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Claudia Araujo
Por: Claudia Araujo
Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Buenos Aires

“Nuestra pelea hoy es contra el relato de los dos demonios”

La psicóloga y docente universitaria Adriana Taboada recorre parte del camino que permitió sostener los juicios de lesa humanidad en nuestro país. 

Fotos de Mónica Soria 

Como integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte (CABA) y docente en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Tres de Febrero (Untref) buena parte de sus contribuciones están dedicadas a la difusión de casos. Y en una reciente exposición para periodistas expuso por qué el terrorismo de Estado en la Argentina empezó mucho antes del golpe del 76: “El genocidio no comenzó el 24 de marzo, se construyó mucho antes”.

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“Ir a los juicios es parte de una construcción y de poder saber que en este país hubo un genocidio”, plantea Adriana Taboada. Foto de Mónica Soria.  

Taboada sostiene que la última dictadura eliminó una parte de la población para cambiar el patrón de acumulación económica de un país, y que pudo hacerlo construyendo un ‘otro negativo’.

Al enumerar cada etapa y sus rasgos, mencionó que en un primer momento determinadas características se empiezan a devaluar con cuestiones denigrantes y hasta amenazas. “Así como el régimen nazi empezó con los adversarios políticos, después siguió con la población de origen judío, los homosexuales y otros grupos sociales; en la Argentina la otredad negativa se ve en la forma en que empieza a ser calificado el activismo político”.

La docente describe que en ese contexto la militancia se transformó en un hecho policial y ser un militante político era sinónimo de delincuente subversivo. “Además daba igual pertenecer a una organización armada, dar clases en una villa o ser un vecino que buscaba organizarse por intereses barriales. Todo eso se construyó de una manera negativa”.

Por etapas  

Después de la construcción del otro negativo, un segundo paso incluyó el hostigamiento, con la reproducción de actos persecutorios ante lo que se consideraba una amenaza, y entonces ‘algo había que hacer’. 

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La vigencia de una de las capacitaciones organizadas en el sindicato de prensa de Buenos Aires (Sipreba) a fines de 2018. Foto de Mónica Soria. 

En la misma descripción menciona una escalada: un primer aislamiento de esa otredad negativa. “Con el nazismo fue espacial y se vio claramente en los ghetos, en nuestro país el aislamiento fue social, se fue rompiendo el lazo del militante o activista social con sus grupos de pertenencia y con la población en general”. Le sigue una profundización del aislamiento de ciertos grupos con intervención del Estado, por ejemplo, distribuyendo folletos en colegios del país con las características de un subversivo. “Después de esa etapa sobrevino el aniquilamiento concreto, el exterminio, la muerte”.

Un último momento involucra una valoración simbólica: contar la historia. Si fue una guerra o una persecución, los mismos hechos tienen un sentido en función de cómo se cuentan. “Ese relato forma parte de nuestra pelea actual. Hoy nuestra pelea es contra el relato de los dos demonios”, señala Taboada.

Formas de hacer

“En este país hubo un genocidio reorganizador; se llamó Proceso de Reorganización Nacional, es decir que el aniquilamiento se produjo para transformar las formas de relación. Cuando se dice que en este país se mataba al que pensaba distinto, en realidad fue al que hacía distinto en términos sociales. Se atacó a una práctica barrial y hay términos que ya no se utilizan ni forman parte del vocabulario. En la película Luna de Avellaneda se ve la práctica de una sociedad de fomento, la cooperación, la colaboración, el pensar al otro como un aliado, un vecino y no como alguien que puede hacernos daño. Esta es la transformación de la que hablo”.

Deuda con los trabajadores

Antes del golpe militar la distribución del ingreso era de prácticamente 50 y 50 entre trabajadores y dueños. Dos años después en 1977 el 70% era para el capital y solo el 30% para los trabajadores.

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Los nombres, los rostros y su valor simbólico hoy. Foto: Registro Único de la Verdad – Chaco.

“Si no se eliminaba a una parte de su población no había otra forma de cambiar el patrón de acumulación económica de un país. Ninguno de los golpes anteriores logró lo que el del 76. Por eso digo que la clase trabajadora organizada tiene una deuda enorme con sus víctimas, porque en este país existía un movimiento obrero organizado, consciente y luchador que resistía a cada intento de avanzar hacia el modelo de acumulación. Tenían que barrer con eso”.  

“El movimiento sindical tiene una deuda porque el grueso de los desaparecidos y asesinados eran trabajadoras y trabajadores. El movimiento obrero organizado tendría que haber sido el primero en levantar esa bandera y en defender a las víctimas de esas injusticias. Pero eso no pasó de esa manera y recién ahora se van sumando a las capacitaciones con la idea de ir juntos a una audiencia”.

Llenar las salas

En cuanto al presente y como familiar de víctimas de la dictadura Adriana asume que la consigna de juicio y castigo es un objetivo que se está cumpliendo. No obstante remarca la importancia de presenciar los de juicios para escuchar de primera mano testimonios de la historia reciente. “Es una oportunidad única de escuchar y ver qué nos pasa cuando narran una vivencia”, invita.

