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Alcalá y Gauna Wriz recorrieron el pabellón 9 y hablaron con los internos

Una recorrida ayer por la alcaidía de Villa Barberán de las defensoras oficiales, debido a presuntos malos tratos, carencia de agua potable, falta de higiene en las celdas y de espacio para las visitas íntimas, motivará una presentación de habeas corpus colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia, a fin de lograr una corrección en las situaciones detectadas, según pudo saber NORTE.

Las defensoras general y adjunta, tomaron contacto con los alojados en el pabellón 9.

El trámite de habeas corpus con alcance para 38 presos alojados en la alcaidía de la capital chaqueña, presentará esta mañana, la defensora general y la adjunta, Alicia Alcalá y Gisela Gauna Wirz- ante el máximo tribunal del Chaco-.

El requerimiento oficial se debe a lo que las defensoras observaron en el pabellón 9, tras haberse filtrado en redes sociales un video captado desde el interior de una celda en el momento que penitenciarios requisan a uno de los presos.

Alcalá y Gauna Wirz se constituyeron con el secretario Mirko Ivancovich, en uno de los dos establecimientos carcelarios ubicados en Villa Barberán y mantuvieron contacto con los presos alojados en el pabellón 9, a los que le preguntaron sobre el registro fílmico que se conoció en las últimas horas.

En condiciones infrahumanas

“Los internos que viven en condiciones inhumanas, sin luz, sin colchones y prácticamente sin agua, en medio de la suciedad y olores nauseabundos, que en el mismo lugar mantienen las visitas íntimas con sus parejas y cónyuges, que no reciben atención médica adecuada y que padecen afecciones cutáneas con motivo de la falta de higiene en la que conviven”, pudo saber NORTE.

“Con respecto a los maltratos observados en las filmaciones, afirmaron que esto es una constante, cuando se realizan requisas y cada vez que son trasladados de pabellón o que salen a la enfermería”, indicaron desde la Defensoría.

“Cabe destacar que tanto la Defensoría General, y el Ministerio Público de la Defensa de toda la provincia, a partir de la sanción de la Ley 7321, han asumido el compromiso de realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos y de velar, en el ejercicio de sus funciones, porque se respeten los derechos de las personas privadas de libertad y se dé efectivo cumplimiento a los estándares internacionales por parte del Estado y las autoridades responsables de los centros de privación de libertad”.

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