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Discapacidad e inclusión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pidió esta semana eliminar las barreras que limitan la participación de los más de 140 millones de personas que viven con alguna discapacidad en el continente americano.

     

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el 15 por ciento de la población del planeta vive con alguna discapacidad. 

La cifra coincide con los resultados de la última Encuesta Mundial de Salud, que al mismo tiempo apunta que, del total estimado de personas con discapacidades, 110 millones (2,2 por ciento del total de la población del planeta) tienen dificultades muy significativas de funcionamiento y 190 millones (3,8 por ciento) una discapacidad grave (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera).
Las cifras sirven para medir cantidades pero no alcanzan para entender la magnitud del problema de cada uno de esos cientos de millones de seres humanos. 

La organización señala que en los próximos años la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, debido al envejecimiento de la población y del aumento mundial de las enfermedades crónicas como la diabetes, las patologías cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

En Latinoamérica, las discapacidades más frecuentes son de movilidad, visuales y de discapacidad mental, intelectual y de comunicación. La mayoría es consecuencia de enfermedades crónicas, problemas degenerativos de la edad, accidentes, complicaciones relacionados con el embarazo y el parto, y enfermedades profesionales. 

En la Argentina, los resultados del censo 2010 arrojan la cifra de 3,2 millones de personas discapacitadas. Un dato que llama la atención es la prevalencia de la discapacidad en la mujer. A nivel nacional, el 11,7 por ciento de los varones tiene alguna dificultad o limitación permanente mientras que la cifra asciende a 14 entre las mujeres.
Las discapacidades más comunes en el país son la visual, 264.000 personas la sufren; luego la motora,110.000; le sigue la auditiva (72.000) y por último la cognitiva (55.000). 

En septiembre pasado, en el marco de la reunión del Comité de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el organismo internacional, a pesar de que reconoció la voluntad política del gobierno para avanzar en materia de discapacitados, señaló una inconsistencia en el marco legislativo argentino con respecto al igual reconocimiento ante la ley de las personas que sufren alguna discapacidad. 

La discriminación, la ignorancia, el incumplimiento de los cupos asignados a personas con discapacidad en empleos públicos, la falta de infraestructura urbana para que puedan movilizarse y de planes para asistir económicamente a los familiares que los tienen a su cargo, implican distintos grados de violencia con las personas que necesitan de los otros para poder manejarse en la vida. 

Tal es la preocupación frente a esa situación que una revisión encargada por la Organización Mundial de la Salud arrojó que los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que el resto. Precisamente, los factores que determinan que tengan un riesgo mayor son el estigma social, la discriminación y la desatención estatal. 

Como es habitual en nuestro país, son las organizaciones no gubernamentales, entre otras, las que han dado y siguen dando sobradas muestras de una enorme preocupación por la discapacidad y, especialmente, por la que padecen los niños. 

Las escuelas y los maestros especialmente entrenados para atender estas afecciones hacen tremendos esfuerzos para ayudar a los chicos y a sus familias. Pero todo resulta poco cuando se enfrentan a estos estados de vulnerabilidad, especialmente porque faltan recursos y la debida concientización de que el problema nos atañe a todos. 

La OPS recomienda poner en macha políticas, programas y planes de salud centrados en las discapacidades, para lograr que los sistemas y los programas de salud pública sean más inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 

Los gobiernos deben asumir todas sus responsabilidades en ese sentido, sumándose y apoyando la importante tarea que, desde siempre, han venido realizando las familias y las organizaciones de la sociedad civil.

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