Equipo que gana no se cambia siempre que no surjan fisuras

Si la ley que fue festejada por el gremio mercantil al lograr que esta provincia se considere facultada para impedir el desarrollo de actividades comerciales en días domingo y feriados de supermercados e hipermercados fue el primer triunfo político del próximo presidente parlamentario que será el ministro de Economía, Eduardo Aguilar, donde arrancó con el apoyo del sector minoritario del frente Chaco Merece Más, diputados Bolatti y Acosta, como motorizadores (y de paso, los votos más seguros para su ingreso directo como titular del Poder Legislativo) hay que advertir que este episodio refleja un nuevo precedente de las dicotomías que configuran la asechanza más preocupante del nuevo capítulo de la gestión del gobernador Capitanich.

No se trata de una anécdota, sino del montaje por lo menos inoportuno de una definición parlamentaria muy cuestionable y con riesgo de ser vetada o declarada inconstitucional, justamente en plena transición oficialista donde el internismo echó leña al fuego de las designaciones pendientes y, como si fuera poco, como telón de fondo la situación de la tesorería dista mucho del desahogo, a tal punto que el mismo Aguilar recurrió a un anuncio en el filo de la jornada del viernes tratando de contener la presión en diversos frentes de obligaciones, no bien tuvo la confirmación del giro de fondos cuando Capitanich ya estaba en actividad en Buenos Aires.
Uno de esos frentes delicados, para no abundar en detalles, es el Insssep, tanto en el pago de vencimientos a prestadores de la obra social como en la oxigenación de su farmacia, donde la renuncia de Julio Sisti es como la punta del iceberg de un verdadero desbarajuste financiero del organismo donde, como hecho político inexorable, la reorganización ya decidida por el Ejecutivo pasará por una renovación total de la representación oficial, es decir que Atilio Velázquez como presidente y Oscar Arévalo como vice solamente llegarán en funciones hasta el 10 de diciembre.

La ley que vetó Rozas

Aunque los legisladores radicales se abrazaron emocionados con los dirigentes mercantiles después de la votación donde uno solo de los integrantes presentes del bloque opositor se abstuvo, en tanto la raleada representación oficialista votaba dividida y hablaba para el diario de sesiones, esta es una más de las películas que ya vimos en la política chaqueña o, dicho de otra manera, una piedra con la que ya tropezamos.
El 12 de octubre del año 2000, el gobernador Angel Rozas vetó en todas sus partes la ley 4.789 que, como dice en los fundamentos, había sido votada una semana atrás prohibiendo en toda la provincia la apertura de establecimientos comerciales los domingos y feriados nacionales. La decisión se recostó en las atribuciones que los artículos 118 y 141, inciso 4, de la Constitución Provincial, confieren al Ejecutivo y después aportó diversos argumentos, incluyendo referencias sobre hábitos dominicales de la sociedad chaqueña y previsiones empresarias con inversiones significativas, que actualizadas once años después cobran una dimensión mucho mayor.
Si Rozas hablaba del impacto de riesgo de esa prohibición en las inversiones en nuestra provincia, ¿cuál es la respuesta que cabe esperar de un gobernador como Capitanich que durante cuatro años se empeñó, sin bajar un cambio, en esfuerzos de captación de esas inversiones y en su carpeta de nuevos proyectos legislativos incluye propuestas de mayor envergadura?
¿El estudio de factibilidad de la ciudad administrativa, cultural y deportiva confiado a la Corporación Puerto Madero tuvo en cuenta el imponderable de toparse con una legislación como esta? ¿En las negociaciones con el grupo Pegasus se advirtió al inversionista que no se le puede garantizar una red de seguridad jurídica? (Esto lo saben muy bien integrantes del gabinete como el propio Aguilar y el secretario de Planificación, Raúl Codutti).

Para tener en cuenta

La Legislatura intentó abrir una puerta ciñéndose al poder de policía sobre la habilitación de comercios, facultad que la provincia comparte con los municipios. ¿Quién puede ignorarlo?
Sin embargo, el proyecto fue tratado por la comisión de Legislación del Trabajo y Previsión Social, pisando terreno nacional, donde impera el contrato de trabajo y quien dicta normas es el Congreso Nacional.
Los abogados consultados por este diario coinciden en que la provincia no está legitimada constitucionalmente para prohibir la circunstancia contractual del trabajo dominical y sí consideran que debería ocuparse de fiscalizar que el acuerdo voluntario entre las partes se cumpla. Es decir, que el trabajador acepte desempeñarse un domingo y sea compensado con una retribución extraordinaria, como está en la ley y rige desde hace años en tantos convenios colectivos. El periodismo es un ejemplo, porque de otra manera ¿cómo saldrían los diarios el 26 de diciembre o el 2 de enero si no se trabajara en el feriado previo?
En suma, si la Dirección de Trabajo actuara en serio en este rubro (puede aplicar multas y cerrar establecimientos), verificaría también que ese trabajo dominical ni es obligatorio ni debe ser sancionado quien se niegue a realizarlo del mismo modo que se debe respetar si existe un contrato laboral.
Una más: el atajo que también huele a discriminación ilícita al apuntarles básicamente a los supermercados (que en Resistencia los hay pertenecientes a capitales de Francia, EE.UU. y también regionales que aumentaron los que había en el año 2000 cuando vetó Rozas) no podrá eludir que cuando la ley en cuestión llegue a sus manos y tomándose el tiempo legal que dispone en esos trámites, el Poder Ejecutivo formalice el veto.
Hay opiniones adelantadas por el ministro Pedrini y muchas miradas puestas en el vicegobernador porque todos saben muy bien que si la dicotomía mandara en este episodio, los recursos de inconstitucionalidad van a dispararse sobre la justicia desde los estudios jurídicos de ese sector empresario que han seguido muy de cerca la redacción escogida en un pronunciamiento legislativo que si pretendió fervorosamente abrir un surco de jurisprudencia social en el país, tendrá que ser muy ágil para esquivar ese tacurú jurídico que salta a la vista.

