Cuando la tecnología choca con la justicia
La tecnología va avanzando sobre las vidas privadas de las personas a tal punto que celulares y computadoras son partícipes involuntarios, pero absolutamente necesarios, para la comisión de diversos delitos.
Ese no sería el problema si no fuese que en muchas ocasiones se ven involucradas las grandes empresas propietarias de software o hardware que le justicia precisa periciar en algún caso. Lo más lógico es suponer que estas empresas accederían a los requerimientos de los jueces pero están en juego miles de millones de dólares, ya que está comprobado que cuando una firma accede a entregar registros de llamadas, chats, o videos, sus usuarios huyen en masa hacia otros servicios similares.
El último caso resonante es el de la gigante tecnológica Amazon que rehusó entregar a la policía estadounidense las grabaciones registradas por uno de los parlantes inteligentes que fabrica, de la línea Echo, que le habían sido requeridos en el marco de la investigación de un asesinato en el Estado de Arkansas.
La policía estatal le había ordenado a Amazon que entregara las grabaciones y otra información asociada con el parlante que le pertenece a James Andrew Bates, acusado de asesinar a un hombre (que apareció muerto en su casa) en noviembre de 2015, informó el diario inglés The Guardian. El parlante Echo está siempre encendido ya que sus funciones se controlan a través de comandos de voz, que interpreta su asistente virtual "Alexa" (para lo que previamente debe mencionarse ese término), por lo que los investigadores del caso creen que el equipo puede aportar evidencia para resolver el caso.
Si el usuario no menciona la palabra “Alexa”, el audio que se registra no se graba por más de unos pocos segundos, aunque si se la pronuncia, las grabaciones se envían a los servidores de Amazon y existe la remota posibilidad de que el parlante haya estado en el modo grabación durante el crimen.
La empresa tecnológica negó en dos oportunidades entregarle a la policía la información requerida, aunque sí le entregó datos vinculados a la cuenta de Bates y su historial de compras, según los registros del juicio informados por el matutino británico.
El caso de Brasil
En Brasil la empresa Facebook, propietaria del sistema de mensajería Whatsapp resiste los embates de la justicia desde el año 2015 para que aporte registros de comunicaciones de personas investigadas por presunción de algún delito.
En uno de los casos, la jueza Daniella Barbosa Assumpção de Souza, ordenó suspender el servicio porque Facebook violó una orden judicial al negarse a proveer la información solicitada. En diciembre de 2015 otro juez de primera instancia de São Bernardo do Campo (São Paulo) también ordenó el bloqueo de WhatsApp durante 48 horas, pero una ulterior decisión judicial anuló la medida al cabo de doce horas.
Tras hacerse eco de la orden de este juez, más de un millón de brasileños se dieron de alta en la aplicación Telegram, competencia directa de WhatsApp. El aluvión de descargas en un lapso de tiempo tan corto fue tal que Telegram se disculpó públicamente por no tener la capacidad de absorber con rapidez todas las peticiones de códigos de verificación para activar la aplicación.
Otro encontronazo de la tecnología con la justicia volvió a suceder en Brasil en mayo del año pasado, cuando el juez de primera instancia, Marcel Montalvão, con jurisdicción en el municipio de Lagarto, de algo más de 100.000 habitantes, ubicado en el estado de Sergipe, intentó cortar el servicio de Whatsapp sin éxito.
Los mensajes que condenan
En nuestro país el manejo de los datos es privado hasta tanto la justicia los solicite, “siempre y cuando sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta”.
El abogado Fernando Tomeo especialista en delitos informáticos asegura que según las más recientes políticas de uso, WhatsApp no guarda los mensajes en sus servidores como principio, aunque sí como excepción. "Personalmente, creo que siempre Facebook tiene el contenido en su ámbito de disponibilidad y que los revelarían a pedido de una autoridad gubernamental o judicial actuando en el curso ordinario de sus negocios. Si la NSA (la agencia de inteligencia de Estados Unidos) se los pidiera estoy seguro de que se los darían, y que los tienen. Lo mismo si los pidiera un juez nacional en una investigación de delitos de alcance global, como los actos de terrorismo".
En casos judiciales del ámbito exterior posiblemente la empresa se resista como en Brasil. De todas maneras el popular servicio de mensajería comenzó a encriptar los mensajes asegurando a los usuarios que ellos y sólo ellos y su interlocutor pueden ver la comunicación, algo difícil de creer considerando el nivel de seguridad con el que los organismos federales de EEUU se manejan respecto de las comunicaciones sean estas privadas o públicas.
