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La violencia de género sin política de Estado

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento en la Argentina --y demás naciones de América Latina y el Caribe-- del tratado internacional más importante para combatir la violencia de género, conocido como Convención de Belém do Pará, se realiza en Buenos Aires una reunión del comité de expertos de la OEA, encargado del monitoreo del programa. La Ccnvención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1994. Su importancia radica en que ordena a los países que la ratifican --y la Argentina lo hizo en 1996-- la realización de acciones concretas para evitar y luchar contra esta pandemia. Define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y obliga a los Estados parte a adoptar medidas progresivas para modificar los patrones socioculturales que sostienen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que favorecen la persistencia de este fenómeno. En su primer artículo, la Convención de Belém do Pará considera que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Esta convención tiene dos mecanismos de seguimiento: un cuerpo político integrado por representantes de los gobiernos, y un cuerpo técnico formado por expertas independientes, una por cada uno de la treintena de países del continente que ha ratificado el tratado. Ambos mecanismos de monitoreo empezaron a funcionar en 2005. En el caso de la Argentina, analizarán un informe presentado por el gobierno, y otro alternativo, elaborado por un equipo de investigación de la filial argentina del Comité de América Latina por la defensa de los Derechos de las Mujeres. También serán escuchados los reclamos de la sociedad civil, nucleada en medio centenar de ONG. Los informes de estas entidades son sumamente críticos y se focalizan en que, tanto la prevención como la erradicación de la violencia contra las mujeres nunca llegó a constituirse en una política de Estado en nuestro país: no hay un plan nacional para enfrentarla, las partidas presupuestarias son escasas, persisten serios obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia y faltan sistemas estadísticos serios que midan la real dimensión del problema. Se cuestiona que las respuestas del Estado no tienen en cuenta que es la condición de género la que refuerza el factor de riesgo; se centran casi exclusivamente en la violencia familiar, intrafamiliar y/o doméstica, como si se tratara de un conflicto meramente hogareño y no de derechos humanos. Tampoco existen programas efectivos y sostenidos de atención a las víctimas, y los que existen están localizados en las grandes ciudades, ignorando que el problema se agrava en las zonas rurales y en regiones alejadas de los centros urbanos, en el interior del país. Se denuncia también una “dramática disminución” del presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer, a través del cual el gobierno nacional instrumenta las políticas públicas de género. De 2006 a 2007 la partida bajó un 80 por ciento y es de apenas 1.891.799 pesos. Cada año en el mundo mueren 800.000 mujeres a causa de la violencia de todo tipo, según la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, a pesar de que no hay estadísticas oficiales, diferentes especialistas y funcionarias coincidieron en señalar la magnitud de este problema que se está cobrando vidas humanas y que convierte la cotidianidad de las mujeres en verdaderos infiernos. Porque, a diferencia de otros formas de violencia, se ejerce hacia las mujeres por el solo hecho de serlo y se relaciona con una sociedad donde se han cristalizado roles diferenciados y jerárquicos entre mujeres y varones: en la familia, en el trabajo remunerado, en todos los órdenes de la vida social, pública y privada. Es primordial que el Estado adopte un rol activo para prevenir y erradicar todas las formas de violencia, con la creación y desarrollo de políticas públicas con perspectiva y equidad de género, así como destacar la importancia de un cambio cultural que permita que la sociedad no considere tolerable ni aceptable los lazos violentos, haciendo foco principalmente en campañas de prevención en el ámbito escolar, aunque sin dejar de lado que aún faltan fuertes programas de difusión masiva para que el tema adquiera socialmente la relevancia que merece.