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El frente judicial, al que nadie vota pero todos miran

Hace poco tiempo varias organizaciones convocaron a debatir en la Argentina la Ley de Ficha Limpia, una normativa, vigente en otros países, que impide que un ciudadano condenado pueda participar en una contienda electoral.

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Y no fueron pocos los que en aquella oportunidad respondieron que estarían de acuerdo con que el Congreso y las legislaturas provinciales sancionen una normativa similar para evitar que personas con condenas firmes puedan ser elegidas.

Esa normativa en el Chaco podría resultar un tanto incómoda porque a futuro retirarían de la competencia a varios dirigentes, que este año podrían enfrentar juicios por cometer delitos como fraude contra la administración pública, asociación ilícita o lavado de activos.

Pero, más allá de algunos renunciamientos, salvo el caso de una condena con inhabilitación, no hay mayores impedimentos durante este 2019 para la mayoría de los políticos, pese a la casi docena de causas provinciales o federales abiertas contra funcionarios o dirigentes políticos.

EN INSTRUCCIÓN

Y de momento estas causas no fueron elevadas a juicio, es decir que por ahora son imputaciones y procesamientos con medidas pendientes o con las acusaciones por ratificarse en los tribunales de alzada.

Es decir, que aún en el caso de que se apruebe próximamente una Ley de Ficha limpia en el Chaco todos los que hoy están imputados podrían seguir participando del sistema democrático argentino que tiene una gran deuda dado que no tiene los resortes suficientes para evitar los casos de corrupción.

Ahora que no exista una ley no implica que cada causa abierta equivalga a un lastre que termine hundiendo al funcionario o dirigente acusado y con él, a todo aquél que le dio la mano para sostenerlo. Y en ese sentido es muy difícil anticipar cuál será el veredicto que darán los electores cuando deban definir a quién votarán. Por ejemplo, el presidente Mauricio Macri, ganó las elecciones de 2015 pese a las causas que había en su contra.

AL MENOS SIETE CAUSAS DURANTE EL AÑO PASADO

Sin lugar a dudas el año pasado se multiplicaron las causas judiciales contra políticos chaqueños. En tal sentido en la justicia federal tres son por lavado de activos y otras dos por hechos como fraude contra la administración pública o evasión. A su vez en el fuero provincial hay al menos tres expedientes relacionados con los delitos precedentes de la causa Lavado I (la investigación de las operaciones que cometieron varios exfuncionarios de la provincia).

La investigación conocida como Lavado I comenzó en febrero del año pasado cuando agentes de Prefectura encontraron que había lanchas que no tenían todos los papeles. A partir de ese caso muchos se dieron cuenta que investigar embarcaciones no sólo sirve para detectar evasores fiscales sino que también pueden terminar con la libertad de varios exfuncionarios.

En este caso no sólo implicó el arresto del exsecretario de Gobierno del Chaco, Horacio Rey, sino también el ocaso de una figura que se estaba preparando para pujar por alguna candidatura importante. Ahora él, como otros detenidos, alojados en el pabellón dos, puede conseguir las habilitaciones para participar en los comicios. Algo que es posible pero tal como están los casos podría decirse que no tendrá muchas posibilidades de ganar.

Hay otros que estarían en las mismas condiciones y hasta podrían postularse en las PASO, quizás el primer cedazo, donde se podrá observar cuánto afectó la cuestión judicial. La otra causa, que generó muchas repercusiones, se denomina Lavado II. En ese expediente se analizan hechos contra la comuna capitalina y la principal imputada es la exintendenta (actual diputada nacional) Aída Ayala.

Ella recientemente aseguró que no competirá por la gobernación. Si el renunciamiento se ratifica es posible que se transforme en la primera afectada políticamente por las investigaciones en curso. Ahora la causa Lavado II originó otras acciones contra personas que estaban cerca de ella en la comuna.

De transformarse esas movidas en causas concretas el número de afectados podría elevarse notablemente. También hay una tercera investigación federal denominada Lavado III. En este caso el efecto es más bien local dado que los imputados son intendentes, exintendentes y exfuncionarios comunales.

Sin embargo, como se trata de una causa que sigue en instrucción, es posible que durante el año el número de imputados crezca ampliando el radio de afectados. Pero los funcionarios judiciales consultados admitieron que no quieren entrar en el juego electoral y por lo tanto, sólo trabajarán con lo que ya está en marcha, es decir para elevar a juicio las causas iniciadas o respondiendo algún planteo.

