Miguel Angel Fernández

Tierras fiscales: la investigación avanza en un camino empinado

Domingo, 11 de Julio de 2010 - 04:00

Al cabo de una década, lo que fuera calificado como el caso de corrupción más grande en la historia del Chaco, referido a las irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales a través del Instituto de Colonización, sigue sobrellevando una cadena de episodios perturbadores y su avance, si bien nunca se detuvo,
se aprecia en un camino burocrático y judicial muy empinado, tal vez porque de una u otra manera se le viene haciendo el juego a quienes especulan con el tiempo y la conclusión del mandato del gobernador Capitanich, que
hizo de este objetivo una de las banderas de su campaña electoral.

Entonces ¿cuál es el impulso político desde el más alto nivel de la conducción provincial para esta investigación,
cuando el propio bloque de diputados del oficialismo ha congelado el acuerdo solicitado por el gobernador hace
más de seis meses para confirmar al presidente del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich y es obvio
que el funcionario sufre ese desgaste, del mismo modo que enfrenta un permanente foco de resistencia gremial al
que acaba de intimar a que presente pruebas ante la justicia, siguiendo así instrucciones del Ejecutivo?
Ese activismo mediático fogonea una sensación constante de anarquía en el quinto piso de la Casa de Gobierno,
del mismo modo que en su oportunidad logró por vía judicial que el gobernador radical Roy Nikisch no pudiera
trasladar las oficinas al noveno piso, que había sido preparado a tal efecto y optó por no insistir en el intento.
En otras palabras, un respaldo a medias al principal funcionario responsable se suma a un clima interno de confusión y hostigamiento donde no por casualidad el bloque de diputados de la oposición subió esta semana al quinto piso para respaldar a quienes encabezados por Raúl Vallejos y José L. Rivero realizaban otro paro y formulaban una denuncia de malversación de fondos en trabajos de mensura en El Impenetrable, asegurando
que el 18 de mayo habían entregado la documentación correspondiente al asesor general de Gobierno. 

Desde aquel 1972
La vieja Ley 16 de Tierras y la dirección que la administraba quedaron atrás cuando el 10 de enero de 1972 el gobernador de facto, coronel Roberto O. Mazza, dictó un decreto ley que creó el Instituto de Colonización bajo la presidencia de Rodolfo Sarlenga y los vocales Mario Sacchi, por la Federación Agraria Argentina, y Juan C. Bártoli, por
la Sociedad Rural del Chaco, y era ministro de Agricultura José E. Flego.
En la nueva etapa que el país inició el 25 de mayo de 1973, el gobernador Bittel instaló en la presidencia del directorio a su hermano Raúl y las vocalías fueron para las Ligas Agrarias representadas por Carlos Orianski y el ingeniero Héctor Norniella.
Desfilaron después interventores y otros directores, pero la etapa que se puso en la mira fue la iniciada con el primer mandato de Angel Rozas y a la postre fueron 12 años de gestión radical que terminaron cuestionados desde diversos ámbitos, apuntando fundamentalmente a las concesiones que florecieron coincidentes con los años de expansión de la frontera agropecuaria y de irrupción explosiva de la siembra de soja en el centro oeste de la provincia. 

Opinión categórica
Hace un año y un mes, entrevistado por este diario, el fiscal auditor del Tribunal de Cuentas asignado a la investigación activada desde la asunción de Capitanich, el contador Raúl John París no vaciló en una opinión categórica como conclusión de una montaña de expedientes y otros elementos revisados: estamos ante la corrupción más grande de la historia del Chaco dijo, estimando un perjuicio ecológico cuantioso y de unos 500 millones de dólares en términos del patrimonio de tierras fiscales del Estado provincial que, a decir verdad, nadie puede precisar en la actualidad qué superficie de hectáreas disponibles existe.
Hace poco el Foro de la Tierra (que aguijoneó este flanco de irregularidades administrativas del mismo modo que el Foro por la Justicia Independiente predicara sin pausas para obtener el cuestionamiento
de legitimidad de las designaciones de tres ministros del Superior Tribunal, donde todavía resta la presentación
formal sobre dos de ellos) hizo una evaluación crítica de toda la revisión de irregularidades y presionó en
procura de resultados tan concretos como cabalmente esclarecedores. 

