Temas de hoy: Nicolás Dujovne Renuncia Fin de semana largo Accidente fatal Autoplanes de ahorro
Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/180985
Entrevista a especialista en criminología y minoridad

En la Argentina ciertos delitos tienen una condena mayor que los de genocidio

Claudia Cesaroni llegó a Resistencia para entrevistarse con su defendido detenido en la U7. Por él lleva a la Suprema Corte un pedido de revisión de la condena. Con NORTE habló de las falencias y de los perjuicios derivados de las reformas al sistema de ejecución penal. 

 

cesaroni.jpg
La criminalista dialogó con NORTE durante su breve estadía en Resistencia durante el feriado por el Día de la Independencia.

La abogada, docente y magister en Criminología -junto a Gabriel Lerner- pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar una sentencia de 34 años de prisión que se le impuso a Víctor V. por delitos cometidos cuando tenía 17 años de edad.

Cesaroni llegó ayer a Resistencia proveniente de Buenos Aires para mantener una entrevista con su defendido una semana después de presentar un recurso extraordinario. 

En 2010, esa condena implicaba dos veces su vida; y estaba vigente la Convención de los Derechos del Niño, que establece que al fijarse una pena a un menor de 18 años, la prisión es el último recurso y de aplicarse, sea lo más breve que se proceda.

Cesaroni explica por qué en la construcción jurídica de los derechos de los niños la sanción es distinta: en el régimen penal de la minoridad la opción es aplicar una pena atenuada que equivale la de la tentativa en los adultos. “Esto quiere decir que si sos adulto y cometés un delito, te corresponde una pena; y si tenés menos de 18 años y cometes el mismo delito, te corresponde una pena menor”, describe.  

La sentencia de Victor V. se produjo mientras la Argentina estaba denunciada ante la comisión de DDHH por aplicar penas altas a menores de edad. En 2013 la Corte Interamericana sancionó al país por esa acusación y entre las recomendaciones del organismo está la de revisar sentencias.  

En peores condiciones

Además de que no se hizo lugar a una pena atenuada, la abogada agrega que Víctor V. cumple su pena en condiciones peores a las que si hubiera tenido perpetua. Ingresó con 7 de conducta y 3 de concepto, sólo por tener una condena larga pese a que se capacita y realiza actividades que no se traducen en una mejora de su calificación. La respuesta que recibe del sistema penitenciario es que si se la aumentan iría a una cárcel de mediana seguridad. “Es decir que no importa el esfuerzo que haga, esa situación desalienta, y antes que empezar el secundario prefiere quedarse con la primaria”, ejemplifica.

“Las consecuencias son peores que con una perpetua, porque de esperar 15 años para pedir una salida transitoria y a los 20 para una salida condicional, este chico tiene que esperar más”. Como la condena es numérica, a los 17 años (la mitad) recién puede pedir transitorias y a los 22 años y 8 meses (dos tercios) condicional. 

Con la reforma de la ley de ejecución penal en 2017 hay detenidos que saben que con determinadas sentencias no van a tener libertad condicional. Un ejemplo: si Víctor recibía una condena hace dos años debería cumplirla ‘de punta a apunta’. “Es terrible esto. Es el dinamitamiento de la ejecución penal, destroza el sentido de la ley, que es la progresividad”, agrega.

Entonces se cuestiona que el sistema penal de la Argentina pone condenas más altas (de hasta 50 años) que las que pone una corte penal internacional a genocidas (con máximas de 30 años). “Es una locura. Tenemos la cantidad de años más alta de todo el continente”. 

Aumentando penas no se resuelven delitos graves o violentos 

Claudia tomó contacto con el caso en marzo de este año, cuando a partir de una publicación en su muro de Facebook le escribió la hermana de Víctor. Comparte la defensa con Gabriel Lerner, exfuncionario nacional de Niñez, con quien trabaja en Argentina No Baja, una red que se opone a ampliar la punabilidad en adolescentes.

Los unió el cuestionamiento a reformas penales que se generaron a partir del caso Blumberg. Entre ellas, el aumento de penas de hasta 50 años. Cesaroni sostiene que hubo una distorsión “abonada por una mirada que cree que aumentando penas se resuelven situaciones delitos graves o violentas y no es así”. En coherencia con la proporción de presos que acceden a una salida transitoria “que son muy pocos”, aclara.

Por otra parte antes que hablar de resocialización la abogada elige el concepto de la reinserción: “Ésa es la promesa que hace el Estado a través de sus normas”. Y desde una mirada personal sostiene que cada vez que entra en una cárcel no solo ve al ‘asesino de otra persona’, sino a alguien “que está pagando por lo que hizo, que tiene una familia, estudia una carrera, y está reflexionando. Las personas son muchas cosas, no una sola”.

Cesaroni es también una de las impulsoras del Centro de Estudios en Política Criminal y de Respeto a los Derechos Humanos (Cepoc) un espacio que desde 2004, entre otros fines, analiza y propone políticas públicas relacionadas con la criminalidad, la conflictividad social y la violencia estatal.

La organización está compuesta por criminólogos, sociólogos y abogados, y en los inicios fue impulsada por María Laura Böhm, Mariano D'Ambrosio y Mariano Gutiérrez.