El desmantelamiento judicial federal ensañado con el Nea
En una paradoja más que sorprendente, una movilización de mujeres sin precedentes en Resistencia que formula demandas legítimas a los tribunales y también se produce una enérgica reacción del justicialismo gobernante en esta provincia desde el 2007 querellando a la cámara federal porteña que procesó al actual intendente de Resistencia por incumplimiento de deberes de funcionario público en la causa “Fútbol para todos”, en otro escalón persecutorio a quien, entre otros aspectos de su paso por la jefatura de ministros de Cristina Kirchner no eludió los topetazos con el hegemónico grupo Clarin, resalta una reacción que como un grito en el desierto de la indiferencia metropolitana donde el presidente del máximo cuerpo regional, José L. Aguilar advirtiendo ante propios y extraños que la justicia federal no solo del Chaco, sino de todo el noreste, se encuentra al borde de colapso.
Subrogancias por doquier
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones acredita una carrera de 42 años donde nunca se presentó una irregularidad tan dilatada de juzgados vacantes y la obligación de emparchar, como si se tratara de una gomería, con una trama de coberturas forzosas que deteriora inexorablemente el servicio en la amplia gama de sus responsabildades, pero sobre todo cuando las papas queman con el narcotráfico que acosa en una zona fronteriza y donde episodios insólitos, como el que le toca al propio Aguilar que debe bajar con los galones presidenciales a subrogar los juzgados federales de Saenz Peña y Reconquista. “No podemos ofrecer un servicio por internet o recurriendo a los fax”, confesó decepcionado con la respuesta que obtuvo en Buenos Aires de la presidente del Consejo de la Magistratura, Adriaba Donato. Quien tuvo que lanzar un enfoque realista en su estilo, fue la jueza federal Nº2,Zunilda Nirempeger, que subroga el Nº1,donde se jubilara Carlos Skidelsky con una acumulación de causas que ya es difícil precisar, diciendo que desplazar a la Gendarmería Nacional para ponerle mano firme al desborde de inseguridad que jaqueaba a Saenz Peña y por orden del presidente Macri,(al que acudió el intendente Cipolini directamente y sin hacer antesala con la ministra del rubro, Patricia Bullrich)no podía desconocer que el juzgado de la ciudad termal es atendido por quien reside a 400 kilómetros, como el juez Alurralde de Reconquista.
Retardos históricos
La reacción del camarista Aguilar que extrañamente no concitó respaldos ni siquiera de los ministros del área y del propio gobernador ni interesó a legisladores, debe interpretarse con actualizaciones muy oportunas de la propia historia chaqueña.
Créase o no para los olvidadizos, ese juzgado federal por el cual Sáenz Peña bregó tanto tiempo fue creado el 27 de octubre de 1975 por ley 21.188 pero su habilitación ¡tardó casi 32 años!(sí léase 32)cuando el 29 de agosto de 2007 quedó al frente de ese tribunal, que abarca unos 600.000 habitantes de gran parte del interior y que fue víctima de marchas y contramarchas de todo tipo, la doctora Zunilda Nirempeyer cuya gestión no pasó en vano, como lo certifica, por ejemplo, su investigación en la causa “Carbón Blanco”, el mayor revés que el narcotráfico sufrió en territorio chaqueño y donde quedan deportaciones peticionadas en Europa.
No podemos omitir otro record, para sentarse a esperar como en la escultura del pensador: lo ha sido el retardo de siete años donde la doctora María Cristina Denogens padeció una persecución personal de la presidente Kirchner que se fue sin firmar el decreto de su designación a pesar de haber superado todas las instancias, como el acuerdo del Senado, hasta que sí lo hizo Mauricio Macri, corrigiendo ese capricho autoritario, aunque después el nuevo gobierno no sumó prácticamente nada por atender las necesidades del NEA y en ese sentido la responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura es indelegable, así como cuesta creer que Ángel Rozas, el integrante chaqueño de ese cuero, no tenga suficiente información sobre lo que pasa. Del mismo modo hubo dos visitas del ministro de Justicia Garavano(al que frenó un piquete muy agresivo en la zona de Quitilipi) y de los propios integrantes de la Corte, como el presidente Lorenzetti.
