Temas de hoy: Créditos gota a gota Agua potable Bajante del Paraná Villa San Martín Francia
Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/176883
Se espera una propuesta de la Mesa Interpoderes

El conflicto por la ocupación de campos en Miraflores

Según un nuevo relevamiento ya serían más de 400 las personas que se han posesionado de lotes comprendidos dentro de las 10 mil hectáreas que históricamente reclaman las comunidades aborígenes.  

   Por Agencia Miraflores de NORTE - La disputa por estas tierras se convirtió en un complejo conflicto social que el año pasado se intensificó, a partir de la toma de posesión de numerosas familias que ya cuentan con sus propios emprendimientos productivos, y que inclusive dividieron en pequeñas parcelas los lotes ocupados. Para los próximos días se espera un informe de la Mesa Interpoderes, que hará una serie de propuestas para superar el conflicto mediante el diálogo y garantizar la paz social. 

86-TomaCampos-FOTO4.jpg
La puja por las tierras no cede, y cada día son más las familias que ocupan lotes dentro de las 10 mil hectáreas.

   La mayoría de estos campos son propiedad de pequeños y medianos productores criollos que durante décadas fueron dando impulso a las actividades agrícola y ganadera en la región. En total son 100 los lotes que constituyen estas 10 mil hectáreas que las comunidades aborígenes reclaman por Ley como herencia ancestral de generaciones anteriores que habitaron la zona y que tenían como líder y referente al cacique Quiaxahuail, conocido como Juan Arias.

86-TomaCampos-FOTO1.jpg
El mapa refleja el estado actual de las tierras dentro de las 10 mil hectáreas, donde se observan varios lotes con títulos de propiedad pertenecientes a familias criollas, como así también lotes con títulos comunitarios, lotes de familias aborígenes que vendieron las tierras, y aborígenes con propiedades individuales; entre otros casos.

   El marco legal que lleva a las comunidades aborígenes, en su mayoría qom, a tomar posesión de estos lotes, data de un acuerdo de hace 90 años con el  Gobierno Nacional para la devolución de 10 mil hectáreas que eran parte del territorio ancestral de los pueblos aborígenes. Con el transcurrir de las décadas, muchas de esas parcelas se fueron adjudicando a pobladores criollos y gringos que llegaban para trabajar la tierra o criar animales. Hoy, muchos tienen títulos de propiedad y otros están con permisos de ocupación otorgados por el organismo oficial de Tierras del Chaco. Lo que más temen estas familias es el temor a perder todo lo que construyeron a lo largo del tiempo, fruto de su trabajo y esfuerzo.

La Mesa Interpoderes

   Actualmente, la comunidad de Miraflores y su zona de influencia se encuentran convulsionadas por esta situación, por lo que el gobernador Domingo Peppo invitó a los tres Poderes que conforman el Estado chaqueño mediante decreto 2056/18, a conformar la Mesa Interpoderes para abordar la problemática de tierras y que tenga como fin garantizar la paz social y encauzar los reclamos de las familias que habitan en la Colonia.

   A la fecha, la Mesa escuchó el reclamo de la comunidad indígena y de los criollos, se recorrió la zona de conflicto junto con el Procurador Adjunto y el Subsecretario de Derechos Humanos para tomar conocimiento. El Instituto de Colonización elaboró una propuesta que será puesta a consideración de la Mesa en los próximos días. En tanto, en la Justicia hay numerosas denuncias penales por usurpación y varios de los ocupantes fueron citados a declarar. Ahora, la Justicia espera por la propuesta de la Mesa para analizar los pasos a seguir, teniendo en cuenta que se priorizará una salida a través del diálogo. 

La propuesta de Colonización

   El Instituto realizó un relevamiento actualizado de la situación de cada uno de los lotes y elaboró un informe con una propuesta que podría destrabar el conflicto por la ocupación de tierras por parte de familias aborígenes. 

86-TomaCampos-FOTO2.jpg
Amenazas de toma de tierras. Según denunciaron familias aborígenes, en varias oportunidades se encontraron con “mensajes o signos amenazantes” entre los caminos vecinales del interior de los lotes ocupados.

  Este informe borrador llegará a distintos organismos que son parte de la Mesa, como la Cámara de Diputados, la Procuradoría y la Defensoría Oficial; entre otros, con el fin de ultimar detalles sobre una alternativa de solución que priorice el diálogo y la paz social entre las partes. La propuesta apuntaría a la búsqueda de un equilibrio que permita respetar las posturas y derechos, tanto de las comunidades aborígenes como de los antiguos pobladores que trabajan las tierras.

   En este sentido, podrían proponer el reconocimiento de las parcelas utilizadas por el ejido municipal de Miraflores, pero a la vez reconocer el valor simbólico y ancestral de las tierras, proponiendo crear lotes exclusivos para barrios de familias aborígenes. También, existe la posibilidad de expropiar lotes improductivos de la zona rural y coordinar con los referentes del Consejo de Recuperación de Tierras para que sean distribuidas entre las familias aborígenes. 

   En el informe hay 42 causas por usurpaciones, que van por la vía judicial, y más allá de la propuesta de una salida consensuada, la Justicia deberá continuar con los trámites pertinentes para cada expediente.

El Consejo de Recuperación de tierras

   Representantes de numerosas familias aborígenes de la zona, el pasado 18 de agosto de 2018, crearon el Consejo de Recuperación Territorial, integrado por 36 comisiones de recuperación que previamente habían sido constituidas por cada familia a medida que iban tomando posesión de las tierras.

