Locales

Otra decisión política de antología: la Legislatura ataca al fiscal que hizo denuncia sobre su compra de terrenos

Jueves, 11 de Septiembre de 2008 - Publicado en la Edición Impresa

La denuncia del fiscal auditor del sector público provincial Milcíades Segovia ante las autoridades del Tribunal de Cuentas cuestionando el trámite aprobado por la Legislatura para adquirir los terrenos en que se construirá el edificio de ese Poder, cambió los planes de la sesión

y llevó a la Cámara de Diputados, que a partir de una cuestión de privilegio planteada por parte del legislador Martín Nievas, decidiera iniciar un expediente en la comisión de Asuntos Constitucionales para investigar la existencia de algún delito por parte del fiscal y la eventual denuncia penal, además de tener que determinar si se violó algún privilegio de diputados y de corresponderle una sanción.
Este tema sin dudas hizo que los proyectos que se trataron más tarde en la sesión quedaran en segundo plano, a partir de que la Legislatura básicamente decidió investigar a quien la investiga y de corresponder denunciar a quien la denuncia.
Los legisladores escucharon a su par justicialista quien en una larga exposición salió al cruce de las denuncias y apreciaciones efectuadas por el fiscal. Los dichos fueron respaldados por los bloques mayoritarios como así también la apertura del expediente el cual se inició en ese acto y lleva el número 851/08, en tanto que el Frente Grande y ARI dejaron sentadas sus objeciones al camino definido.
A la hora de hacer sus consideraciones, Nievas señaló que “tenemos la obligación de denunciar, de lo contrario somos cómplices por omisión de las afirmaciones que no solo son injustas sino tremendamente ilegales”. Acusó al fiscal de hacer apreciaciones de tipo “oportunistas” y que lo hizo “recurriendo a adjetivaciones de estilo socarrón y hasta con una evidente falta de respeto por la investidura de los 32 diputados”, agregando que si quiere cuestionar este proceso lo puede hacer como ciudadano, pero “no en el ejercicio de sus funciones”.
De antemano expresó que “este legislador hoy se expone a que digan que a quienes los controlan ahora lo quieren enjuiciar, pero a título personal no puede dejar pasar por alto esto, porque con nuestro silencio avalamos los dichos de un funcionario irresponsable y probablemente conductas ilícitas en el marco del ejercicio de sus funciones”.
Nievas pidió que en forma urgente la comisión diga cual es el camino que se debe adoptar si llega a configurar una conducta para poner en conocimiento del fiscal de investigaciones”.
Reclamo a sus pares que se expresen sosteniendo que “no puede ser que por aquellos que los que encuentran la quinta pata al gato demos marcha atrás. Hay que tomar partido, plantarse y poner un freno, para demostrar que no hay absolutamente nada que esconder en el proceso. Avanzamos o estas voces rayanas en lo ilícito nos van a seguir retrasando en el camino de la necesidad de construcción del edificio”.
Luego de que se diera cuenta que automáticamente se iniciaba el expediente, el diputado aliancista Marcelo Castelán apoyó la petición del legislador justicialista, donde señaló su sorpresa por esta denuncia recordando que “para hacer el proceso lo más transparente posible dejamos de lado la compra directa y optamos por la expropiación para que nadie tenga dudas. Nunca pensé que por el lado del Tribunal de Cuentas podría venir observaciones de un proceso que está en sus inicios”, al tiempo que cuestionó que se los puso a todos en un manto de sospecha.
También se expresó José De Bórtoli señalando que “me parece total desatino el procedimiento que utilizó el fiscal Segovia en esta excesiva exposición pública del tema en el que estaba trabajando”, además dijo que en el expediente iniciado “se podrá determinar con mayor precisión aspectos que tengan que ver con la calificación de la conducta de este funcionario”.
El bloque del PJ acompañó a su legislador en el pedido y también reprocharon al fiscal sosteniendo que “la adjetivación hecha desmerece su propio dictamen o denuncia y le quita seriedad”.
En tanto el diputado del Frente Grande Daniel San Cristóbal explicó que “si algún legislador se siente atacado o dolido tiene derecho a pedir que se arme un expediente, pero anticipamos que no compartimos el camino” y consideró que “forma parte de las reglas de juego democrática. No se me ocurriría iniciar querella por declaraciones que se han realizado en contra nuestra. Sabemos que estamos expuestas a las críticas mas duras y tiene que ver con cierto nivel de desprestigio, pero ofendernos a un planteo de este tipo y generar este expediente no es el camino pero acepto que los legisladores la utilicen y veremos que dice la comisión de Asuntos Constitucionales”.
El ARI a través de Alicia Terada también coincidió con su par del Frente Grande y aseguró que “me parece un exceso una cuestión de privilegio”.

En la sesión 

Si bien la sesión comenzó a las 18,35 -con la presencia de 24 diputados-, el temario previsto recién se empezó a desarrollar 50 minutos después, justamente por la cuestión de privilegio planteada. Algunos proyectos causaron inconvenientes y retrasos por las posiciones divididas, pero de a poco fueron avanzando en la sesión en la cual entre otros temas aprobaron un proyecto de Resolución en el que solicitan al Ejecutivo provea de guardia permanente al fiscal del Tribunal de Cuentas Raúl John Paris, quien recibiera amenazas. Cabe recordar que este fiscal es quien está llevando adelante la investigación por la adjudicación irregular de tierras fiscales.

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