La policía y un área social se llevaron a su hermana y ahora no sabe nada de ella
“Esto es peor que una dictadura, porque a mi hermana se la llevaron pero se supone que estamos en un estado de derecho”, dice Ramona Eulogia Alvez (73), con la voz quebrada, luego de contar su odisea para averiguar que un grupo de policías y funcionarios de un área social del gobierno provincial se llevaron a su hermana de la calle como si fuese un objeto.
Sin comunicar a ningún familiar los motivos ni el sustento legal para semejante acción. Días después de ese “procedimiento”, Ramona sigue sin saber en qué situación se encuentra Irene Alvez (71), su hermana.
La historia está repleta de puntos oscuros e interrogantes. El mayor de ellos es cuál es el estado de Irene, que fue subida por la fuerza a una ambulancia el jueves de la semana pasada. Aunque Ramona vive al lado de la vivienda de su hermana, en la zona de Rioja y calle 1, nadie le avisó del operativo. Se enteró porque unos niños de la cuadra le contaron que se habían llevado a Irene.
Extrañas actitudes
Tras recibir la noticia, Ramona, conmocionada, se dirigió a la Comisaría Segunda. Preguntó si ellos habían participado de un operativo en el que se habían llevado a una anciana. Le dijeron que no. Cuando se retiraba de la seccional, un oficial le recomendó “extraoficialmente” que averiguara en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.
Ramona se dirigió hacia el área de Adultos Mayores. Ya en una ocasión había sorprendido a funcionarios de esa dependencia, junto a policías, intentando llevarse a Irene de su casa. Allí le dijeron que no sabían nada del caso, y que mejor se dirigiera a la Comisaría Segunda, que era justamente de donde procedía. Preocupada e indignada, Ramona volvió a la sede policial y radicó una denuncia. Era casi medianoche. Se la recibieron a desgano, y cuando leyó el escrito que debía firmar, se dio cuenta de que en el texto se habían incluido frases que ella no había dicho. Por ejemplo, que su hermana era agresiva y provocaba molestias. Hizo reescribir dos veces la denuncia porque el uniformado que la atendió distorsionaba su declaración. Cuando la denuncia se redactó debidamente, se retiró.
La situación avivaba sus peores temores. Recordó aquella vez con los policías y la gente de Desarrollo Social en la casa de Irene y la discusión que tuvo con ellos cuando les preguntó por qué estaban ahí. “Para llevarla, porque molesta”, le respondió con tono áspero un oficial. “¿Y con la otra gente que molesta en la ciudad también hacen esto?”, preguntó Ramona, que amenazó con denunciar el procedimiento. De a poco, todos se fueron.
¿Por dinero? Irene había sido durante muchos años enfermera del Hospital Italiano, en Buenos Aires. Cuando se jubiló, volvió a Resistencia y se radicó en una casa lindera con la de Ramona, su hermana. Con el tiempo, Irene comenzó a tener fragmentos de tiempo en los que parecía distante y ausente. Pero nunca perdió la capacidad de estar lúcida la mayor parte del día. Por ejemplo, ella siempre administró sus haberes previsionales. Aparentemente el monto de su retribución jubilatoria le permitió ahorrar y conformar un plazo fijo bancario.
El temor de Ramona es que se la hayan llevado para quitarle su dinero o incluso armar alguna maniobra que la despoje de su vivienda, que aunque está muy deteriorada por continuos robos que vino sufriendo (sin que jamás se hallaran a los responsables de esos saqueos) ocupa un terreno de importante valor por su ubicación.
En su búsqueda, Ramona obtuvo de un policía el dato de que su hermana podía estar en la clínica psiquiátrica San Gabriel. Hacia allí se dirigió, y cuando la atendió una persona, preguntó si allí estaba Irene Alvez. Con tono dubitativo, le dijeron que no. Ella insistió: “Sé que está acá”. Entonces la persona que la había recibido se dirigió al interior de la clínica. Regresó en unos minutos. “Sí, está, pero la orden que tenemos es que nadie la puede ver”, le dijo. Y con esa increíble explicación la despidieron.
Justicia ciega y sorda
Con todos estos elementos dignos de una novela de suspenso golpeando en su pecho de 73 años, Ramona se dirigió al edificio de Tribunales de avenida 9 de Julio. Llegó hasta la fiscalía penal en turno para ampliar la denuncia formulada en su momento ante la policía. La atendió un guardia, que le dijo que no había ningún funcionario en el edificio. También le dijo que no podía llamar al celular del fiscal “porque sólo está para casos urgentes”. Ramona insistió pero no hubo caso.
Al día siguiente volvió a la dependencia judicial. Un funcionario le dijo que no podía recibirle denuncia alguna sobre el tema, que ése no era el ámbito para eso. También se mostró molesto porque ella le dijo que la noche anterior no había encontrado a nadie pese a que siempre había escuchado que las fiscalías de turno están disponibles tiempo completo. “¿Qué quiere, que traiga mi colchón acá?”, fue la respuesta que recibió.
Ramona, que llegó a NORTE acompañada de su sobrina, Beatriz Alvez, no logra evitar que la angustia la desborde. Entre lágrimas, dice que ya no sabe qué hacer ni a qué institución recurrir. Todas las que deberían darle una respuesta cierran sus puertas y se desentienden de su drama: el de una mujer a quien le llevaron su hermana levantándola de la calle como si fuese un animal sin hogar, al cabo de un procedimiento que no parece tener sustento legal alguno, y que le impide siquiera saber si Irene continúa con vida y en qué condiciones. Es el Chaco, en el siglo XXI, aunque parezca que no.