86-TomaCampos-FOTO3.jpg
“Titi”, uno de los referentes de las comunidades aborígenes, en un asentamiento de una familia wichí donde las comunidades se distribuyeron parcelas de tierra y ya realizan emprendimientos productivos.

   Este  Consejo tiene  como principales referentes a Francisco Segovia y Ariel Sánchez, pero a la vez cuenta con un equipo compuesto por ocho ancianos que son quienes relatan la historia de las comunidades y ocho jóvenes que son los que impulsan el proceso de recuperación de tierras. 

   El objetivo de este Consejo es recuperar las tierras comprendidas dentro de la reserva de 10 mil hectáreas ordenada por la Ley Nacional 26.160, que establece la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. 

La actuación de la Justicia

   Desde el año pasado hay más de 30 denuncias penales en las dos Fiscalías de Investigaciones de Castelli. Desde lo judicial, ya se realizaron procedimientos de identificación y constatación de las familias ocupantes, instancias de mediaciones judiciales, intimaciones a las familias para que desalojaran el lugar, e inclusive se citó a declarar como imputadas a varias personas radicadas en los lotes. Sin embargo, hasta el momento no se logró una salida por esta vía, y todo indica que se espera una solución política a través de la Mesa Interpoderes que trabaja en el tema.

Antecedentes históricos

   En los primeros años de la década de 1930 el Gobierno Nacional propone a través del Gobernador del Territorio Nacional del Chaco (Mc Lean, 1930-1931) un acuerdo con los caciques Augusto Soria, Cabito Leiva y Juan Alegre, quienes vivían en las tierras donde actualmente se asienta la ciudad de Juan José Castelli.

86-TomaCampos-FOTO5.jpg
Cada asentamiento tiene líderes familiares que controlan los ingresos al interior de los lotes. Allí construyeron sus precarias viviendas y muchos ya realizan pequeños emprendimientos productivos.

   En ese acuerdo, el Estado Nacional se comprometía a entregar a las comunidades una fracción de 10.000 hectáreas situadas entre los lotes 1 al 100 de la Colonia La Florida, a cambio de que abandonaran la zona donde se fundó la actual ciudad de Castelli. Sin embargo, la Provincia no cuenta con documentación respaldatoria de este convenio, y se produce un vacío legal respecto de la real propiedad de esas 10 mil hectáreas. Con la provincialización del Chaco, el nuevo Estado provincial no reconoce estos acuerdos entre el Gobierno Nacional y los pueblos originarios, por lo que las tierras pasan a ser fiscales.

   Ya en 1979, por decreto 1.051/79 del gobernador Serrano, se ordena realizar  un relevamiento en estos lotes y, en caso de que estuvieran ocupados por familias aborígenes -señalando ya, entre otros, los lotes 84, 93 y 94- titularizarlos a su favor, determinando una superficie total y aproximada de 3.500 hectáreas ubicadas dentro de las 10.000 otorgadas a las comunidades aborígenes por el Estado Nacional.

   El resto de los lotes que no estaban incluidos en el Decreto fueron considerados fiscales e incluidos en el proceso de regularización, adjudicados y hasta titularizados en favor de familias criollas de la zona que los ocupaban y trabajaban. Desde el Instituto de Colonización, expresaron que “durante todo este proceso nunca se abandonó la regularización de familias originarias, también ordenado en el decreto de Serrano, ya que cuando se detectaba algún tipo de asentamiento u ocupación indígena dentro de la zona, se procedía a su inmediata regularización”.

   El reclamo de los pueblos originarios para que se les restituyan las 10.000 hectáreas no ha cesado, y actualmente algunas familias, mayoritariamente qom, se han aposentado en lotes escriturados a familias criollas hace muchos años. Dichas ocupaciones fueron denunciadas por sus propietarios ante la Justicia y caratuladas como “supuestas usurpaciones”, que a la fecha se encuentran a la espera de resolución.

Los cementerios ancestrales

   Una situación muy particular se da en el Lote 24 de la Colonia, actualmente ocupado por las comunidades, quienes manifiestan que allí se encuentra un cementerio aborigen. Son cien hectáreas que están titularizadas a una familia criolla, que también radicó la correspondiente denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Penales de Castelli.

   En el Chaco existe la Ley Provincial ley provincial 2135, que contempla la prevención y protección de restos mortales de pueblos originarios y que prevé una serie de diligencias que se deben realizar a través del IDACH para acreditar lo manifestado por las familias y proceder a su expropiación, aunque desde el Instituto de Colonización remarcan que “no es la toma el procedimiento adecuado”.

   También debe considerarse la situación de los lotes urbanos que actualmente comprenden el ejido de Miraflores -creado por Ley Provincial- y que también son reclamados por las comunidades originarias, incluso con sentencia favorable en autos “Leiva Epifanio s/Acción de Amparo”, que tramitó por expediente 943/12 y cuyo fallo ordenó la escrituración de 100 hectáreas ubicadas en el centro de Miraflores a favor de Epifanio Leiva y generó incertidumbre en centenares de familias aborígenes y criollas que residen en dichas tierras.

   Desde el Instituto de Colonización, remarcaron que “se hace imprescindible tratar de encausar la situación por el camino del diálogo, evitando situaciones de toma o usurpación de tierras, que no hacen otra cosa que incentivar la violencia y crean un clima tenso entre familias indígenas y criollas que viven en un mismo lugar desde hace más de cien años”.