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Caen amparos por la energía mayorista y para Corregido no hay “Estado de Derecho”

En una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Posadas que fue firmada el último miércoles, se resolvió denegar el recurso de amparo por el cual desde la Defensoría del Pueblo de la provincia se pedía la inconstitucionalidad de la resolución que determinó el incremento de la energía mayorista en 2017, al señalar que no se realizó una audiencia pública con todos los elementos necesarios que otorguen la legalidad a la suba.

La decisión que resolvió en la vecina provincia luego de que se resolviera que todas estas medidas similares promovidas por asociaciones o Defensorías del Pueblo debieran sustanciarse en el juzgado donde se efectuó el primer reclamo, significan para el ombudsman chaqueño un verdadero ‘atropello que pone a la ciudadanía en un total estado de indefensión y rompe el Estado de Derecho‘.

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Gustavo Corregido planteó su preocupación por el fallo por el que caen los amparos contra la suba de energía.

La sentencia señala que un reciente fallo de la Corte ‘restringe la posibilidad de que los Defensores del Pueblo provinciales y municipales ocurran ante la justicia federal, accionando contra el Estado Nacional, cuando-sin perjuicio de la índole de los derechos invocados- su proceder excede el ámbito de actuación de acuerdo a la normativa local‘.

En concreto, indican que Corregido carece de ‘legitimación activa‘ para accionar contra lo resuelto por el Ministerio de Energía. El defensor del Pueblo chaqueño recordó que los planteos de legitimación siempre fueron los cuestionamientos de las esferas nacionales, pero que cuenta con antecedentes por el mismo tema que ahora lo cuestionan. ‘En numerosas presentaciones en primera instancia la Defensoría obtuvo la legitimación, la Cámara de Apelaciones cuando la Nación cuestionó confirmó la competencia y con esos antecedentes está claro que todos los aumentos que se dieron en la energía eléctrica desde 2016 son arbitrarios y nulos‘, advirtió.

Lo que señala Corregido es que con los antecedentes de 2016, se dieron las presentaciones que rechazaron in limine por la resolución fechada de diciembre de 2017 y que lo que se viene en una nueva intervención de la Corte Suprema en la que no duda que se pronunciara como ya lo hiciera en noviembre respecto al pedido de dejar sin efecto un aumento en el boleto del servicio Chaco-Corrientes, en el que rechazó su competencia. ‘Sin defensor del Pueblo de la Nación desde 2008, y ahora señalando que las defensorías provinciales y municipales no tienen legitimación para atacar actos administrativos nacionales, estamos ante un hecho de gravedad institucional que vulnera el Estado de Derecho‘, sostuvo.