Chile: “corralito” para medio millón de aportantes a la salud privada
Unos 500.000 afiliados de MasVida, una de las aseguradoras privadas de salud, son víctimas de un “corralito sanitario”, por la aguda crisis financiera de este actor relevante del rico pero ineficiente sistema de salud privado chileno. Tras perder 15.000 adherentes en dos meses y malograr varios intentos de sacar a flote a una de las tres mayores aseguradoras privadas de Chile, el ente regulador intervino esta semana la empresa MasVida y decretó que ningún afiliado puede emigrar a otro seguro.
Santiago, 3 (afp-na) - En total, casi 380.000 aportantes, que configuran un universo de 500.000 beneficiarios, incluyendo a familiares directos, quedó preso de lo que los chilenos denominan “corralito sanitario”.
La medida impide la salida de asegurados como forma de garantizar una eventual venta o traspaso total de la cartera de afiliados. Una próxima junta de accionistas debería definir sobre las ofertas de compra parcial del holding de salud, que desde hace un año y medio comenzó a presentar problemas financieros. “Las medidas anunciadas están destinadas a proteger a los usuarios y sus contratos”, explicó en rueda de prensa el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic.
La medida rige inicialmente por un mes, para evitar la fuga masiva de afiliados que sí pueden cambiarse, dejando a MasVida sólo con una cartera de usuarios de edad avanzada y amplio historial médico, que son los que le generan más gastos y que ninguna otra aseguradora recibe.
Es decir que los usuarios atrapados en el “corralito” financiarán de hecho, con sus ahorros aportados al seguro sin recibir a cambio la atención de salud prometida, el rescate de la empresa quebrada por sus gerentes.
Sin posibilidad de cambiarse de MasVida, estos afiliados tendrían como única opción migrar al sistema público, que atiende a casi el 80% de la población chilena y que, con los usuarios de mayor poder adquisitivo aportando a las empresas privadas, está fuertemente desfinanciado.
Muy rentables pero poco eficientes
Creadas en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) entregan salud de calidad al 18% de la población chilena, pero a un altísimo costo. En promedio, las Isapres entregan cobertura para casi 60% de las prestaciones médicas, mientras que el resto debe ser cubierto por los usuarios -quienes pagan como mínimo 7% de sus salarios- o por seguros complementarios (que cubren lo que no hacen las Isapres).
Con utilidades millonarias –ganancias de 42% entre enero y septiembre de 2016- las Isapres son uno de los sectores más exitosos de la economía chilena, pero a su vez de los que reciben más críticas de los usuarios.
En muchos casos, sus dueños lo son también de los hospitales donde se atienden sus afiliados y en los que tienen libertad de fijar precios. Las Isapres aumentan además las primas por edad, riesgo y sexo, y pueden denegar atención a personas con enfermedades crónicas o graves, que quedan libradas al sistema público. Las mujeres en edad fértil pueden pagar el doble por una prima que un varón de su misma edad.
Con el tiempo, por edad o enfermedades, muchas personas que estuvieron en Isapres toda la vida no pueden llegar a pagar su prima, ya que ésta va incrementándose con la edad, y terminan siendo expulsadas al sistema público.
Aunque están indexadas por la inflación mensual, las Isapres incrementan además el valor sus planes, en promedio, 5% al año. “En Chile no existe derecho a la salud real, sino que tenemos acceso a la salud basado en la capacidad de pago de las personas”, dice Matías Goyenechea, presidente de la Fundación Creando Salud. “Esa es una particularidad que no se da en otros países, en los que sí hay actores privados pero lo hacen bajo las reglas de la seguridad social estatal”, agrega.
Dentro de una batería de reformas sociales, Michelle Bachelet planteó en su programa de gobierno una reforma al sistema privado de salud, que a casi un año de terminar su segundo gobierno, es letra muerta.
