La democratización policial necesita a la sociedad civil

El bochorno de la vía liberada para que cargamentos de cocaína se escondieran en bolsas de carbón vegetal que salían hacia España y Portugal cobró una dimensión que fue la gota que colmó el vaso y precipitó el lanzamiento del proyecto de ley de seguridad pública, que el gobernador sometió al escrutinio ciudadano con una visión de la realidad del delito de tal crudeza que sacudió a todos los cuadros policiales como nunca había ocurrido desde que el montenegrino llegó al gobierno hace poco más de cuatro años.

Los entretelones del caso detectado al intervenir los controles españoles llegaron a la mesa del gobernador confirmando que se había dejado pasar que hace un año una empresa alquiló galpones en Quitilipi, hasta enterarse ayer de que la jueza federal de Sáenz Peña pedirá la extradición del jefe de la banda Patricio Daniel Gorosito, expresidente del muy publicitado Club Arroyo Seco, cercano a Rosario, en tanto Juan Carlos Rodríguez, el responsable de la planta quitilipense, todo un desconocido para la Cámara de Exportadores de la primera provincia productora del país en ese rubro, permanece detenido. Capitanich abordó en Buenos Aires a las autoridades aduaneras y de la AFIP, que tendrán que reconocer deficiencias de control de los contenedores o fallas técnicas del escaneo imprescindible en exportaciones de ese carácter.

Alta vulnerabilidad

Al fundamentar la nueva legislación el gobernador identificó entre las flaquezas del servicio policial a la “alta vulnerabilidad ante el narcotráfico”, involucrando también a las fuerzas federales competentes en ese ámbito. Calificó de gravísimo al suceso de Quitilipi y abogó por identificar a los comerciantes de cocaína y marihuana que operan desde las sombras. No sabía entonces que dos días después se interceptaría un camión con 400 kilos de marihuana en la zona de Charata y se buscaba a otro, como se informa en esta edición.
Sin desconocer que este es un flagelo universal, al que se refirió el sumo pontífice Benedicto XVI a su llegada a México, una nación donde el narcotráfico cogobierna matando y corrompiendo con el manejo de fortunas de magnitud ilimitada, Capitanich se fijó a sí mismo la meta de que “el Chaco sea una provincia libre de drogas”, reconociendo que sin un esfuerzo de acción colectiva eso nunca se logrará.
“Estoy dispuesto a enfrentarlos”, proclamó con una advertencia sin exclusiones: “El que no esté dispuesto a cumplir que se vaya. No lo quiero en mi gobierno ni en la fuerza policial. Creo que tampoco la justicia y la sociedad chaqueña lo quieren, por eso no tenemos más excusas”.

La democratización

“El mundo de la política argentina se ha desinteresado de la seguridad pública y esa es una deuda pendiente con la democracia desde su instauración”, afirmaba Marcelo Sain en un extenso diálogo con Magdalena Ruiz Guiñazú publicado hace tres años en “Perfil” y donde se lo presentaba -entonces era interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria- como un experto en seguridad, especialmente en lo referente a mafias policiales y lavado de dinero.
El Chaco no ha sido la única provincia a la cual asesoró Sain para replantear sustancialmente su sistema de seguridad, pero en este caso encabezó un equipo de siete profesionales, entre ellos cuatro abogados, que propuso un proyecto que después revisó y ajustó el propio Capitanich con un concepto básico: “El autogobierno policial no resiste más, y en ese sentido el Chaco recibió una recomendación de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al dictaminar sobre el caso del artesano Juan Ángel Greco que murió en 1990 en la comisaría de Puerto Vilelas, para que el control de los actos policiales sea externo y no en el propio seno de la institución”, explicaba una alta fuente.
El planteo nace del reconocimiento de que la seguridad pública se ha convertido en el mayor problema social, con una demanda que ya trasciende al ámbito policial y llega a los intendentes, con la reacción comunitaria cargada de preocupaciones como acaba de ocurrir en Hermoso Campo, donde el jefe Hugo Lisboa no eludió ninguna demanda, fruto de la intranquilidad imperante.
El vocero del Consejo de Seguridad Interior de la Nación calificó este proyecto como el más avanzado de la Argentina al haber escogido el camino más difícil, en un acto de valentía y no demagógico, que para dar frutos necesitará decisión e inteligencia.
El primer objetivo específico es “fortalecer la conducción política de los asuntos de seguridad y la capacidad institucional de gestión”, con un sistema de once componentes, siendo uno de ellos la policía del Chaco y otro el servicio penitenciario y de readaptación social. Algunas de las novedades pasan por la creación en el seno del Ministerio de Gobierno de la Secretaría de Seguridad Pública, del Consejo Provincial de Seguridad Pública y del Observatorio sobre Violencia y Seguridad Pública, con amplia participación entre otros de la Justicia, la Legislatura, las intendencias municipales y los foros vecinales de seguridad preventiva, funcionando como tales y no como simples cooperadoras de apoyo de las comisarías.