¿Ministros confirmados?

Si el concepto básico “equipo que gana no se cambia” mantuvo a capa y espada la fórmula Capitanich - Bacileff Ivanoff, puede afirmarse que la continuidad de todo el gabinete, excepto el reemplazo obligado del ministro de Economía por el subsecretario Federico Muñoz Femenía, ha madurado lo suficiente como para que se trabaje detrás de las nuevas metas ya anunciadas en la apertura del debate del presupuesto participativo.
El ministro de Gobierno debe proponer al sucesor de José Mongeló, que será diputado nacional, y podrían dividirse otras áreas, ratificándose a la conducción policial.
El ministro de Educación, Francisco Romero, seguramente ampliará y renovará algunas piezas de un gabinete que por momentos parece abrumado por la dimensión, las complejidades técnicas y financieras de la estructura con mayor volumen de agentes y de sueldos, sin hablar de las negociaciones salariales previas al ciclo lectivo.
Tanto en Producción (Enrique Orban), en Desarrollo Social (Beatriz Bogado), y en Salud (Francisco Baquero), las novedades pueden surgir solamente en plano de subsecretarías. El veterinario oriundo de General San Martín, por ejemplo, tiene una referencia clave en el holding agropecuario diseñado y un sólido soporte en la gran campaña agrícola que viene con buenas lluvias.

Omar Judis, ratificado

El holding de servicios públicos implica con la ratificación del ministro de Infraestructura, Omar Judis, que presidirá los directorios de Secheep -como ya lo hace- y también de Sameep, porque se sumarán áreas de proyectos de combustibles (ya se instalaron las primeras estaciones operadoras mayoristas), energía no convencional y el nuevo sector de exploración y explotación de hidrocarburos, en el ambicioso holding de servicios públicos. No debe descartarse, por ejemplo, que el oxígeno financiero para Sameep pase por establecer un cargo específico como ya se pudo hacer en materia de electricidad.
Entre novedades inminentes, Capitanich impulsará una empresa de residuos urbanos que afrontará su primera etapa en el área metropolitana.

Nombres en danza

Hay fundamentos de referencias serias para estimar que el subsecretario de Inversión Pública, ingeniero Hugo E. Atanasof, puede convertirse en el primer ministro de Medio Ambiente cuando sea aprobada la Ley de Ministerios, salvo que se promueva al actual subsecretario Raúl Fernández.
Por otro lado, no es nueva la intención del gobernador de reorganizar sustancialmente al Insssep y confiarle su presidencia al diputado nacional Antonio Morante, que estuvo al frente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja y fue, como se sabe, el candidato impulsado por Capitanich para intentar la recuperación de la intendencia de Sáenz Peña. Del mismo modo se habla de la contadora Raquel Simoncini, directora de la Fiduciaria del Norte, para ocupar la vicepresidencia que también nomina el Ejecutivo.
A la vez, abundan los aspirantes a la vocalía vacante en Lotería Chaqueña por el sector oficial y existen propuestas de los partidos aliados para participar desde diversos cargos en organismos autárquicos, del mismo modo que está en agenda normalizar con urgencia el área de Comunicación Pública, tanto en términos políticos como en obligaciones de la publicidad oficial.
Queda un gran interrogante sobre el rol que el gobernador le ofrecerá a Gustavo Martínez: será, se dice, en un organismo que abarcará el ordenamiento territorial con amplia competencia y un campo de acción que aproveche su experiencia política.
Los últimos datos legislativos aseguran que la elección de autoridades recomendada por Capitanich no tendrá resistencias conspirativas y la presidencia del bloque se asignará a uno de estos hombres cercanos a Martínez: pueden ser Martín Nievas o Ricardo Sánchez.
No obstante, la última palabra surgirá de la votación del ampliado bloque oficial de 19 miembros donde superar la dicotomías cotidianas hacia adentro y con las orientaciones del Poder Ejecutivo no será tarea sencilla, tal como ya se ha visto en la experiencia de la ley festejada por los dirigentes mercantiles y aplaudida por algunos empresarios que al estar tan satisfechos deberían dar el ejemplo cerrando sus supermercados los domingos, aunque el veto inexorablemente llegue y lo ocurrido 11 años atrás se repita.