El rechazo que recorrió el país ante un fallo delicado
El insólito fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a un represor condenado por delitos de lesa humanidad recibió un repudio generalizado de la ciudadanía, tanto en la provincia del Chaco como en todo el país. A su vez, la rápida reacción sin precedentes del Congreso Nacional puso freno a una controvertida sentencia que podía empujar al país a una delicada situación institucional.
La magnitud de la reacción contra la sentencia que votaron en mayoría los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en el caso que favoreció al represor Luis Muiña, involucrado en la desaparición de personas del Hospital Posadas durante la última dictadura cívico militar, no deja lugar a dudas sobre la clara decisión de la sociedad argentina de “fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia”, como señaló en su histórico alegato en el juicio a las juntas militares el entonces fiscal César Strassera, también recordado por la frase: “señores jueces, nunca más”.
Al opinar sobre la posibilidad de aplicar en forma retroactiva una ley penal más benigna en caso de crímenes cometidos durante la última dictadura, distintos juristas coincidieron en señalar que, en rigor, los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante tras el regreso de la democracia en nuestro país no fueron juicios excepcionales, sino realizados en el marco de leyes penales y procesales ordinarias y llevadas a cabo por jueces naturales. En ese sentido, la Argentina logró cristalizar, desde el punto de vista jurídico, un proceso que no registraba precedentes en todo el mundo, lo que confirma la legitimidad de las sentencias dictadas oportunamente.
El ex ministro de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, al ser consultado sobre el fallo del máximo tribunal, observó que en cualquier delito, ya sea ordinario o de lesa humanidad, si hubiese que aplicar una ley penal más benigna o no aplicar una ley posterior más gravosa habría que hacerlo, ya que así lo ordena la Constitución Nacional. Sin embargo, aclaró que “la única diferencia es que en los crímenes de lesa humanidad ese criterio no puede traducirse en impunidad ni encubrir una amnistía, un indulto o una conmutación”, dado que esa posibilidad está expresamente prohibida por el derecho internacional establecido en tratados que obligan a la Argentina y que están incorporados a la propia Carta Magna. Zaffaroni sostiene que, desde el punto de vista técnico, en la causa “Muiña” sobre la que se pronunció la sentencia del máximo tribunal y que desató un fuerte rechazo de la sociedad, “ni siquiera se trata de retroactividad ni de ultra-actividad de una ley penal más benigna, y no lo sería ni en un delito de lesa humanidad ni en un delito común”. Según el ex ministro de la Corte, se pretendió aplicar una ley más benigna cuando no se daba el presupuesto para su aplicación.
Pero más allá de las cuestiones estrictamente técnicas, que son relevantes por supuesto, merece destacarse la inmediata reacción del Congreso Nacional para impedir que otros condenados por crímenes de lesa humanidad puedan acceder al beneficio del dos por uno en el cómputo de la pena. En un hecho que registra pocos precedentes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un texto consensuado entre el oficialismo y la oposición para limitar el beneficio, que logró 212 votos a favor y sólo uno en contra, el del legislador salteño Alfredo Olmedo. Apenas 24 horas después, el Senado dio luz verde a la norma y la sancionó por unanimidad y, a renglón seguido, el Ejecutivo nacional promulgó la ley. La inesperada sentencia de la Corte puso de relieve que hay cuestiones fundamentales en la Nación en las que no se debe dar marcha atrás; y que el consenso demostrado esta semana por la ciudadanía tiene que estar acompañado siempre de un decidido respaldo de las instituciones de la República como, afortunadamente, ha ocurrido.
