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El empleo en el sector público

Un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación reveló que entre enero de 2012 y diciembre de 2016 el empleo en el sector público creció un 22 por ciento. Según el relevamiento de la cartera laboral se trata de la incorporación a la planta estatal más de 600.000 personas en todo el país, lo que equivale a más de la mitad de los trabajadores registrados.

De esta manera, el sector público se convirtió en los últimos años en el mayor generador de nuevos empleos, aunque debe aclararse que la cifra está conformada tanto por los nuevos puestos creados como por aquellos que en realidad ya existían en organismos nacionales, provinciales y municipales pero que funcionaban en un marco de informalidad. El informe explica que, en lo que respecta a los asalariados del sector público, las cifras toman los puestos ocupados por trabajadores registrados en relación de dependencia en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del ámbito nacional y provincial. Además, se incluye el empleo dependiente de los municipios, de las universidades nacionales y de las Fuerzas Armadas, y solo se excluyen las empresas estatales o de participación mixta.

Para algunos economistas, este aumento se debe fundamentalmente por la disminución de la ocupación laboral en las empresas privadas, en especial en la industria manufacturera, la construcción y la minería que registraron fuertes caídas en la actividad. En todo el país hay 1,1 millón de trabajadores registrados, de los cuales los empleados en el sector público representan el 52,2 por ciento. Un dato que sobresale es el que revela que los trabajadores asistidos por el Estado en el marco del monotributo social suman cerca de 200.000 puestos, lo que representa 18,2 por ciento del total de empleos registrados. En la cartera laboral nacional explican que se considera trabajador registrado a toda persona identificada a través de un Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) que ocupa al menos un puesto de trabajo declarado en los distintos subsistemas de la seguridad social. De este modo, explica el Ministerio de Trabajo de la Nación en el informe, se conceptualiza el “Trabajo Registrado” como el conjunto de trabajadores que cuentan con los beneficios sociales previstos en las normas legales, dependiendo de la modalidad ocupacional en la que se encuentran insertos.

Por otra parte, de acuerdo a un estudio elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la Argentina es el país con más cantidad de empleo público de la región. Para realizar el informe, el instituto se basó en un trabajo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe”. Sin embargo, para poder tener una verdadera dimensión del peso del empleo estatal en nuestro país es necesario comparar las cifras locales con las realidades de otros países de la región y del mundo. En ese sentido, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) elaboró un documento titulado “El rompecabezas del empleo público en Argentina: ¿Quiénes hacen funcionar la maquinaria del Estado?”, en el que se advierte que para dimensionar qué tan chico o grande es el tamaño del empleo estatal en la Argentina es necesario analizar esta magnitud en perspectiva comparada, es decir, con lo que ocurre en otros países. Sobre ese tema, el documento explica que el peso del empleo público en la Argentina supera el promedio de América Latina ya que la participación del empleo público en el total de ocupados en la región ronda en promedio el 12 por ciento, mientras que en la Argentina esta proporción llega al 18%. Según el CIPPEC esta diferencia puede explicarse, en parte, por la diferencia en el alcance y composición de los servicios que prestan los distintos países.

Si bien no se puede desconocer la importancia del Estado en áreas como la salud pública, educación, servicio de justicia y seguridad, es necesario que no se lo sobredimensione y que se ponga énfasis en la calidad en la función pública, teniendo como objetivo la mejora en las respuestas que recibe la ciudadanía por parte del sector público.

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