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Respaldo de la Red Federal de Familias a profesional sancionada

El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe difundió el 26 de abril un comunicado haciendo saber la sanción de apercibimiento público y suspensión de la matrícula por seis meses, impuesta a la licenciada María Belén Catalano, voluntaria de la ONG Grávida.

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El Tribunal consideró que al asistir y acompañar a una menor de edad embarazada a causa de una violación y a su familia, explicándoles que la interrupción del embarazo implicaba la muerte del niño por nacer y otros riesgos para la salud física y psicológica de la niña gestante, habría interferido en el “tratamiento” que, para inducir a esa práctica, se llevaba a cabo por un equipo interdisciplinario del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.

Según se supo por declaraciones radiales formuladas por la licenciada Mónica Neil, presidente del Colegio sancionador, la causa invocada para castigar a la profesional habría sido su intervención profesional considerada antiética, al obrar de acuerdo a “sus propias convicciones” e interferir en el “tratamiento” inductor al aborto que estaba llevando a cabo el equipo interdisciplinario del Hospital.

Al Tribunal sancionador poco le importó “que la decisión de seguir adelante con el embarazo y dar al niño en adopción fue tomada libremente por la niña gestante y su madre, ni que ambas consideraran inocente al niño por nacer, cuya felicidad querían garantizar”.

Tampoco le interesó al Tribunal que la denuncia que diera lugar a su intervención “fuera formulada por los desairados psicólogos integrantes del equipo interdisciplinario, precisamente al frustrarse la inducción a decidir el aborto que, siguiendo -estos sí- sus propias convicciones, intentaron provocar en la menor y su familia”.

No se conoce sanción para estos profesionales, cuya conducta “encuadraría en la falta ética que injustamente se reprocha a la licenciada Catalano. Y esto nos coloca ante un Tribunal de Ética que utiliza dos pesas y dos medidas, una para castigar a quienes, desde el voluntariado, procuran defender la inviolabilidad de toda vida humana inocente, y la integridad psicológica de todas las personas afectadas por el drama de la violación, y otra para dar un “premio consuelo” a quienes mediante informaciones sesgadas e incompletas y, sin ofrecer ninguna opción alternativa, intentaron -desde sus mezquinas convicciones- que se llevara a cabo un aborto y que, cuando no lo consiguieron, denunciaron a la profesional que, con una asistencia ejemplar y desinteresada, ayudó a la menor y su familia a tomar su propia decisión que, a la postre, redundó en favor de la vida del niño amenazado con el aborto y de la propia salud psicológica de la niña gestante y su grupo familiar, al aventar las consecuencias devastadoras del síndrome post aborto”, manifestaron.

Frente a estos hechos, la Red Federal de Familias, a través de su Junta Ejecutiva Federal, expresó “su repudio a la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe, así como a la denuncia que le diera lugar”.

Ademas, su “solidaridad con la licenciada María Belén Catalano, injustamente sancionada por asistir, brindando una información veraz y completa, a la menor embarazada y su familia, ayudándolas a tomar una decisión verdaderamente libre y beneficiosa para todas las partes interesadas”.

También, felicitó “a la ONG Grávida, por la fecunda labor que, desde hace más de 25 años, lleva adelante en favor de la vida de los seres humanos por nacer y la salud psicológica de las mujeres que cursan embarazos y sus familias”.

Por último, “su preocupación por la eventual repetición de hechos como los comentados, y otros análogos, por medio de los cuales los personeros de la Cultura de la Muerte pretenden amedrentar a quienes, desinteresadamente, defienden la vida de todo ser humano inocente desde el instante de su concepción”.

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