Opiniones divididas sobre la reforma del Código Civil

El gobierno nacional postergará hasta el año próximo la sanción definitiva del proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, según anunció el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El fundamento de la decisión -la necesidad de buscar un mayor nivel de consenso con la oposición- resulta inédito en un kirchnerismo acostumbrado a imponer su criterio por la fuerza de su mayoría.

La reforma propuesta por el oficialismo despierta tantos consensos como disensos. Desde juristas y especialistas en los temas que se regula hasta líderes comunitarios y de la Iglesia coinciden en que la sociedad actual no puede regirse por un código pensado hace más de 140 años. También destacan la labor de la comisión de juristas a los que se les encomendó la tarea. Sin embargo, hay críticas por la premura para votar el nuevo código y por la falta de diálogo y de participación ciudadana. Muchos especialistas reclaman ser escuchados y participar activamente en la redacción de la nueva legislación, para evitar que la votación se tiña de un tono político.

Dalmacio Vélez Sarsfield fue el autor de nuestro Código Civil vigente, sancionado a libro cerrado el 19 de setiembre de 1869, sin modificaciones del Congreso al texto original, con más de 4000 artículos. Pasaron 140 y cuatro años, en los cuales la norma original tuvo mutaciones pero permaneció incólume en su estructura, y hoy los argentinos nos enfrentamos al inminente dictado de una nueva codificación.

Nadie ha objetado, hasta el momento, la necesidad de “aggiornar” a los tiempos este conjunto de normas de importancia cardinal para la vida diaria, para lo cual casi un siglo y medio de vigencia es más que suficiente para agradecer, festejar, y cambiar.

Pero en estos días el debate se centra en la oportunidad política de su sanción, en el presunto apuro por hacerlo, en las necesidades políticas del oficialismo, y en el tenor de algunas reformas. Sin embargo, algunos puntos debemos señalar para no perdernos en la maraña paralizadora de las cuestiones previas.

La reforma planteada no tiene carácter de prioritaria ni existen razones de urgencia para su sanción. Por tal motivo resulta incomprensible que el tratamiento de tan esencial transformación se lleve a cabo sin un amplio debate que involucre, no sólo a legisladores, jueces y abogados, sino a toda la sociedad.

Aspectos tales como la limitación a la propiedad privada, la responsabilidad del Estado, la pesificación de contratos y las nuevas normas relacionadas con derecho de familia -divorcio, reproducción humana asistida, aborto concepto de persona humana, que ponen en riesgo la protección de derechos fundamentales, sobre todo de las personas vulnerables, particularmente los niños y los adultos mayores - son temas de tal impacto en la vida cotidiana, que no pueden ni deben ser aprobados sin que la sociedad pueda participar a través de los mecanismos que las propias normas prevén, en su análisis y discusión y en un marco de tiempos razonables que permitan tal debate de modo de asegurar para las generaciones venideras un marco jurídico duradero y sustentable.

El código es el pilar de vida de los ciudadanos, y cambiarlo de manera total como se pretende con el proyecto implica desconocer la cultura construida por el pueblo argentino durante más de un siglo y modificar su historia.

Una reforma de esta naturaleza sólo tendrá legitimidad si se desarrolla en un clima de seriedad, consenso y estudio, no de manera apresurada e inconsulta como se pretendió hasta el momento.

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