La deuda con la infancia
La creación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, figura contemplada en la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, que fue sancionada en 2005, es una de las deudas que el Congreso Nacional tiene con la infancia argentina. El Parlamento tenía la obligación de designar a dicho funcionario dentro del plazo de 90 días a partir de la sanción de la norma, pero han pasado más de diez años y ese cargo todavía continúa vacante.
Por ese motivo, la Justicia Federal exhortó esta semana al Congreso a cumplir con la obligación impuesta por la ley y ordenó que designe al Defensor del Niño tras hacer lugar a un recurso de amparo presentado por varias organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de la infancia. Así lo dispuso el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 3, a cargo de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, luego de evaluar el planteo presentado en forma conjunta por la Fundación Sur Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por los Derechos de la Infancia (ADI), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación Poder Ciudadano. La demora en la designación del Defensor se debió a que el Senado hasta ahora no nombró a cinco de sus miembros que deben integrar la Comisión Bicameral que debe elegirlo y cuando intervino la justicia tras el planteo presentado por las organizaciones civiles el Congreso observó que se trataba de una cuestión que debía resolverse a nivel político y que, por lo tanto, no debía intervenir otro poder. Sin embargo, la jueza Rodríguez Vidal rechazó ese argumento y consideró que, en rigor, los legisladores no cumplieron con el plazo establecido claramente por la ley y por eso libró un exhorto en el pide al Parlamento que cumpla con la designación del defensor.
Ahora el Parlamento Nacional deberá avanzar en la integración y puesta en marcha de la comisión bicameral, integrada por cinco diputados y cinco senadores, que tendrá a su cargo la evaluación de los perfiles de los candidatos que se presenten en el concurso público de antecedentes y oposición que se deberá llamar para cubrir el cargo. La demora en la designación de este Defensor adquiere una particular relevancia en estos días cuando acaba de conocerse un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), que reveló que el 48,8 por ciento de los niños y niñas de entre 0 y 14 años está por debajo de la línea de pobreza.
Al mismo tiempo, se conoció la decisión del gobierno nacional de insistir con el proyecto que propone reformar el régimen penal juvenil y bajar a 14 años la edad de imputabilidad, una iniciativa que ya generó rechazos en distintos sectores de la sociedad y que, como si fuera poco, días atrás volvió a sufrir un nuevo revés en las ocho mesas de discusión convocadas recientemente por la cartera de Justicia para debatir ese controvertido asunto donde la mayoría de los representantes de organizaciones e instituciones que se expresaron en esos encuentros reiteraron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo nacional por entender que la reducción en la edad de imputabilidad va a contramano de lo que propone el paradigma de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es que el país adhirió en 1990 a la Convención de los Derechos del Niño y además le dio rango constitucional al incorporar esa convención en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, por lo que no debe desconocer lo que establece ese acuerdo internacional.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad —que el gobierno nacional quiere llevar de 16 a 14 años— no es la respuesta adecuada al flagelo de la inseguridad que preocupa a la sociedad, ya que el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años, y más específicamente por menores de entre 14 y 16 años, es decir aquellos chicos que están en la franja no punible hasta ahora, es ínfimo en términos estadísticos. Vale recordar que también la Iglesia se pronunció en contra de la reducción de la edad y recordó que antes que pensar en bajar la edad de imputabilidad lo que hay que hacer es promover la corresponsabilidad en todos los sectores de la sociedad.