La situación en detalle
El caso de Saenz Peña registra después del traslado de Nirempeyer a Resistencia para cubrir el juzgado federal Nº2 muy reclamado y también demorado, la designación interina del secretario Enrique Bosch hasta que a la Corte se le ocurrió reemplazarlo y designar subrogante al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, a quien subroga ahora el presidente Aguilar.(Ese juez reconquístense desnudó excesos del gobernador Colombi en una operación antidroga y, además, se ha presentado en dos concursos para ser promovido a tribunales de Entre Ríos)
Para la cobertura definitiva del tribunal saenzpeñense hasta ahora no se llamó a concurso.
Nirempeyer es titular del juzgado Nº2 de Resistencia y solicitó formalmente su traslado al Nº1 que subroga,trámite que parece haber sido retenido porque alguien desde el oficialismo advirtió que ese es el juzgado con competencia electoral nacional.(En este caso corresponde si se promueve a Nirempeyer, llamar a concurso para el Nº2,si eso se rechaza ,el que debe concursarse es el Nº1)
Hay un juez federal, Juan C. Vallejos de Corrientes, que debe viajar como lo hicieron otros con anterioridad, para subrogar los dos juzgados federales de Formosa en un ida y vuelta agotador por la ruta 11.Pero el juzgado federal Nº1 de Formosa está vacante hace cinco años con un concurso realizado sin elección de candidatos.
En Corrientes, como informara Aguilar, hay otra subrogancia: en Paso de los Libres debe actuar una jueza de Goya.
En cuanto a los tribunales orales federales—tan requeridos por las causas en materia de derechos humanos—el de Resistencia tiene dos cargos vacantes sin llamarse a concurso y el de Formosa tiene uno.
Respecto de la Cámara Federal de Resistencia que tiene dos miembros (Aguilar y Denogens)hay un tercer cargo vacante desde hace mucho, pero ahora con concurso en proceso.
El remate en este escenario de generalizada inoperancia en la consideración que los mecanismos políticos centralistas consideren a la justicia federal chaqueña,es el capítulo del “esqueleto” como se popularizó al edificio paralizado durante largo tiempo y destinado a darle sede propia a la Cámara Federal que funciona en un edificio alquilado sobre la avenida 25 de Mayo hace más de medio siglo.
Ningún magistrado le puede sacar el cuerpo a su enorme carga de responsabilidades en esta coyuntura de apogeo delictivo y de fuertes reacciones comunitarias, como todo lo que hizo metástasis en Saenz Peña y no puede taparse con anuncios. Del mismo modo, por la justicia federal también pasa el torniquete impositivo de la AFIP con intimaciones y una sobrecarga de honorarios de abogados que hace estragos en la estabilidad laboral de la vasta red de pymes del comercio, la industria y la producción.
En suma, en el peor momento de obligaciones, cuando las papas queman la prioridad está en los juzgados metropolitanos y bonaerenses. Lo que no es casual. Muchos de ellos son y lo seguirán siendo, una punta de lanza de las ambiciones electorales de Cambiemos.
¿Intendentes chaqueños marginados en Misiones?
Es notorio que la balanza nacional desde que gobierna el macrismo se recostó en Corrientes, donde habrá una elección de gobernador cargada de interrogantes al rojo vivo, para diversas decisiones y visitas, incluyendo un reciente contacto con el coordinador del Plan Belgrano cuestiones portuarias y el anuncio, entre otras cosas, de instalar el próximo radar, como de promover al puerto de Itá Ibaté. Pero ahora vemos que la exclusión aparente de la presencia chaqueña se trasladó a una reunión de 70 intendentes del Mercosur realizada en Bernardo de Irigoyen, Misiones para debatir políticas públicas conjuntas en el combate al narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo en la región.
Lo significativo es que estuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich que lanzó, en el lenguaje de Cambiemos, que “después de décadas de abandono, el Estado nacional se hace cargo del control de las fronteras para coordinar políticas contra el delito trasnacional, como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas para que los argentinos cada día de sientan más seguros.”
Hubo unos 400 asistentes con Casi 70 intendentes de Argentina, Brasil y Paraguay los vicegobernadores de Corrientes y Misiones y diputados nacionales. Se firmó un acta de intención entre el Bloque Regional de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes del Mercosur (BRIPAM)y los gobiernos correntinos y misioneros.
Cabe preguntarse si el Chaco fue invitado y participó de ese foro, cuando existe tanta inclinación a promover viajes de promoción turística y siempre se invoca a la integración. ¿Los intendentes chaqueños no han sido tenidos en cuenta? Alguien podría aclarar esta duda porque asoma alguna picardía política de exclusión.