Es normal que en tiempos electorales se frenen este tipo de causas pero en caso de flagrancia nadie dudará en actuar tomando las medidas que los jueces o fiscales crean necesarias. Ahora nadie puede asegurar que los magistrados no actúen. Menos aún en el caso de aquellos que trabajan en otras jurisdicciones como los jueces de Comodoro Py que tienen a su cargo expedientes contra chaqueños.

OTRAS CAUSAS

Durante el año pasado fueron varios los que debieron viajar para Buenos Aires para declarar como imputados. Muchos de esos imputados están en carrera y hasta anticiparon que se presentarán en las elecciones pero no aclararon, tal vez porque no definieron, en qué cargo pretenden competir.

Por otra parte, hay una causa que se instruyó en Sáenz Peña, luego de la denuncia realizada por una legisladora provincial, con procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. En la misma están implicados un exfuncionario y un empresario de la construcción. Algunos sostienen que terminaría salpicando a parte del oficialismo chaqueño. De momento no ocurrió.

SIN ARREPENTIDOS

En algún momento se especuló, con tantas causas abiertas en la provincia, que un arrepentido podría generar una gran tormenta política y judicial. Aparentemente ninguno apareció o se desconoce su existencia. De momento todos los chaqueños que están imputados no han señalado a nadie como culpable o ni se justificaron en cumplir una orden.

El único que resolvió colaborar en una causa penal, durante el año pasado, era un exempleado de un comercio que sólo empaquetó leche en polvo robada. No es un dato menor que con las declaraciones de un arrepentido se inició el año pasado una de las mayores investigaciones por corrupción en el país. Incluso hay empresarios muy importantes acusados en ese expediente.

LA NORMALIZACIÓN

Todas estas investigaciones penales se dan en medio de dos procesos muy importantes: la normalización del fuero federal en la jurisdicción y la reforma a nivel nacional, que promete dar mayor celeridad a las causas penales. Y es posible que algunas de estas investigaciones terminen siendo juzgadas en tribunales conformados por jueces designados durante este año.

Por ejemplo, el presidente Mauricio Macri, mandó el pliego de Enrique Bosch para ocupar uno de los cargos vacantes en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia. Aún queda pendiente el nombramiento del otro cargo del TOF. La terna de postulantes está conformada por Marcela Alejandra Leiva, Diomedes Guillermo Rojas Busellatto y Miguel Mariano Aranda.

También resta saber quién será elegido para ocupar el cargo de juez federal de primera instancia de Sáenz Peña. Los ternados son Matías Oscar Zanona, Martín Miguel Innocenti y Juan Manuel Cabral. Si está en el Senado, que debe dar el acuerdo, el pliego de Jorge Gustavo Dahlgren que fue designado para el segundo juzgado federal de Resistencia, donde hoy están radicadas algunas causas por corrupción.

En el Ministerio Público Fiscal también faltan nombrar funcionarios y cobran mucha relevancia tomando en cuenta que es posible que en poco tiempo más la instrucción la hagan solo los fiscales y los jueces pasen a garantizar los procesos.

EFECTO BOLSONARO

El presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, llegó a la presidencia de Brasil porque los electores estaban cansados de figuras tradicionales políticas, del vecino país, manchadas por la corrupción. Muchos creen que en el país y la provincia podría ocurrir un efecto similar permitiendo que dirigentes, que no tienen fuerza política, se conviertan en grandes candidatos por no estar afectados en las investigaciones en marcha.

Incluso más de uno celebró el inicio de las acciones judiciales porque permitían despejar el camino hacia una eventual candidatura durante este año. Y hay quienes siguen creyendo en que podrían ganar presentando una imagen de honestidad. Hasta ahora sólo sería una especulación dado que no hay de momento un antecedente que permita avizorar cómo actuará el electorado chaqueño.

Asimismo es cierto que recién en las elecciones de este año la cuestión judicial estará presente con más de 12 causas, que amenazan con mandar tras las rejas por varios años a dirigentes de los dos partidos mayoritarios. Ya cuando comenzó la causa Lavado I se buscaron antecedentes de una investigación federal contra un funcionario en actividad. Fueron pocos los casos que se mencionaron en esa oportunidad.

A la fecha hay detenidos, en la cárcel federal de Resistencia, 15 imputados de lavar dinero y cometer delitos contra la administración pública. De ellos menos de la mitad fueron funcionarios públicos.

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Silvestre Fogel
Silvestre Fogel

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