El Chaco emite señales de unidad ante las adicciones, el enemigo que avanza

Es obvio que cayó en el olvido aquello de que el Chaco solamente era una provincia de paso y que los cargamentos de narcóticos viajaban por nuestras rutas, nuestro Paraná y nuestro espacio aéreo sin hacer un alto para abastecer a una gran población de adictos locales que hoy ya no se puede esconder, con una comercialización que moviliza sumas como aquellas que saltaron con la causa “Carbón Blanco”, aún no cerrada y donde a pesar del empeño de las fuerzas federales combinado con la legislación provincial que incorporó la represión del narcomenudeo, es nítida evidencia que se mantienen a salvo los mayoristas y/o distribuidores, excepto lo que se descubrió en Itatí con el protagonismo de un juez federal de Buenos Aires y una fuerte contaminación ambiental de complicidades en el orden correntino y con los imperturbables vecinos paraguayos. 

Emergencia nacional

Recordemos que a fines del año pasado el presidente Macri declaró la “emergencia nacional en materia de adicciones” con vencimiento el 31 de diciembre de 2018, aunque la Iglesia Católica ya acudió al Congreso para que esta decisión se prolongue durante cinco años con evidencias como las aportadas por las investigaciones de la UCA, subrayando que en los últimos cinco años se produjo un abuso de sustancias ilegales por parte de los jóvenes. La Iglesia adjudica a la ausencia del Estado gran parte de la responsabilidad y el organismo específico, la Sedronar, creada en 1984 (que llegó a conducir desde el 2014 el sacerdote Juan Carlos Molina de actuación en el Chaco con la Fundación Baldocco en Comandancia Frias y General Vedia) sostiene que el país atraviesa el peor momento de su historia en materia del consumo de estupefacientes.

Los adictos a la marihuana y el alcohol, según la UCA, han venido creciendo sostenidamente en las preferencias de quienes tienen entre 17 y 25 años, viviendo en asentamientos urbanos que son las franjas de mayor vulnerabilidad social.

Con la guardia levantada

El foro del Hombre Libre, agrupación interreligiosa y abierta a todos los sectores sociales y políticos, es un satélite de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz que a su vez viene recibiendo el impulso que el arzobispo Ramón Dus, junto con diversos pastores evangélicos y la comunidad judía, quiere darle a un trabajo que involucrará también a la Universidad Nacional del Noreste y al que se sumará además la UTN, donde todos queden comprometidos en prevenir las adicciones.

Acaba de concluir el cuarto encuentro de capacitación de agentes sociales, donde el primer capítulo se concentró en la familia y la sociedad, el segundo, en la filosofía y la prevención; el tercero abarcó las artes y deportes con la misma relación y el cuarto profundizó sobre neurología y la capacidad cognitiva del adolescente. De lo que se trata es de detectar y prevenir las diversas formas que pueden adquirir las adicciones, con referencias alarmantes en maniobras estimulantes que han llegado a chicos de 8 y 6 años, aunque cueste creerlo.

Este intento no podía tener otro eje que la familia, aun con los matices de su constitución actual con ensamblamientos de hasta difícil armonización, pero advirtiendo sobre la influencia del entramado doméstico, mediático, social y cultural sobre la disposición de evadir la realidad circundante por medio de adicciones.

La participación de directivos de establecimientos de educación secundaria y también docentes contempló la necesidad de generar autoestima en los adolescentes y en forjar una identidad responsable que los encamine a una convivencia tan responsable como pacífica. Y, por supuesto, ante la generación Ni Ni que también es parte de nuestra sociedad y la deserción escolar arraigada, el empeño estará puesto en la inserción de jóvenes y adolescentes en el sistema institucional de educación formal.

En el frente oficial

La Cámara de Diputados votó la ley 8.012 impulsada por el Poder Ejecutivo que estableció un sistema control obligatorio de examen toxicológico abarcando a todos los efectivos policiales de la provincia en lo que al consumo de sustancias sicoactivas se refiere. La iniciativa llevará a que ese control se amplíe abarcando a funcionarios gubernamentales desde el nivel de subsecretarios, secretario, ministros y el binomio del Ejecutivo, sin excluir a los propios integrantes de la Legislatura.

