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Eduardo López
Por: Eduardo López

Luz y agua potable, derechos humanos

En 1994 cuando se reformaron las Constituciones Nacional y Provincial, el Chaco, con el mejor de los criterios, desechó la privatización de los servicios públicos en contra de la ola nacional, que hizo todo lo contrario. Se logró así que los servicios de agua potable, energía eléctrica, Educación y Salud permanecieran en el Estado, preservando así su función.

Hoy, un cuarto de siglo después, vale repasar algunos conceptos para ver dónde estamos parados y si algunas situaciones que se nos presentan tienen razón de ser. El Estado, con todos sus organismos y con el gobierno de turno, está obligado a velar por sus integrantes de acuerdo a sus necesidades y a su posición económica. Nunca puede renunciar a esa tarea y con el avance de las tecnologías debe ampliarlas, porque esa es su razón de ser.

Cuando se habla de Derechos Humanos hoy se piensa, casi exclusivamente, en los que se refieren a la libertad de pensamiento y acción dentro de los necesarios límites de una sociedad organizada. Por nuestra particular historia muchos creen que Derechos Humanos se relaciona sólo con lo sucedido en la época de la dictadura militar. Hoy, gracias a Dios, aquello quedó sellado por el “nunca más” y en esto, el acuerdo es unánime.

Pero los Derechos Humanos siguen existiendo y se han ampliado y el Estado debe velar por ellos. Hoy, a esta altura de la civilización, el tener una vivienda propia, gozar de energía eléctrica y agua potable son derechos innegociables por los que el Estado y los gobernantes de turno deben bregar para que así sea, apelando a todos los recursos a su alcance.

El Estado no es un negocio

Si el Estado tiene a su cargo la provisión de los servicios públicos, eso es lo primero que debe hacer para que lleguen a la población, a toda la población, con la mejor calidad y un costo acorde a su posibilidad de pago. De lo contrario se estaría discriminando. Es cierto que la generación de energía y de agua tienen sus costos. De ellos tiene que hacerse cargo el Estado, subsidiando para los de menores recursos y cobrando lo justo para los demás, sin agobiar con impuestos y sin hacer de estos elementos, indispensables para la vida, un bien de mercado. Si no qué gracia tiene su existencia. El Estado no es un negocio.

Y en esto último residen muchos de los problemas de los que estanos teniendo. Nos han amenazado desde ese engendro nacido en época de las privatizaciones que es CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA), que nos van a disminuir y/o el suministro de energía. Y ello ha bastado para que funcionarios de alto rango y muchos supuestos actores políticos se rasgaran las vestiduras, eludiendo hurgar para poner al descubierto los verdaderos motivos.

La energía, un bien social

Es cierto que se debe pagar lo que se consume. Pero la energía es un bien social que debe llegar a todos y esto tiene que ser garantizado por el Estado y por esto debe velar el gobierno provincial. Tiene algunos justificativos, todos generados por negligencia de ahora y de hace años, donde hasta se produjo una intervención en Secheep (2015) que nada arregló y, peor aún, profundizó su déficit. Desde allí se dice que se están percibiendo los pagos de los usuarios con ocho meses de atraso, cuatro de ellos por inhibiciones judiciales. Los usuarios no tienen por qué pagar por ineficiencia, corrupción, mala administración y negligencia de las autoridades.

La empresa debe revisar sus números. La cantidad de empleados, de ejecutivos, de asesores, su eficiencia, la existencia de ñoquis, el cobro de energía a quienes pudiendo pagar no lo hacen. Un padrón actualizado al día de sus usuarios y sus posibilidades económicas para que cada uno pague un precio razonable según los ingresos y teniendo en cuenta que siendo un servicio del Estado aquí las razones de lucro no corren.

El Estado para beneficio de todos

Funcionarios de la empresa y de todo el gobierno, incluidos los de los poderes legislativo y judicial, deberían pedirle a aquellos que les manejan las redes sociales (trolls) que, además de difundir con bombos y platillos lo que hacen y lo que no hacen, revisen las opiniones de los ciudadanos sobre su quehacer y obren en consecuencia. ¿Se podrá, por ejemplo, cobrar un sueldo chaqueño viviendo a miles de kilómetros de la provincia y del país? ¿Será mérito suficiente ser hijo/a de un ex diputado y funcionario para ser nombrado en un cargo público? ¿Son necesarios tantos asesores para las distintas áreas, que sólo reciben el cheque de fin de mes? ¿No es inmoral gozar del beneficio de un largo tratamiento, cobrar el salario por ello y dedicarse a otras tareas mientras tanto? Seguramente si los fondos del Estado se usaran como si fueran los propios de cada funcionario y no se hiciera beneficencia barata alcanzarían para todos y para garantizar un acceso justo a los derechos humanos de tener agua potable y luz.