Consejo de Ambiente: integrantes advierten irregularidades en su conformación y funcionamiento

Un grupo de miembros del Consejo Provincial del Ambiente, mediante una misiva, pusieron a consideración del ministro de Planificación y Ambiente, Raúl Codutti, serias irregularidades en la conformación, prevista en la Ley Nº 3963, y en el actual funcionamiento de este organismo. “Las demoras e indefiniciones hacen que la constitución final del Consejo y la concreción de su reglamento vayan dilatándose y que, en definitiva, esas instancias ocupen lo que resta del año, evaporándose así hasta la mera posibilidad de dar tratamiento a tantos problemas ambientales acuciantes que aquejan a la provincia y a la región”, advirtieron. La nota presentada el 31 de octubre de 2012 lleva las firmas de Eugenio Rolón y Eugenio Emilio Rolón (Fundación Casco Histórico Barranqueras), Luis Bartra (Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana), Toribio Navarro y Clara Riveros Sosa (Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia).

En primer término advirtieron que, tras la reunión inicial para constituir el Consejo Provincial del Ambiente, el día 5 de junio de 2012, “se llevaron a cabo sólo escasas e irregularmente avisadas reuniones más”. Así, advirtieron que carecen de validez las decisiones tomadas en un contexto de postergación de reuniones y de avisos de reunión que se envían obviando a algunos participantes. Al respecto, señalaron que fue desatendido un pedido específico por parte de los ambientalistas de permitirles la revisión y el debate de los puntos abordados y que fueron materia de decisiones irrevocables. “Estas circunstancias quitan validez a la proclamada participación y vacían de sentido a un Consejo de las características con que se lo presentaba y al que nos habíamos acercado con el mejor ánimo de integración y de concretar nuestros aportes de manera constructiva”, resaltaron. Asimismo, indicaron que “a la esperada diversidad de criterios -que según se anticipaba- enriquecería a este nuevo organismo, se le antepone una insistencia en hacer prevalecer el criterio de los funcionarios y una persistente descalificación de las posturas de los participantes”. Sin respuestas En otro ítem, los firmantes expresan su preocupación por la “total ausencia de respuestas a la nota que le fuera elevada (al ministro Codutti) en junio; a los interrogantes planteados verbalmente en las reuniones por algunos concurrentes y que recibieron contestaciones que no guardaban relación con las preguntas formuladas; y a las solicitudes formales de inscripción en el Consejo presentadas por diversas instituciones en cumplimiento de las pautas establecidas por la cartera a su cargo”. Mientras tanto, lamentaron que las actividades y declaraciones concretadas desde la cartera de Planificación “no sólo no condicen con las posiciones sustentadas y expresadas claramente por los participantes de este Consejo (y supuestamente vinculantes), sino que resultan opuestas, y en los dichos públicos ni siquiera se hace mención de la existencia de tales discrepancias con la postura oficial”. “Un ejemplo de esta situación se da en lo concerniente a la ley de Biocidas”, indicaron. En ese orden, se mostraron sorprendidos por una manifestación pública del funcionario que señalaba que la ley de Biocidas cuenta con el consenso de la más importante organización ambientalista de la provincia, sin mencionar de cuál se trata. “Creemos que si así fuera se estaría rompiendo el compromiso de participación al establecer acuerdos unilaterales por fuera del Coproa. Además, deseamos que se esclarezca el nombre de la entidad así privilegiada y si forma parte de este Consejo”, señalaron. Del propio bolsillo Más adelante expusieron su queja ya que los gastos devenidos del traslado a Sáenz Peña para una reunión de dos horas corrían por cuenta propia y no estaban a cargo de la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que esta área “no cuenta con presupuesto para cubrir los gastos de traslado cuando el Coproa funciona en el interior provincial”. “Entendemos que estamos prestando colaboración, y gratuitamente, los ciudadanos que nos involucramos en esta tarea; cuestión aparte de que las organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecemos no cuentan con medios económicos o éstos son sumamente escasos porque sus participantes actuamos voluntariamente”, resaltaron. Propuestas “cajoneadas” Por último, señalan que mantienen vigencia “una cantidad de demandas y propuestas presentadas desde el ambientalismo y a las cuales no se les dio curso”, entre ellas, la participación de otras organizaciones aborígenes, además del Idach. “Es muy significativo el hecho de que este Consejo no pueda tener injerencia -tal como lo expresara el subsecretario Luis Casas- en temas tan definitorios de lo que es el ambiente y particularmente el nuestro, temas como lo son los recursos naturales y los bosques, medida ésta que peca de restrictiva y de incongruencia con la finalidad que, se estima, debe tener el Consejo del Ambiente y en abierta contradicción con el sentido holístico que conlleva la propia definición de Ambiente”, concluyeron.

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