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y en regiones como la nuestra, donde el maltrato centralista es como un derrape.
Nos hace sentir más lejos que nunca de Buenos Aires, en un retroceso federalista que habla por sí mismo.
Resistencia será sustentable si rescata al río Negro
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, lanzará mañana el programa “Ciudades Sustentables” con una amplia convocatoria, se anuncia, de intendentes de todo el país con la premisa de preservar la calidad ambiental. Esto coincide con el propuesta conjunta del gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura y de la UNNE, con su Facultad de Arquitectura, para lanzarse a un abordaje integral y confiamos que definitorio, sin olvidar antecedentes de fracasos en otros intentos y la desidia compartida en someter a esa vía de agua, también de enorme valor histórico, a los desmanes ambientales que terminaron por asignarle el vergonzoso destino de un Riachuelo irrecuperable para Buenos Aires.
El ministro Echezarreta estableció el marco “de dique a dique”, refiriéndose a fronteras desde Barranqueras a Laguna Blanca, pero sabe muy bien que habrá que avanzar, por ejemplo, si más arriba de esta segunda presa derivadora hacia el Salado, hoy colmatada, no existen antiguos excesos como la descarga de alguna taninera y otros que pueden relevarse con facilidad. La primera ronda, con elevada concurrencia y amplia participación, certificó que no es una cuestión menor y que mucha gente cree que se trata de pelear la última oportunidad de salvataje de ese río donde no pocos de los preocupados llegaron a bañarse frente al Club Regatas, para hablar de los últimos tiempos y en la actualidad los espanta la contaminación de sus aguas.
El respaldo del Consejo Federal de Inversiones a los estudios seguramente aportará una tomografía computada que la tienen elaborada los propios chaqueños, inclusive con batallas judiciales por el avance sobre la línea de ribera que es clave del desafío: pisar callos de construcciones de dudosa habilitación desatará una batalla de intereses en defensa de inversiones ya consumadas y en apogeo.
Solo el aporte de la Administración Provincial del Agua titulado “Río Negro y la ciudad” pone barbas en remojo, más aún con esta encrucijada climática que somete al Gran Resistencia y a todo el interior a una continuidad de lluvias de efectos demoledores en diversos frentes de daños en caminos, cultivos, obras públicas, etcétera. Pero en ese aporte que arranca con las dramáticas imágenes de la rotura del dique de Barranqueras en julio de 1982 y va marcando etapas de las complicaciones acumuladas, concluye con recomendaciones que abarcan estos puntos: 1) Blanquear el dominio público del agua; 2) Relocalizar asentamientos ubicados en áreas inundables; 3) Generar planes directores de desagües pluviales (no olvidar que el desafío incluye a siete municipios); 4) Urbanizaciones en sitios de menor riesgo hídrico; 5) Construcción de defensas y desagües en los barrios Miranda Gallino, Villa Río Negro, La Isla y Barrio Timbó; 6) Resolver el tema de los residuos y de la contaminación; 7) Más parques y costaneras: Parque lacustre Río Negro en vez de urbanizaciones; 8) Código de planeamiento urbano para Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Tirol y Laguna Blanca; 9) Unificar criterios para que todos los organismos involucrados asuman una posición homogénea y una gestión activa en una cuestión ambiental de tanta trascendencia.
Se anticipa que en dos meses se formulará una nueva convocatoria y, seguramente, entonces tendrán que madurar decisiones sobre un patrimonio tan valioso como el río Negro, sin el cual no habrá sustentabilidad ambiental.
