"Me parece bien que vengan los técnicos (de AFIP) y (Alberto) Abad –administrador general- a mirar en el lugar la realidad económica por la que atraviesan no sólo las cooperativas algodoneras sino todo el empresariado chaqueño", subrayó ayer Omar Marsall, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco (CPCE). Planteó así la necesidad de que las autoridades del organismo recaudador observen la situación de pequeñas y medianas empresas radicadas en esta parte del país, que soportan una presión tributaria elevada hace años y afrontaron un 2016 con baja actividad económica.

"Venimos planteando, a nivel nacional y local, la gran presión tributaria que tienen las empresas argentinas, lo que fundamentalmente afecta a las pymes. En especial en esta época, con las bajas de las ventas y de la producción que afectan sobremanera el sostenimiento de la actividad económica”, expuso en declaraciones a radio Universidad.

Marsall opinó que la moratoria vigente, que forma parte de la ley de "blanqueo", es "bastante accesible, ya que hay una quita importante sobre los intereses resarcitorios y punitorios devengados. Hay muchas empresas endeudadas que pueden aprovechar el plan de pagos". Sin embargo, resaltó la necesidad de "mirar hacia adelante porque para hacer una planificación fiscal de cada empresa, se debe mirar el horizonte en el que se encuentra y cuál será la actividad a desarrollar a futuro, para hacer frente al pago de las obligaciones".

Luego señaló: "Todos los meses asistimos a las conferencias de prensa donde se anuncia la recaudación tributaria y siempre ponderan el crecimiento, aunque se da en valores nominales y no constantes, porque siempre estamos por detrás de los índices inflacionarios, que más allá de la cuestión tributaria, siguen generando una cuestión adicional a la problemática del comercio y de la industria".

La reforma

El presidente del CPCE recordó los planteos de la entidad para una reforma tributaria integral, que permita una mejor distribución de los ingresos en términos económicos y fiscales hacia las provincias, y especialmente a las que están alejadas de los centros de decisión.

Mencionó así los inconvenientes de provincias como el Chaco "para hacer frente a la gran masa salarial" en un panorama como el que se presentó el año pasado con la "baja de la coparticipación por baja de la recaudación tributaria". "El gran problema que tenemos es el déficit fiscal que venimos acarreando desde hace tiempo y que necesariamente requiere reformular la política tributaria", subrayó.

Entre las cuestiones que resultan en frecuentes planteos desde la entidad a la AFIP, Marsall mencionó también la reglamentación de la legislación "porque todo se focaliza en las grandes urbes". "Me parece bien que vengan los técnicos y Abad a mirar en el lugar la realidad económica por la que atraviesan no sólo las cooperativas algodoneras sino todo el empresariado chaqueño", enfatizó.

Por otra parte, opinó sobre la obligatoriedad de aceptar tarjetas de débito. "Nos parece bien que se tienda a la formalidad del uso del dinero, pero cómo hace una persona en Miraflores para dar factura electrónica y utilizar Posnet cuando ni siquiera la luz llega a ese lugar", subrayó. Por eso pidió que los técnicos de la AFIP consideren esas asimetrías al elaborar las reglamentaciones de las normas vigentes.

Sin repunte

En otro punto, Marsall advirtió que "la actividad económica está planchada y en algunos casos decrece". "Vemos que la industria está muy afectada con el ingreso de importaciones, y en ese rubro hay una gran informalidad, lo que afecta ostensiblemente a nuestras industrias locales, que son empresas familiares, que tratan de sostener su actividad y su planta de personal". Reveló al respecto que al costo impositivo debe agregarse el costo laboral, que ronda el 40%. "Se hace muy difícil sostener una actividad en la provincia", acotó.

Valoró, en ese contexto, el "empuje del empresariado y la voluntad de permanecer en estas circunstancias". "Emprender hoy una actividad económica implica pensarlo muchas veces por todas las cargas que tiene. Desde el Estado no se encuentran políticas que ayuden a sobrellevar la situación. Vemos cada año la famosa reforma tributaria de la que hablamos, parches que se van tocando como Monotributo y Ganancias, pero no se agarra al toro por las astas de manera de dar una solución", observó.  

Las cooperativas

Oriundo de Castelli y conocedor del funcionamiento de las cooperativas algodoneras, resaltó que "el problema del endeudamiento, por más que les ofrezcan el plan de pagos vigente y facilidades como las de la Ley 11.683 –similares a las otorgadas por el ex administrador de la AFIP, Ricardo Echegaray a Ciccone-, no es de qué forma financian la deuda sino la forma en que la pagarán, con la actividad económica estancada".

"No tenemos un horizonte claro de qué manera creceremos, se manejará la inflación y si la AFIP seguirá presionando a los contribuyentes registrados. Todas esas cuestiones deben analizarse cuando se focalizan los problemas de una determinada actividad económica", planteó finalmente.

La actividad informal llega hoy al 40%

“Planteamos hace unos días la necesidad de que la AFIP eficientice sus tareas para combatir la actividad informal, que ronda el 40% de la actividad económica total", expuso Omar Marsall. En ese contexto advirtió que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones son los que soportan la mayor presión tributaria; mientras que el organismo "no avanza sobre quienes están al margen de las legislaciones tributarias".

La informalidad es una de las cuestiones más reclamadas por entidades como la Federación Económica del Chaco (Fechaco) y la Cámara de Comercio de Resistencia, por su fuerte impacto en la actividad económica formal, sobre todo en años de baja de ventas como 2016 y los primeros meses de 2017.

El titular del CPCE consideró que hacer más eficientes las tareas de contralor sobre la actividad informal "requiere de una decisión política nacional para que la AFIP tome las riendas y realmente combata la evasión y la actividad al margen de la ley". Y dejó claro que al pedir eficiencia no se refirió a la "actividad administrativa que desarrolla el personal del organismo, que es excelente".