También se ha creado una unidad de enlace de consumos problemáticos en el área de la Secretaría General de Gobierno, que ha desplegado un amplio y complejo trabajo de capacitación.

Pero las autoridades saben que debe acometerse como primera dimensión un enganche con la currícula escolar para abordar, aun desde el nivel inicial, la contención de todas las alternativas que inducen al consumo. Aquí el enlace con los padres, parte esencial de la comunidad educativa, será una vía ideal para el fomento de actividades saludables y en la mirada profunda para detectar tendencias de aislamiento y abandono.

Hay otras manifestaciones sociales, como una reciente en General San Martín y estructuras armadas por comunidades de toda la provincia, donde madura la reacción y la resistencia ante la reiteración de imágenes desgarrantes de salidas de boliches, borracheras de las “previas” y los rehenes de la droga, que son un dolor de cabeza, casi incurable, para encontrar alternativas de rehabilitación en el tiempo.

Siete millones en riesgo

La Organización Mundial de la Salud metió mano en la cruda realidad argentina instando a mejorar la calidad de vida y la salud de 7.000.000 de adolescentes tomando una franja, que oscila entre los 10 y 19 años. Hubo advertencias delicadas sobre la inclusión en el mapa de riesgos de una corriente de suicidios protagonizada por quienes sienten que tienen el futuro clausurado. Ni hablar de lesiones, violencia, los embarazos adolescentes, donde hay casos de precocidad y también de trata de personas y de crímenes que superan todo lo conocido y esperado. También se asocia la tentación de Internet, donde los expertos aseguran que hay más de 200.000 sitios en español que explican paso a paso cómo no fallar en conductas autodestructivas.

La realidad muestra, dolorosamente, que están al alcance de la mano las bebidas energizantes, el alcohol, el tabaco, la marihuana y los sicofármacos sin indicación médica, que son los que más se consumen, pero los mayores de 17 años se inclinan también por la cocaína y los sedantes, por supuesto sin receta.

Este diario ya se hizo eco de estadísticas donde el noreste figura como una región donde los consumos en esos rubros continúan aumentando y haciendo estragos.

Y es obvio que la drogadicción tiene estrecha relación con el delito: el Gran Resistencia, asediada por motochorros descontrolados y peligrosísimos que no conocen límites ni de personas ni de vidas para consumar un arrebato, también registra la relación de éstos con el sistema penal.

La “puerta giratoria” los habilita para entrar y salir, a veces con pocas horas disponibles pero útiles para matar como ocurrió en dos asesinatos para robar que conmovieron en indignaron a Sáenz Peña por una cosmetóloga apuñalada y a Quitilipi por un comerciante baleado.

Los intentos que asoman en la reacción y en la autodefensa social en esta provincia deben ser acompañados ensanchando su campo de acción y comprendiendo que si la prevención es la única alternativa, hay que agotar la comprensión y el esfuerzo antes de que sea demasiado tarde y este riesgo atrape a más jóvenes y llegue a tentar a los más chicos como ya se ha detectado.

La periodista mexicana Cecilia González, en su libro donde retrata el poderío casi incalculable de recursos del imperio mundial del narcotráfico, incluye un reproche que nos alcanza: “La impunidad política, la corrupción policial y el fracaso de la guerra mundial contra las drogas impulsaron el aumento del narcotráfico y el consumo de drogas en la Argentina”.

Foro especial de la Justicia

Desde el 18 de agosto del 2015 funciona el Foro Especial de Microtráfico, con fiscales de investigación que tienen competencia en toda la provincia (los casos de mayor envergadura corresponden al fuero federal).

Es interesante apreciar que un cuadro de georreferenciación muestra sobre 772 hechos, el mayor caudal en el Gran Resistencia y Sáenz Peña, pero el narcomenudeo fue detectado en todos los rincones chaqueños. Las estadísticas brindadas a NORTE son amplias, pero tomando solo el año 2016 hubo en una fiscalía un total de 395 registraciones ingresadas y otras 197 en trámite. La segunda fiscalía tuvo 411 ingresos y 179 en trámite.

El último resumen acusa en una fiscalía 530 expedientes ingresados y 198 en trámite. En la otra 560 y 179, respectivamente. Los imputables detenidos en una fiscalía fueron 164 y en la otra 121, mientras que la declaración de imputados sumó 390 en un ámbito y 270 en el otro.