Diagnóstico duro

Hubo versiones sobre ofrecimiento de renuncias del jefe y subjefe que nunca fueron confirmadas, pero sí se sucedieron reuniones en la capital y el interior que recogieron distintas posiciones de los cuadros policiales ante la crudeza del diagnóstico de Capitanich, que llegó a calificar de “excusa miserable” que algunos comisarios que no actúan argumenten carencia de combustible para los móviles.
Anunció que ordenó la remodelación y reparación de 86 comisarías -entre las que está el increíble caso de la obra frenada en Villa Ángela- y fue duro al cuestionar al sistema 911 porque hay 40 vehículos que no funcionan como corresponde. (Aquí nos dijeron que las unidades paradas, sin repuestos de importación por su procedencia china o muy deterioradas, ya llegan a 60 y eso explica que las luces de esos llamativos móviles con sus jóvenes tripulantes ya no abunden en las calles de Resistencia y de ciudades del interior).
En suma, entre las fortalezas señaló el freno al juego clandestino y a los piratas del asfalto, pero las debilidades pasaron por la ineficacia en resolver los robos a mano armada, la seguridad deportiva, el renovado incremento del volumen de delitos y de accidentes de tránsito, así como en una década y media se duplicó la cantidad de reclusos, para quienes en abril se habilitará la nueva alcaidía de Sáenz Peña y comenzará la construcción de otra a pocos kilómetros de Resistencia.
Las deficiencias se adjudican a un problema central de organización. Ahora se buscará que sean civiles quienes reciban las denuncias con la mayor tecnología disponible para su inmediata transferencia a un 911 que funcione mejor. Se pretende que las comisarías ya no alojen reclusos ni que resignen personal en trámites administrativos y notificaciones judiciales. Será esencial mejorar la capacitación para la mayor calidad de intervención y se articulará con la seguridad privada -que ya cobra gran volumen- el criterio de una participación civil que amplíe todo el frente de acción coordinada.
En suma, la autocrítica del gobierno fue profunda y su propuesta que “no es en contra de nadie, sino para bien de todos”, se agotará en modificaciones más teóricas que prácticas en la medida en que no se logre que la incertidumbre y el temor que genera el alto nivel de inseguridad actual se conviertan en factores que jueguen a favor de una reacción social de acompañamiento.
El primer escollo será la comprensión y el acoplamiento de cuadros policiales, en los que no faltaron en las últimas horas voces de resistencia o rebeldía, instando a manifestarse con la dureza de los recientes sucesos de Misiones.
Tal vez sea mejor escuchar sugerencias y antecedentes de su propia experiencia que los jefes policiales puedan sumar al análisis legislativo que viene, porque el nivel de profesionalidad y de vocación de servicio siempre prevaleció sobre los altibajos presupuestarios.
No hay excusas para nadie ante el apogeo del delito: a todos nos cabe alguna contribución, pero nunca la indiferencia, cuando no se exime a nadie de haber soportado un despojo de alto riesgo personal o patrimonial y el riesgo está al acecho sin diferenciar a nadie que pueda ser sometido con su respectiva familia a la violencia armada y los desenlaces más dolorosos.