Pujas políticas en el Consejo Nacional de la Magistratura
El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, que declara la inconstitucionalidad del artículo quinto de la ley 26.080, que eliminó la obligatoriedad de ser abogado como requisito para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, puso en un primer plano las tensiones políticas que se viven en el seno de ese órgano permanente del Poder Judicial de la Nación.
La decisión de Lavié Pico afecta en forma directa al senador por San Juan, Ruperto Godoy (PJ-FpV), que no es abogado y por lo tanto quedaría fuera del Consejo si se confirma el fallo del magistrado, que ordenó su separación. El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ aseguró que detrás de este episodio se esconde una maniobra del oficialismo para desplazar al senador sanjuanino de modo tal que no pueda participar del plenario del Consejo que se celebrará la próxima semana. De esa manera, afirman en el bloque del FpV-PJ, el oficialismo busca garantizarse los dos tercios necesarios para lograr su objetivo principal: iniciar un juicio político y desplazar al titular de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Freiler. El diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade, fue más allá y apuntó contra el legislador macrista y consejero, Pablo Tonelli, a quien señala como promotor de la movida para quitar al senador Godoy del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, Tailhade dijo que desde hace varios meses Tonelli viene realizando “operaciones” para conseguir la mayoría de 9 votos, sobre un total de 13, en el Consejo y como no logró ese objetivo ahora se propone que en la próxima sesión haya 12 consejeros y que el oficialismo tenga asegurado 8 votos. Por su parte, el presidente del bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde, aseguró que el desplazamiento del sanjuanino Godoy genera una situación de “inseguridad jurídica” al violar el artículo 14 de la Constitución Nacional, y consideró que todas estas movidas se enmarcan en un intento del gobierno del presidente Mauricio Macri para garantizarse un “poder hegemónico” sobre la Justicia.
Por su parte, el senador Godoy apeló el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo, Enrique Lavié Pico, y solicitó un “efecto suspensivo”. En su apelación, el legislador sanjuanino también sostiene que el fallo encubre una maniobra del oficialismo para avanzar con el jury contra el camarista federal, Eduardo Freiler. En tanto, este lunes la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se reunirá para poner a consideración el dictamen de Tonelli en el que pide la suspensión de Freiler y, frente a este escenario, desde el bloque del FpV-PJ remarcan que el fallo que pone en duda la continuidad de Godoy en el Consejo de la Magistratura establece un doble estándar respecto de lo que sucedió con el caso de Laura Alonso, quien pudo asumir en la Oficina Anticorrupción gracias a un decreto del presidente Macri que eliminó la obligación de ser abogado para ocupar ese cargo.
Las pujas políticas en el Consejo Nacional de la Magistratura se intensifican en momentos en los que en el NEA se espera que ese órgano se expida sobre los tribunales vacantes en el Chaco y Formosa. En ese sentido, cabe recordar que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, José Luis Alberto Aguilar, planteó la necesidad de acelerar los nombramientos de los magistrados federales que deben desempeñar tareas en nuestra región, tras recordar que en el caso de la provincia de Formosa, por ejemplo, no se puede argumentar que la demora esté relacionado con el concurso porque, en rigor, ya está la terna de jueces. Aguilar también se refirió a la nueva Asociación de Jueces Federales, que se puso en marcha hace pocos días en una reunión en la que estuvo presente la confirmada jueza federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, y desmintió que ese nuevo espacio tenga como objetivo instruir en el país una causa similar a la denominada Lava Jato que sacudió los cimientos políticos de Brasil.
Es de esperar que las tensiones en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura se mantengan dentro de los carriles institucionales y que el surgimiento de la nueva agrupación que representa a magistrados federales de todo el país contribuya a fortalecer la independencia del Poder Judicial de la Nación y de los jueces que tienen en sus manos importantes causas que podrían incomodar al poder político.