Los requerimientos de elevación a juicio, en definitiva, fueron 39 y 80, respectivamente, cerrando el panorama del intenso trabajo de los fiscales de narcomenudeo durante 2016.

Jaque a la caja de la provincia: ¿los abogados la defendieron bien?

Es verdad que los jaques judiciales a la caja provincial no se detienen, como se verificó esta semana en el anuncio de diputadas radicales que una jueza ordenó a Sameep dar marcha atrás con su cuadro tarifario por el servicio de agua (lo que fue una primicia porque la empresa provincial hasta ayer no había sido notificada del fallo) y, como si fuera poco, una cámara que integra el exsecretario general de la Gobernación durante la gestión de Roy Nikisch hizo lugar a un reclamo de 123 jubilados de la Dirección de Rentas (hoy ATP) por beneficios impagos por parte del Insssep que llevaron a una liquidación que redondea 400 millones de pesos. Ni hablar de la indignación del gobernador cuando se enteró de esta nueva estocada judicial teniendo en cuenta, lo dijo sin tapujos, que el origen se dio en 1997 en el primer mandato del actual senador Ángel Rozas.

El fiscal de Estado, Luis Meza, fue el vocero del malestar oficial que no se limitará a una apelación que revise liquidaciones de gran generosidad en cada caso, sino que abrió el paraguas de otra demanda, conocida como el caso “Alonso Martina”, referida a los sueldos de los magistrados y su intangibilidad, que se vislumbra como otro impacto desequilibrante para la complicada situación fiscal de la provincia.

No solamente se está rebobinando sobre las responsabilidades y deberes de funcionarios públicos que dejaron mucho que desear en el origen y el seguimiento de los casos, formulando una interpelación amplia sobre el nutrido caudal de abogados que figuran en los planteles del Estado provincial, como ocurre con las decenas de profesionales que actúan hace tiempo en la propia Fiscalía de Estado.

Es saludable que el fiscal Meza haya puesto el dedo en el ventilador al acusar de desidia en un planteo ante la opinión ciudadana donde sobresale algún criterio corporativo donde proteger los intereses del Estado provincial importa menos que el libre ejercicio de la profesión en los estudios jurídicos que cimentan la litigiosidad, como sigue ocurriendo con la industria de la demandas laborales.

¿Acaso hay que litigar contra un Estado bobo que se defiende mal, que patea pelotas hacia adelante y deja pasar 25 años por una acordada del Superior Tribunal cuyo costo afrontó la gestión de Peppo colocando deuda en el exterior y adoptando la decisión política de que la única integrante sobreviviente de aquel cuerpo rinda cuentas en un juicio político que avanza?

¿Cómo pasaron 20 años sin resolver ese reclamo de 123 jubilados del Insssep cuyo sistema acusa un déficit que enjugó con fuertes sumas en los últimos seis años la tesorería provincial?

¿Puede el Poder Judicial insistir con urgencia en el refuerzo presupuestario ante el Poder Ejecutivo cuando desde sus tribunales le disparan misiles desestabilizantes en medio de una situación nacional que, lejos de reactivar la economía, está mostrando el debilitamiento de la coparticipación federal?

Es probable que la reacción corporativa muestre sus dientes y sus apetencias amparadas por derechos adquiridos ante las expresiones y decisiones de contragolpe que iniciará la Fiscalía de Estado identificando responsabilidades que los archivos registran. Pero como telón de fondo aparece un amparo sorprendente e intocable: el Chaco queda como Santa Cruz, con la condición de únicas provincias sin colegiación obligatoria de abogados y, por supuesto, la habilitación de tribunales propios de juzgamiento de la ética profesional.

Si se sigue acosando a un Estado bobo pensando que es un barril sin fondo, incurriremos en un desborde de ambiciones que nos empujará al abismo al millón de chaqueños -porque el Estado somos todos, no el gobernador de turno- que merece salir al cruce de estas atropelladas, que hasta tienen su especulación electoral batiendo el parche en el caso de Sameep, pero no en el del Insssep.

Por último, ¿cuántos juicios de responsabilidad por violación de los deberes de funcionarios públicos registran los archivos?