Ecos en Washington de la detención de Milagro Sala
Esta semana, una de las noticias sobresalientes fue el áspero intercambio de opiniones que tuvo lugar en Washington, más precisamente en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre los representantes del gobierno nacional y organismos de Derechos Humanos por la situación en la que se encuentra la dirigente social, Milagro Sala, que permanece detenida en Jujuy desde enero del año pasado.
El fuerte cruce se dio en el marco de una la audiencia solicitada por los organismos de Derechos Humanos argentinos que denuncian la “detención arbitraria e ilegítima” de la dirigente y la ‘criminalización de la protesta social‘ en Jujuy.
Debe señalarse que si bien la situación de Sala no estaba en la agenda del día de la CIDH, las tensiones que ha generado su detención, incluso dentro del propio gobierno nacional, volvieron a aflorar, esta vez en una de las dos entidades que tiene el sistema interamericano de protección de derechos humanos, donde está en curso de análisis una solicitud de medida cautelar para pedir por la liberación de la dirigente social. Cabe recordar que la CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo titular Luis Almagro ya en diciembre del año pasado había solicitado la “inmediata liberación” de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru y exigido al Estado argentino que, en cumplimiento de los mandatos de los organismos internacionales, mantenga el “más firme apego a los derechos civiles”, tras observar que no se puede desconocer la condición de legisladora electa del Parlamento del Mercosur de Milagro Sala. En la audiencia de esta semana en Washington, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) volvió a denunciar la supresión de derechos políticos y sociales en Jujuy que afectan a los sectores que realizan protestas y aseguró que el problema va más allá de la situación que involucra a Sala. En respuesta a estas serias acusaciones, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo en la CIDH que en esa provincia está “plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse”. A su turno, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, aseguró que el propio presidente de la Nación manifestó su compromiso de avanzar en la construcción de “una sociedad basada en el respeto”.
Es de esperar que así sea, porque los derechos humanos, reconocidos por la Declaración Universal de Naciones Unidas, buscan proteger la dignidad y la integridad de todas las personas por igual. En ese sentido, debe señalarse que la sociedad argentina, a más de cuatro décadas del inicio de la nefasta etapa que le tocó padecer durante la última dictadura cívico militar, sigue buscando curarse en salud y desarrollando anticuerpos para evitar que se vulneren estos derechos fundamentales que funcionan como una especie de paraguas que resguarda los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En la audiencia de Washington el comisionado para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Paulo Vannuchi, observó que hay “visiones casi opuestas” entre los representantes del gobierno nacional y los de las organizaciones argentinas de derechos humanos, de manera que urge encontrar caminos que permitan hallar puntos básicos de coincidencia respecto a la liberación de la dirigente Milagro Sala y al respeto pleno de los derechos humanos en la provincia de Jujuy y en todo el país. Como se señalara ya en otras oportunidades, se debe evitar cualquier paso que implique un retroceso en el respeto de los derechos civiles o caer en el error de criminalizar el reclamo de amplios sectores de la sociedad.
