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La presión impositiva que sufre el campo

Según el último índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) los impuestos al sector agrícola alcanzan, en promedio, el 60,5 por ciento si se tienen en cuenta los rindes, los impuestos provinciales y locales y los gastos que demanda el transporte para mover la producción. En otras palabras, por cada 100 pesos generados por el campo, el Estado se queda con poco más de 60 pesos.

Esta elevada carga tributaria sobre la actividad agropecuaria perjudica a quienes arriesgan apostando al trabajo y la producción, en un país con tendencia a premiar a los capitales especulativos. El informe de FADA confirma la enorme desproporción que existe entre lo que le queda al productor y lo que debe aportar el sector agropecuario al Estado. Debe señalarse que el índice al que aquí se hace referencia es un promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Sobre este último cultivo, vale señalar dos cuestiones preocupantes en lo que respecta al trabajo de los productores chaqueños: en primer lugar, la caída que sufrieron los precios de la oleaginosa provocó enormes pérdidas que impactaron duramente entre quienes dedicaron muchas hectáreas y apostaron fuerte a la siembra de girasol, y que ahora ni siquiera pueden cubrir los costos; y por otro lado existe un problema estructural a nivel provincial y es que el Chaco no cuenta con una industria aceitera que agregue valor a la producción de la oleaginosa, de manera que (como sucede con otros cultivos) la materia prima sale de la provincia sin el agregado de valor que permitiría sumar ingresos y puestos de trabajo genuinos para los chaqueños.

Volviendo al informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, en el desagregado del índice por provincia se observa que en Córdoba, por ejemplo, por cada 100 pesos el campo debe dejar 59,3 pesos al Estado, mientras que en Buenos Aires esa relación es de un 63,4 por ciento, en Santa Fe 61,0 por ciento, en La Pampa 60,6 por ciento, y en San Luis 57,9 por ciento. Según el estudio, mientras que la participación del Estado en el cultivo de soja es del 66 por ciento; en maíz, del 51,1 por ciento, en trigo, del 51,3 por ciento, y en girasol, del 68,4 por ciento.

Muy atrás quedaron los anuncios que hizo en su momento el gobierno nacional reconociendo la necesidad de reducir la presión fiscal que asfixia a los sectores productivos. La promesa de adoptar medidas que alivien la pesada carga tributaria no se cumplió y el campo argentino vuelve a padecer las consecuencias de decisiones que no permite liberar las energías de uno se los sectores productivos que mayor potencial tiene en el país. La decisión del Ejecutivo nacional de rebajar el Ministerio de Agroindustria al rango de secretaría también es toda una señal del espacio que se le otorga al sector productivo en un modelo económico que sigue beneficiando la especulación financiera.

Históricamente la Argentina ha tenido una fuerte presión fiscal sobre los sectores productivos. Pero en los últimos años se ha acentuado esa situación. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la presión tributaria argentina es la que más subió en la región entre los años 2002 y 2016. El trabajo sostiene que si bien se encuentra aún por debajo del promedio de los países de la OCDE (34,3 por ciento), es sustancialmente más elevada que el promedio de Latinoamérica y el Caribe (22,7 por ciento). De acuerdo a este relevamiento, Argentina fue el segundo país de mayor crecimiento acumulado en su presión tributaria a lo largo del período 1990-2016, con una variación de 17,6 puntos porcentuales del PIB, luego de Bolivia que experimentó un crecimiento de su carga tributaria de 17,7 puntos porcentuales de su PIB. Debe señalarse también que este problema también afecta a las pequeñas y medianas empresas de distintos sectores que se ven obligadas a aplicar todo tipo de estrategias para sobrevivir a un sistema tributario que tiene dobles imposiciones y excesos de presunciones.

El país necesita un sistema impositivo menos asfixiante, más ágil, con una fiscalización más sencilla, y centrado en menos impuestos. Este modelo, incluso, puede contribuir al objetivo de mejorar la recaudación y a liberar todo el potencial de los sectores que apuestan a la producción.