Temas de hoy: Presupuesto 2020 Donald Trump Lionel Messi gabinete provincial Caso Lorena Romero
Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/174188

Que el último pague la luz

Alguien desde el alto nivel del gobierno chaqueño, enterado del rechazo opositor al acuerdo crediticio aliviador del endeudamiento de Secheep con la mayorista nacional Cammesa, nos llegó a decir que la decisión ponía al borde de la ruptura al radicalismo chaqueño con el gobierno de Cambiemos y hasta reveló como una señal, en tal sentido, que el mismísimo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llamó sin éxito para que la bancada opositora entendiera que la propia política energética del gobierno de Macri propició la regularización financiera con las distribuidoras de varias provincias.

28.jpg

En el mismo sentido se expresó el gobernador, que estaba llegando a Buenos Aires en vuelo de línea para la cita promovida por la Comisión Federal de Impuestos, donde se dialogaría en la apertura con el ministro del Interior.

Y como remate de la rotunda contradicción del oficialismo nacional en su versión de aliados chaqueños, mientras ese acuerdo por 4.128 millones que incluía hasta los vencimientos de diciembre y concedía seis meses de gracia en el comienzo de 2019, el gobierno provincial consumaba la firma, el viernes por la tarde, de la refinanciación de su deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por 3.700 millones de pesos, en una gestión que tuvo luz verde del equipo económico macrista.

El respiro no es poca cosa, cuando la tesorería se apresta a desembolsar entre 7.000 y 8.000 millones en las próximas semanas, incluyendo el sueldo del último mes del año de la legión de agentes activos y pasivos, más el medio aguinaldo y otras obligaciones de la primera quincena de enero. Otra apreciación: mientras la Legislatura iniciaba una interpelación que duró casi diez horas a la ministra de Educación, en una sesión maratónica que concluyó porque se fueron los propios promotores de esa sesión, desde Buenos Aires, donde terminaba la jornada promovida por la Comisión Federal de Impuestos -donde cesó en la presidencia el ministro Cristian Ocampo-, serenamente indignado, imputaba falacias legislativas porque también se trabó una operación con financiamiento del BID por 18 millones de dólares para diversas obras de infraestructura urbana y servicios públicos en municipios de ciudades importantes como Quitilipi, Machagai, Charata y Las Breñas.

LA LÍNEA DURA RADICAL

La línea dura radical que parece encabezar el diputado breñense Livio Gutiérrez y sumó ahora a Hugo Domínguez, que se fotografió con sus pares Aradas y Curín, de Convergencia, y Corradi, de Somos Parte (Nikisch) impulsando el juicio político al gobernador, de cuyo lanzamiento se dice que Carim Peche, jefe de la bancada y precandidato a gobernador alentado por Ángel Rozas, no estaba enterado.

El cuadro interno se complicó con Alicia Azula, de Barranqueras, también autolanzada para las Paso del año venidero, a tal punto que la convención provincial que debía sesionar ayer en Presidencia de la Plaza presidida por el intendente de Coronel Du Graty, Juan C. Polini, se postergó hasta marzo y tal vez alguien tuvo en cuenta que el caudillo de General Pinedo, que termina su mandato en el Senado, otra vez no estaba en el país.

Peche se vio forzado a encabezar la ofensiva cuando tiende a ser negociador en diálogo con Ricardo Sánchez y Juan J. Bergia, pero ha sido Gutiérrez, presidente del Comité Provincial de la UCR, el que logró una medida cautelar en un juzgado de Charata, promovida hace un año y a cargo de la misma jueza que había dictado una medida similar meses atrás que terminó abstracta, cuando en aquella ciudad la facturación de la empresa provincial todavía no había sido distribuída. Pero la atropellada del mismo Gutiérrez, visiblemente agrandado por la atomización que campea en el tradicional partido, no se agota en esas cautelares: ha denunciado al directorio de Secheep ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Tribunal de Cuentas y la justicia penal por la deuda con Cammesa, cuya cancelación se frenó porque el oficialismo no pudo reunir los dos tercios de los votos, que deben llegar a 22.

SECHEEP Y LA JUSTICIA

Más allá de lo que hace a la conducción empresaria propiamente dicha y sus altibajos (especialmente en un gran descuido en materia de información pública con buenos reflejos y veracidad cuando las emisoras de FM recogen un ametrallamiento de usuarios enardecidos), Secheep debió soportar que en el 2016 el Estado Nacional dejó de aplicar el subsidio al costo de la energía y los precios estacionales de Cammesa, que se actualizan cada cuatro meses, se incrementaron desde diciembre de 2015 a agosto de 2018 un 2.050 por ciento (el megavatio hora que estaba a 68,31pesos en diciembre de 2015, llegó a 1.470 pesos).

Como los precios estacionales mayoristas lo fija la Secretaría de Energía de la Nación, la Defensoría del Pueblo del Chaco promovió un amparo colectivo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Resistencia, considerando inconstitucional al procedimiento que omitió celebrar la audiencia pública obligatoria. Lo curioso es que también interpuso una medida cautelar ante la justicia federal que determinó que Secheep cumpliera con la medida al facturar a sus usuarios, aplicando precios anteriores.

