El rechazo a la baja de edad de imputabilidad
La discusión relacionada con la reforma del régimen penal juvenil vigente viene de lejos, y por estos días la novedad llegó de la mano del mayoritario rechazo que tuvo la iniciativa del gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad, en las reuniones convocadas por el Ministerio de Justicia de la Nación para debatir el tema.
La propuesta oficial, vale recordar, consiste en bajar de 16 a 14 años la edad de punibilidad, para lo cual necesita avanzar con una reforma del régimen penal juvenil. Pero esa idea, que ya generó rechazos en distintos sectores de la sociedad, volvió a sufrir un nuevo revés en las ocho mesas de discusión convocadas recientemente por la cartera de Justicia. La mayoría de los que tuvieron voz para expresarse en esos encuentros se manifestaron en contra de la iniciativa del Ejecutivo nacional.
Para ser más exactos, 34 de los 40 oradores presentes en las reuniones advirtieron que avanzar con una medida de esa naturaleza sería contrario al paradigma de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tan solo dos oradores respaldaron la propuesta de reducción y los cuatro restantes no terminaron de definir si están a favor o en contra de la idea. La posición de la mayoría no es arbitraria: Argentina no puede desconocer los alcances de la Convención de los Derechos del Niño a la que adhirió en 1990 para luego, en 1994, darle rango constitucional al incorporarla en la reforma de la Carta Magna.
Si bien la mayoría de los expertos en esta temática se opone a bajar la edad de imputabilidad, existe un consenso generalizado respecto de la necesidad de reformar la Ley Penal Juvenil, que viene desde la última dictadura cívico militar que padeció el país. Pero una cosa es tratar de mejorar el marco normativo y otra, muy distinta, es imponer como regla la aplicación del derecho penal sobre la niñez o la adolescencia, cuando la Convención de los Derechos del Niño plantea, justamente, que este tendría que ser siempre el último camino a tomar. Incrementar el castigo para un sector de la población que hoy no es punible (niños y adolescentes) no solucionará el grave problema de inseguridad.
En lugar de eso, lo que se debe pensar es cómo mejorar las redes de contención para los menores en conflicto con la ley penal, o lo que sería mejor aún cómo prevenir, es decir cómo lograr que ningún niño incorpore el delito a su vida como algo natural, como una situación inevitable. Los niños y adolescentes deben crecer en el seno de una familia que los contenga y tener oportunidades para formarse como ciudadanos en una comunidad que los incluya no que los rechace.
La delincuencia juvenil existe, no se la puede negar, pero eso no implica que se convierta a los chicos en enemigos de la sociedad. Acaso sea necesario recordar que detrás de un niño, niña o adolescente vinculados con la ley penal hay adultos que no cumplieron con las responsabilidades y obligaciones de garantizar su bienestar y el cumplimiento de sus derechos. A la preocupación que puedan generar los delitos protagonizados por menores se debe responder con más y mejores medidas de protección y prevención.
La propuesta de modificar el marco normativo para acentuar la vía punitiva para menores se asemeja más bien al modo en que actúan algunos sistemas sanitarios cuando llegan siempre tarde detrás de algunas enfermedades que bien podrían haberse prevenido. Es necesario que la sociedad, a través de sus representantes, aborde esta compleja problemática de otro modo y que evite las soluciones fáciles que no necesariamente se traducen en la disminución de los delitos que se reclama.
