La puerta giratoria y más demandas para una justicia muy cuestionada

Por: Miguel Angel Fernández

Si como dijo el filósofo y escritor Fernando Savater en la celebración de los 50 años de Adepa, “los periódicos están para ayudar a los gobiernos a no volverse locos”, cabe una analogía para admitir la validez del alegato presidencial de esta semana instando a “democratizar el Poder Judicial”.

No sólo reflejó el trasfondo de la permeabilidad corporativa en el caso Clarín, sino que puso a los tribunales de Tucumán en la picota por la escandalosa absolución de 13 personas imputadas en la red de trata que hizo desaparecer a Marita Verón mientras se desataba una corriente de indignación en todo el país hasta con actos de violencia.
Pero no es el único distrito donde sus primeras figuras judiciales deben poner las barbas en remojo: está en el Senado un proyecto de intervención al Poder Judicial de Corrientes donde, por otro lado, ha cobrado trascendencia nacional la denuncia del exgobernador Raúl Romero Feris sobre la persecución que está padeciendo, de tal manera que no sólo calificó a la justicia de su provincia como “un instrumento de apriete y sometimiento”, sino que marcó el contraste con la presentación de casi veinte pedidos de juicio político contra ministros del Superior Tribunal y el fiscal general.
El capítulo chaqueño puso sobre el tapete el desempeño de los fiscales con un pronunciamiento del ministro Juan M. Pedrini, que ayer respaldó el gobernador, utilizando esa figura de la puerta giratoria para un elenco delictivo estable -ya identificado- que saca tajada de robos, arrebatos y atropellos a la vida ciudadana con la contraseña de una rápida liberación, beneficiados por un sistema de justificada indignación social y habilitados para salir a perjudicar a más gente, cual profesionales explotadores de la escasa severidad judicial.

Otros reclamos

La intendencia municipal de Resistencia no ocultó su malestar por los titubeos de intervención de la fiscalía de turno para ordenar la contención policial de una atropellada contra las oficinas de Aída Ayala y otras dependencias, por un grupo de carreros y cartoneros que se manifestaron con violencia y causando daños, al protestar contra el traslado del basural a un nuevo sitio en las cercanías de María Sara, al que se debe llegar por la ruta 11. El problema adquirió tal magnitud desde el punto de vista sanitario y ambiental que el municipio adelantó la mudanza, pero quedó a merced de esos violentos en un episodio que, entre otras cosas, repudiaron la Cámara de Comercio capitalina y la Federación Económica del Chaco.

Otra cara de la moneda

La otra cara de la moneda es otro fiscal, Diego Canteros, que conduce la investigación del asesinato de Tatiana Kolodziey, un episodio que conmovió al país por el criterio judicial que puso en libertad a un violador serial que antes de cumplir un mes de su salida de la unidad penitenciaria de Resistencia sometió a la infortunada joven, vejada y asesinada, con matices que están saliendo a la luz en un trabajo judicial que demuestra solvencia y la sapiencia de un sabueso.

Denuncia contra Soucasse

El gobierno provincial quiso plantear como caso testigo de un seguimiento a fondo del desempeño judicial penal una denuncia llamada a promover su enjuiciamiento político contra el fiscal de Investigaciones Nº 1, Alfredo Soucasse, a través de su intervención en tres casos puntuales en los que el magistrado refleja conductas diversas como para imputarle incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento reiterado de deberes inherentes a su cargo y reiteración de graves irregularidades en el procedimiento.
Pedrini se apoyó también en la percepción de la sociedad de que las quejas de los últimos años por esa “puerta giratoria” de rápida liberación delictiva tienen confirmación en la investigación estadística sobre la existencia de un grupo de 120 personas que registran alrededor de 2.000 causas; entre ellas, sobresale un grupo de 13 que suma 436, y de ese núcleo “líder” solamente cuatro de las trece están privadas de su libertad, con un prontuario de 122 causas contravencionales y 281 judiciales.
Las fuentes oficiales, a propósito de la confirmación de estos datos, no ocultan que el efecto sobre la Policía no es otro que provocar desánimo e impotencia, en tanto entre los imputados predomina el concepto de seguir robando porque “es lo único que sabemos hacer y somos buenos en esto”. Los detalles son elocuentes en la disposición a encontrar una falla en el sistema, contando con la asistencia de abogados “sacapresos” que en última instancia arreglan el pago de una fianza por un monto que será recuperado en el próximo despojo de lo ajeno. El estudio destaca que en algunas fiscalías llama la atención la morosidad y la burocratización para resolver la situación procesal de los imputados, con una flexibilización que allana la liberación de los detenidos.
Se llegó a documentar la flexibilización de imputaciones penales recurriendo al video del robo a una empresa: quien transportó dentro del local la caja fuerte y apareció en primera instancia como autor, terminó siendo imputado como encubridor, y logró con esa variante su inmediata libertad.

La reforma procesal

La denuncia de Pedrini refleja haber perdido la paciencia bajo la presión de la oleada delictiva, aun cuando el gobierno provincial haya logrado que la Legislatura aprobara la reforma del Código Procesal Penal (ley 7.143) incorporando el procedimiento de flagrancia que abre las puertas de un sistema directísimo con plazos cortos y muy efectivos. O sea, darle celeridad al proceso sin afectar las garantías del imputado.

La relación política

En otro plano la relación política del gobierno de Capitanich con el Superior Tribunal, ahora bajo la presidencia de Alberto M. Modi desde los próximos días, tiene otro telón de fondo: después de varios años quedó resuelto el mecanismo de selección por concurso de antecedentes y oposición de los próximos integrantes del alto cuerpo, no bien se produzca la primera vacante. (Algunos hablan de la probable jubilación y el alejamiento del ministro Ricardo Franco para eludir el pedido de juicio político que todavía sobrevuela la Cámara de Diputados).
Del mismo modo, la representación del Consejo de la Magistratura refleja conceptos diferentes y se ha dictado una resolución que, a decir verdad, marcó el camino de la definición parlamentaria posterior.
El ministro Pedrini llegó a pedir que el cuestionado por ilegitimidad constitucional Rolando Toledo renuncie al Consejo de la Magistratura, pero se ha mencionado como una sorprendente paradoja que el titular de la representación del Poder Ejecutivo votara junto al mismísimo Toledo la designación como fiscal de la Cámara Contencioso Administrativa a la abogada Verón, que había sido denunciada por el Frente Grande que la acusó de mal desempeño en el caso de un concejal de Colonia Elisa. Al respecto, en los corrillos judiciales se identifica a esa flamante fiscal como actual pareja de uno de los hijos de la presidenta del Superior Tribunal durante este año, María L. Lucas.
¿O acaso desde un despacho importante del Poder Ejecutivo le habrían pedido a Pedrini que votara de esa manera?
¿Benefician estos episodios a la transparencia esencial en materia de igualdad de oportunidades, sin padrinazgos, para el desenlace de los concursos del Consejo de la Magistratura?