40 años de la Ley de Entidades Financieras
La Ley de Entidades Financieras, promulgada en febrero de 1977 con la firma del dictador Jorge Rafael Videla y de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que marcó el inicio del proceso de extranjerización del sistema financiero, sigue siendo uno de los pilares de la economía nacional en la actualidad.
Si bien desde entonces ha sufrido modificaciones menores, el profundo surco que la escuela de Chicago y el Consenso de Washington dejó en la Argentina, como en toda Latinoamérica, desde fines de los `70 perdura hoy, cuarenta años después de su promulgación, constituyéndose en una larga deuda para con la democracia.
El eje de esa normativa es que los bancos pueden hacer todo menos lo que está explícitamente prohibido, y hay muy pocas prohibiciones.
En nombre del libre mercado se liberalizó la tasa de interés y flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras, con el expreso objetivo de que las tasas alcanzaran valores reales positivos y elevados, lo cual es letal para la industria, sobre todo para las pymes.
El resultado fue la crisis bancaria de 1980, que sería la primera de una conocida lista.
La norma toma el crédito como un bien de mercado, plausible de ser determinado por un precio, cuando en realidad se trata de un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población.
A partir de ella, los bancos son cada vez más concentrados y dirigen sus créditos a grandes empresas (muchas de ellas extranjeras), o a las actividades más lucrativas en el corto plazo, las cuales suelen ser créditos personales y demás líneas para el consumo.
En momentos de especulación tiene lugar otra variante, que es el crédito para la lisa y llana compra de moneda extranjera.
En 2012, el kirchnerismo modificó la Carta Orgánica del Banco Central, que pasó de velar solo por la estabilidad de la moneda a incorporar “la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía”.
Eso le permitió introducir regulaciones en la actividad bancaria, como la exigencia de destinar una parte de los créditos para inversión productiva.
De todos modos, el gobierno actual desmontó varios de los instrumentos regulatorios diseñados por la administración anterior.
Estableció la libre entrada y salida de capitales al eliminar el encaje de 30 por ciento que debían constituir fondos extranjeros para inversiones especulativas en el mercado de capitales.
Limitó la línea de crédito para la inversión productiva que imponía al sistema financiero la obligación de destinar hasta el 7,5 por ciento de los depósitos privados a prestar a esos sectores, con tasas subsidiadas al 18 por ciento anual.
La Anses, por su parte, redujo la participación de los créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la producción, y proyecta la paulatina liquidación de ese ahorro de los trabajadores en lugar de potenciarlo para apalancar a la economía real.
También se liberalizó completamente el mercado cambiario al eliminar el límite de cinco millones de dólares mensuales para la compra minorista.
Además, dejó si efecto el tope de tasas que podían aplicar los bancos por la cesión de créditos y el piso que debían pagar a los ahorristas por la captación de depósitos, y se desregularon los cargos y comisiones que cobran los bancos.
El diputado por el Partido Solidario, Carlos Heller es autor de un proyecto de Ley de Servicios Financieros para reemplazar a la legislación de la dictadura, que prevé, entre otras normas, que el 38 por ciento de la cartera de créditos se destine a micro, pequeñas y medianas empresas, y un dos a microcréditos.
Su aplicación generaría un incremento en los créditos a este sector cercano a los 18.000 millones de pesos, un crecimiento del 44 por ciento respecto del monto actual.
Si bien es una cifra muy importante, es sólo un tercio de la liquidez que los bancos tienen colocada en letras y notas del Banco Central, lo cual indica que resulta perfectamente posible aplicar hoy mismo esta orientación de créditos hacia las minipymes.
Pero no sorprendería que ningún proyecto de reforma de la ley de la dictadura no sea trabado por el oficialismo, ya que la configuración actual del sistema financiero, más concentrado y extranjerizado, le resulta sumamente funcional al manejo de la economía aplicado por el macrismo.