El Estado nacional, a la postre, fue otorgando créditos a favor de Secheep por la diferencia entre el precio anterior y el que se fijó en la resolución cuestionada por Gustavo Corregido. Pero ocurrió que Cammesa volvió a facturar siguiendo la misma huella y Corregido interpuso otro amparo. Para resumir, la primera acción tiene sentencia en dos instancias pero fue recurrida por el Estado nacional ante la Corte Suprema.

El enredo judicial siguió cuando un fallo de la Cámara Federal redujo el amparo de los usuarios de Secheep solamente a los usuarios residenciales y no a industriales y comerciales. Si la Nación logra un fallo favorable de la Corte, se obligaría a Secheep a reintegrarle a Cammesa la diferencia descontada.

El rebote sería que Secheep, a su vez, tenía que refacturar montos de pago imposible por parte de comerciantes e industriales. (Valga el ejemplo que solamente con la facturación actual, el propietario del frigorífico porcino de General Vedia, que estaría en proceso de venta, acudió al gobernador por el salto de 300.000 a 1.300.000 pesos de su consumo mensual energético).

LOS PERJUICIOS A SECHEEP

Las acciones judiciales, a la postre, tuvieron como telón de fondo una política dura de aumentos energéticos llevada adelante por el gobierno de Cambiemos desde el inicio del Ministerio de Aranguren, tal como también ocurrió con los combustibles.

La combinación de trabas judiciales y la confusión surgida de criterios políticos derivados de preservar la tarifa social, demasiado generosa para las posibilidades de una empresa auxiliada también por la tesorería provincial y con cuatro sindicatos que presionan por sueldos que promedian niveles muy altos, certifican que todo perjudicó a Secheep retrasando cuatro meses de alto costo toda su facturación y todavía está en un laberinto, cuya única salida habilita el acuerdo financiero frenado en la Legislatura.

(Lo que sorprende, de paso, es que todos dispararon sobre Secheep y nadie contra Sameep, cuyos incrementos a los usuarios han sido proporcionalmente mayores que los de la energética y tampoco alcanza el rango de superavitaria).

CONFUSIÓN Y NEGOCIACIÓN

La publicación que en esta misma edición aporta Secheep como informe a su masa de usuarios no despeja la confusión porque mezcla la facturación correspondiente al período 9 de este año y después se ocupa de las facturas relativas a los períodos 5 y 6 de 2018, que recién serán remitidas en los próximos diez días a toda la provincia.

Dice también que el pago de aquellas facturas retrasadas 5, 6, 7 y 8 se podrá realizar en 12 cuotas mensuales a partir de la 9, como normalización de todo el embrollo. Todo esto, insistimos, refleja poca claridad y un lenguaje que despeje la desorientación de los usuarios, como una faceta de un ordenamiento que es imprescindible en la gestión empresaria y, por ejemplo, una mejor capacidad de respuesta a las situaciones de emergencia como las que se repetirán bajo el rigor del verano con picos de consumo inevitables.

Pero la clave está en una sesión extraordinaria de la Legislatura que abra camino a la asistencia financiera, donde se incluye un período de gracia de seis meses en el cual Secheep deberá estabilizarse y advertir que desde julio de 2019 tendrá que afrontar la amortización del crédito nacional y agotar la dependencia de la rueda de auxilio de la tesorería.

En algún momento del fin de semana el gobernador se reunirá con Carim Peche como interlocutor natural de la oposición legislativa y convencerlo de la necesidad urgente de superar un rechazo difícil de explicar porque un buen servicio de suministro eléctrico es también una responsabilidad colectiva de la dirigencia política, más aún en esta contradicción con las señales emitidas desde Buenos Aires, que son equivalentes con las explicaciones que seguramente estarán reclamando las cuatro ciudades ya mencionadas que no aplaudirán a quienes les bloquearon la oportunidad de obras fundamentales financiadas por el BID.

Si se razona con una urna en la cabeza -y esto no es reprochable solo a esos duros de las aguas revueltas del radicalismo, dispuestos a restarle apoyo territorial a Cambiemos, sino también a las ambiciones de peronistas sin equivalencia en las señales de los sondeos de opinión ciudadana- la gobernabilidad de esta provincia, como ya ocurre con una economía nacional cuesta abajo, estará en grave riesgo.

Las nuevas mediciones de pobreza e indigencia de la UCA son tan contundentes que los medios hegemónicos del macrismo debieron reconocer la vieja verdad de que no se puede tapar al cielo con las manos.

Por eso, vale la pena recoger los alegatos de los foros de la Iglesia Católica fundados en la unanimidad de vastos sectores afectados por el derrape social o advertir que los empresarios chaqueños, a través de sus principales entidades, claman otra vez sin bajar la guardia por alternativas razonables de salvataje para las pymes y el empleo privado, cada día más jaqueados en el peor fin de año desde hace mucho tiempo.

Aparece en esta Nota:

Miguel Angel Fernández
Miguel Angel Fernández