¿Cómo se trabaja?
En resumen, desde hace dos años aproximadamente el Tribunal de Cuentas incentivó las inspecciones de París que pudo contar con una comisión revisora de apoyo compuesta por profesionales contratados por la provincia que llegaron a ser 14 y se redujeron a la mitad, pero con mayor rodaje para reconstruir los pasos de los procedimientos tanto en Colonización, incluyendo sus delegaciones del interior, como otro organismo clave que siempre estuvo
en la mira, la Dirección de Bosques.
El gran soporte fue, al mismo tiempo, la intervención del Juzgado Civil 6 a cargo de la doctora Iride Grillo que a su
vez le confirió al contador Paris el rango de veedor judicial para el paquete de 68 causas
sometidas a su consideración, a partir de una acción de amparo interpuesta por los empleados de Colonización Vallejos, Rivero y Rolón.
Aquí con muchos cabildeos hasta de la fiscalía de Estado, estuvo en danza la recuperación de 36 expedientes, considerados como los más avanzados en la comprobación de las maniobras que desde febrero de 2009 estuvieron elevados a la órbita del Superior Tribunal de Justicia y acaban de ser devueltos al Instituto de Colonización.
Hay que decirlo, existe un laberinto administrativo que siempre deberá superarse hasta lograr que como remate
la Fiscalía de Estado inicie la acción de lesividad en los términos de la ley 1.140 desechando la vía de la expropiación, porque en tal caso se
estaría reconociendo una propiedad y un derecho indemnizatorio. 

Existe recuperación
La comisión revisora, de acuerdo con la fuente consultada por este diario, asegura la recuperación de 170.000
hectáreas, aún cuando debió resolver situaciones de boicot de intereses administrativos y se confirmó con la apertura de otro frente de irregularidades, que la Dirección de Bosques habilitaba manejos del recurso forestal, es decir desmontes a troche y moche, con sorprendente rapidez a las empresas que por el pase de mano de adjudicaciones a precios promocionales terminaron con el control de tierras fiscales sin desembolsos
equivalentes a una transacción privada.
Como referencia documentada en materia de respaldo político cabe citar que ante un requerimiento formal, que por
algunas buenas razones formulara el veedor judicial París,
el gobernador Capitanich comunicó el 28 de octubre de 2009 a través del asesor general Miguel Garrido que “es
voluntad del Poder Ejecutivo continuar con las investigaciones referentes a las adjudicaciones
de tierras fiscales”. 

Lo que viene
Es probable que la comisión revisora active desde mañana mismo entre 70 y 80 acciones de lesividad para recobrar
unas 80.000 hectáreas, dando una señal de avance hacia objetivos mayores. La investigación puede tornarse
bastante incómoda para los procedimientos, veloces por cierto, de protocolización de operaciones que convirtieron
a Colonización en una inmobiliaria.
Esto significa que se deberá avanzar en los protocolos de las inspecciones notariales en determinadas escribanías de Castelli, Tres Isletas, Pampa del Infierno y de Sáenz Peña.
Volviendo a la Dirección de Bosques, se requerirá mayor apoyo del Centro Satelital de Georreferencia habilitado en
Sáenz Peña y que puede facilitar información de importancia a los investigadores que, por supuesto, no desconocen que existen interesados en que esa fuente reveladora de irregularidades no se amplíe.
La comisión piensa mantener su ritmo a pesar de la ansiedad de resultados impactantes que refleje la opinión
pública y la propia presión de los conflictos internos del Instituto.
Es obvio que se debe proceder con responsabilidad y sin apresuramientos que pudieran comprometer a personas,
instituciones y profesionales, aunque se sabe de algunas empresas agropecuarias fuertes que “por si las moscas” ya están jurídicamente bien representadas. 

Mucho por hacer
Con el apoyo de recursos humanos y tecnológicos, el Instituto de Colonización está obligado a establecer lo que
hoy verdaderamente no sabe: cuánta tierra fiscal queda en manos de la provincia, acaso con la tarea paciente de revisar lote por lote en medio de una maraña de expedientes que no son menos de un millar.
Del mismo modo no existe certeza en la comisión revisora que las adjudicaciones al margen de las exigencias legales hayan sumado 1.500.000 hectáreas como pudo estimarse.
Este es el telón de fondo de la política que el gobierno impulsa en materia de mensuras, adjudicaciones y ahora
con la promoción de los consorcios rurales que promueve la subsecretaría a cargo de Osvaldo Lovey. En ese sentido,los diputados que han venido demorando el pliego de Branco Capitanich objetaron una reserva de 6.250 hectáreas en el departamento Güemes a favor de la Asociación Civil Ligas Agrarias.

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