Brasil: el máximo tribunal liberaría a sospechosos del “Lava Jato”
El Supremo Tribunal Federal de Brasil podría comenzar a ordenar en abril la liberación de sospechosos detenidos por meses sin ser sometidos a juicio en el mayor caso de corrupción del país, dijo una fuente judicial de alto nivel. La decisión podría ser un revés para Sergio Moro, juez federal que puso tras las rejas a decenas de ejecutivos petroleros y de la construcción, en el marco de la investigación “Lavadero de Autos”, por sobornos a políticos para lograr contratos en empresas estatales.
Brasilia, 13 (Reuters) - Basado en la investigación dirigida por Moro en Curitiba, el fiscal general de Brasil trata de llevar a muchos políticos a juicio, acusados de aceptar sobornos. Sólo hay siete sospechosos detenidos en Curitiba, pero entre ellos están un exministro de Hacienda y el aún poderoso expresidente de la Cámara baja del Congreso, Eduardo Cunha.
Su situación mejoraría, aunque todavía podrían enfrentar cargos. Dado que los políticos detenidos por orden de Moro ejercen fuerte influencia en los pasillos del poder en Brasilia, el asunto se vuelve cada vez más candente.
El tema fue planteado en el tribunal el mes pasado por el juez Gilmar Mendes durante una audiencia que analizaba un recurso de hábeas corpus. Mendes –de estrechos vínculos con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y que forma parte de la coalición de Gobierno del presidente Michel Temer- dijo que las prolongadas detenciones en Curitiba estaban en contra de la jurisprudencia que la corte ha establecido los últimos años.
¿Amnistía para capear la crisis?
La dura crisis que sacude a Brasil y que ya supera los dos años tiende a disgregar el Estado, a acentuar conflictos políticos y a aumentar la miseria social. Los datos oficiales de desempleo admiten 12 millones de desocupados, pero registros de la Confederación Nacional de la Industria lo elevan a 20 millones, al computar a quienes abandonaron la búsqueda de empleo por desaliento o porque hacen trabajos eventuales.
Esto repercute facilitando la precarización de los trabajadores ocupados, lo que podría agravarse con la ley en trámite en el congreso sobre “Reforma Laboral y de Seguridad Social”, que contempla flexibilizar más los contratos de trabajo, generalizar tercerizaciones y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años.
El paquete de austeridad que el Parlamento votó a fines del 2016 congela gastos presupuestarios para salud, educación y obras públicas por 20 años. El presidente Temer pretende rescatar la quebrada economía sobre la base de ajustes sin precedentes sobre beneficios sociales y laborales, como el recorte de los ya devaluados planes sociales “Bolsa Familia” (u$s 97 en la actualidad).
La reciente advertencia del Banco Mundial llama a revertir el cuadro recesivo, porque de lo contrario “el número de pobres llegará a 21 millones de personas al fin de 2017, de los que 9,4 millones estarán en extrema pobreza”. La recesión llevó al PBI de los estados más industrializados a un retroceso que los dejó en los niveles de seis años atrás. La parálisis de la construcción civil y la industria se refleja en bancos con enormes carteras de créditos morosos e incobrables.
El gobierno Temer, jaqueado diariamente por una andanada de denuncias de corrupción y saqueo de las finanzas y las empresas públicas, a pesar de las duras medidas adoptadas, no acierta con una solución a la crisis. Su situación empeora día a día con denuncias que apuntan al propio presidente, mencionado 43 veces en la delación “premiada” de ejecutivos de Odebrecht.
Un tercio de los senadores y diputados son investigados por su participación en diversos actos de corrupción. En menos de un año en el poder, Temer sufrió la renuncia de seis ministros por denuncias de corrupción y otros seis están procesados. El antes poderoso presidente del Senado, Eduardo Cunha (PMDB), que comandó el impeachment a Dilma, está detenido por desfalco a Petrobras.
El operativo para frenar las investigaciones puesto en marcha en el Parlamento, parece ahora tener eco en el máximo tribunal, para tratar de aliviar la situación de políticos y funcionarios imputados, y empresarios encarcelados.