Como los juicios penales federales son orales y públicos, puede ingresar cualquier persona mayor de 18 con su DNI. Adriana difunde en las escuelas secundarias la importancia de asistir a una audiencia donde se juzgan delitos de lesa humanidad porque esa experiencia permite conocer cómo funciona el sistema judicial, qué hace un juez, un fiscal, un defensor y un querellante. O también acompañar a quien habla por primera vez en ese ámbito o a un abogado que, generalmente impulsa la causa en soledad. “Ver una sala vacía es una sensación muy angustiosa. Por eso llenar las salas nos hace bien en términos de formación democrática, de formación profesional y de divulgación del conocimiento, de comunicación y además para demostrar que nos importa”, enfatiza. 

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Parte de una cadena histórica Gustavo Paulón fue un gremialista de destacada actuación en la década del 70 en un movimiento en Villa Constitución, Santa Fe, en una área industrial muy grande. Después de estar muchos años preso, hoy es el secretario de DDHH de la CTA. La frase es el cierre de un texto que escribió recientemente en el Cohete a la Luna. Taboada sostiene que poder reconstruir, contribuirá a rearmar una cadena histórica y entender que “lo que nos pasa hoy tiene que ver con lo que pasó antes”.

 

El sentido de reconocer un genocidio

La noción de genocidio implica identificar que los delitos que se juzgan hoy en la Argentina son a una forma de ataque o eliminación de un grupo de individuos por razones religiosas, culturales, o que comparte determinadas características.

A diferencia de los delitos de lesa humanidad, un concepto que se empieza a extender a partir de la segunda guerra mundial, que introduce Raphael Lenkin, un abogado de origen polaco y judío. “Es un concepto que inicialmente abarcaba a los grupos políticos como objetivo a destruir, pero que luego se eliminó producto de las negociaciones entre grandes potencias como EEUU y la URSS. Ese cambio las dejaba a salvo de los juicios”.

Por otra parte Taboada repara que el genocidio no tiene que ver con la cantidad, sino con la eliminación de un grupo para destruir una parte de la identidad y construir otra que tiene que ver con el vencedor, el genocida. “Pensemos en el genocidio de los pueblos originarios. Cuando se elimina parcial o totalmente a un pueblo, algo de nuestra identidad como continente se transformó. Este presente no hubiera sido lo mismo con ese grupo vivo.

Esto es importante porque lo que se cuente de la historia va a ser una narración distinta si creemos que la hubo o no”.

 

El juicio local por las Ligas Agrarias

Las expresiones de Adriana Taborda coinciden con el tramo final de un juicio que comenzó el 5 de abril por los homicidios de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Servando Piccoli, dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco. Los dos militaban en un movimiento basado en la cooperación y solidaridad entre pequeños productores.

Gómez Estigarribia fue asesinado el 12 de febrero de 1977, en Corzuela, y Picolli, el 22 de abril de 1979 en un camino de la zona rural de Sáenz Peña.

Los imputados en el Tribunal Oral Federal de Resistencia son: el militar retirado José Tadeo Betolli y los policías chaqueños Alcides Roberto Sanfenraiter y Miguel Antonio González (los tres acusados de homicidio agravado); el excomisario Eduardo Wischnivetzki (por privación ilegítima y tormentos), y el expolicía José Francisco Rodríguez Valiente (por encubrimiento).

El equipo fiscal sostuvo que hay pruebas que de 1974 a 1980 el Ejército y la policía provincial desplegaron una gigantesca campaña de persecución y represión a trabajadores rurales, pequeños productores, militantes y dirigentes de las Ligas, como parte de un plan sistemático del Terrorismo de Estado argentino.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal son Carlos Martin Amad, Patricio Nicolás Sabadini y Diego Jesús Vigay, mientras que la querella -Secretaría de Derechos Humanos de la provincia- es ejercida por Paulo Pereyra, Dulio Ramírez y -DDHH de la Nación- Manuel Brest.

Los abogados defensores de los imputados son Martín Murcia, Carlos Augusto De Cesare, Silvio Marcelo Valoriani y el defensor oficial Juan Manuel Costilla.

La causa Ligas Agrarias es el quinto proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia, y si bien se enfoca en los asesinatos de dos dirigentes agrarios también permite reconstruir el accionar represivo en el contexto rural; por ejemplo el secuestro y torturas a militantes de base, como a los trabajadores rurales Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza.

Para este lunes 20 de mayo se espera que los imputados amplíen sus declaraciones indagatorias ante el tribunal y el jueves 23 la parte acusadora iniciará la exposición de alegatos.

Contra una lógica de acumulación

El movimiento Ligas Agrarias aglutinó a pequeños y medianos productores algodoneros como contrapartida a la especulación de los grandes monopolios. La represión estatal de mediados de los setenta ‘barrió’ sus bases y dirigentes, con secuestros, torturas, vejámenes y la cárcel.

En el grupo de fusilados en la Masacre de Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976 hay tres personas que militaban en cuestiones del agro: Delicia Gonzáles, en las Ligas Agrarias de Corrientes; y Luis Arturo Franzen, y Carlos Tereszecuck, en el Movimiento Agrario Misionero.

Carlos Oriansky fue otro gran dirigente liguista, secuestrado y desaparecido en octubre de 1976. Luis Fleitas, Raúl Vocouber, Juan Sokol, Alicia López, Pedro Morel, Sara Ayala, Santos Britez, Hipólito Britez y Modesto Meza integraron las Ligas y corrieron igual suerte. También hubo sobrevivientes luego de varios años de detención política, entre los que se encuentran Quique Lovey, Mauricio Berger y Rogelio Tomasella.

Fuentes: Télam y Gonzalo Torres, de la Comisión Provincial por la Memoria.