El efecto dominó de Odebrecht
Los abogados de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en el escándalo por el pago de millonarias coimas a cambio de obtener jugosos contratos de obras públicas en una docena de países, adelantaron a un representante de la Justicia argentina que a partir de marzo comenzarán a entregar los nombres y las pruebas que comprometerían a funcionarios argentinos.
Así lo señalaron en un encuentro que los letrados mantuvieron en Brasilia con el fiscal argentino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a cargo de investigar el pago de sobornos de la megaconstructora en Argentina. El funcionario judicial argentino se encontraba en Brasil participando de la reunión de procuradores iberoamericanos que se celebró en la capital federal del vecino país, convocada por los fiscales del caso conocido como Lava Jato, donde se acordó la entrega de valiosa información que puede resultar de enorme interés para la justicia de Argentina y los otros países donde, según reconoció el propio titular de la compañía, Marcelo Odebrecht, se pagaron coimas para conseguir contratos.
En lo que respecta al capítulo argentino de esta historia de corrupción, la empresa brasileña (que es en la actualidad la corporación industrial más grande de América Latina) admitió que pagó sobornos por 35 millones de dólares entre 2008 y 2014. Cabe aclarar que en Brasil, a cambio de reconocer los delitos que cometieron, los directivos de Odebrecht podrían obtener excarcelaciones y la posibilidad, incluso, de seguir operando en el mercado de la construcción; y es por eso que los abogados que representan al titular de la compañía buscarán reducir las posibles penas del sistema judicial argentino para los ejecutivos que estén dispuestos a colaborar en el marco de la nueva ley del arrepentido, es decir, a entregar pruebas que expliquen cómo funcionó la red de pago de sobornos en Argentina.
La semana pasada, los fiscales generales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela que realizan en sus respectivos países investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato” firmaron la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional Contra la Corrupción.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encabezó la delegación argentina que viajó a Brasilia para ponerse al tanto de la causa que se sigue en Brasil a fin de determinar, cuando llegue el momento, si en la Argentina se replicó el esquema del pago de sobornos en el vecino país. Aquí las expectativas están puestas en conocer -a partir de los documentos que aporten los abogados de Odebrecht- quiénes son los funcionarios que recibieron los sobornos, si hubo intermediarios en los pagos y qué contratos se consiguieron a través de este mecanismo, entre otros aspectos que saldrán a la luz y que generarán un fuerte impacto en la política local.
Cabe recordar que Marcelo Odebrecht, que fue condenado a 18 años y 4 meses de prisión, ingresó en Brasil en un programa de delación premiada, y comenzó de dar datos sobre coimas pagadas en distintos países donde operaba la compañía. Después de eso, 77 ejecutivos de la empresa constructora siguieron ese camino y se sumaron al programa que premia con una atenuación de la pena a los involucrados en los escándalos de los sobornos que colaboran con la investigación.
En su momento, Odebrecht admitió que la empresa no solo pagó sobornos en Brasil, sino también en otros 11 países, entre ellos la Argentina. La justicia del vecino país estima que la constructora desembolsó 788 millones de dólares en coimas para conseguir contratos en forma irregular por 3000 millones de dólares. Es de esperar que las investigaciones que se llevan adelante en nuestro país lleguen a buen puerto y que todo el peso de la ley caiga sobre quienes hayan cometido delitos en el marco de esta causa.
