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Silvestre Fogel
Por: Silvestre Fogel

Chaque la Justicia

En lo que va del año se iniciaron al menos nueve causas penales contra funcionarios, exfuncionarios, exlegisladores, empresarios o ciudadanos por delitos cometidos contra el Estado o por lavar las ganancias que generaron esas operaciones. A la vez existen otras investigaciones abiertas años atrás que avanzaron notablemente durante 2018.

En lo que va del año se iniciaron al menos nueve causas penales contra funcionarios, exfuncionarios, exlegisladores, empresarios o ciudadanos por delitos cometidos contra el Estado o por lavar las ganancias que generaron esas operaciones. A la vez existen otras investigaciones abiertas años atrás que avanzaron notablemente durante 2018. 

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En la causa conocida como Lavado I, que involucra a exfuncionarios del gobierno de Domingo Peppo, hay 8 imputados procesados que están alojados en la Cárcel Federal de Resistencia. Ellos son el exsecretario de Gobierno Horacio Rey, el  exsubsecretario Roberto Lugo, el exfuncionario Ismael Fernández, el exempleado de Fiduciaria del Norte, Gustavo Katavich; Cesar Orlando Zibecchi, Ricardo Ariel Retamozo y Ramón Alejandro Chávez.

Mientras que en Lavado II están acusados algunos municipales y la actual diputada nacional Aída Ayala. Alojados en la misma penitenciaria aparecen cuatro acusados: Carlos Alberto Secundino Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Daniel Alejandro Fischer y  Rolando Javier Acuña.

A su vez este año investigaron el manejo de fondos para viviendas y la causa se denomina Lavado III. En la cárcel federal están otros tres acusados de esta pesquisa: Lorenzo Heffner, José Hipperdinger y Adrián Hipperdinger.

También el exministro de Salud durante la época de Ángel Rozas, Jorge Romero, fue juzgado hace poco tiempo y condenado este mes. Tardaron casi dos décadas para llegar a un proceso que aún no está firme. 

Lavado I

La causa Lavado I comenzó el 29 de enero de 2018 cuando funcionarios de la Prefectura Naval Argentina realizaron las actas luego de detectar que varias lanchas, que estaban en guarderías, no tenían toda la documentación.

El 9 de marzo se realizaron por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger múltiples allanamientos en oficinas públicas, privadas y hasta en domicilios de funcionarios. De esos procedimientos queda mucha información por procesar. Y en esa jornada quedó demostrado cómo actuaría la Justicia en adelante. 

Y el 16 de marzo, por orden de la Justicia chaqueña, detuvieron a Rey y su esposa, Susana Fernández. El primero está alojado en la U7 por la causa de lavado mientras que la segunda permanece imputada en el expediente provincial.

En aquellos días hubo algunas diferencias entre los fueros provincial y federal. Más adelante el fiscal federal Patricio Sabadini pidió, sin respuestas positivas, que sus pares provincial declinen su competencia.

Es decir que todo lo relacionado con los delitos precedentes quedó en la provincia y las operaciones de lavado se instruyen en el fuero federal. Esta suerte de juzgamiento paralelo generó que surjan muchas confusiones.

Hace poco tiempo la jueza federal  mencionó que estaban en la última etapa de la investigación y era posible que se eleve a juicio próximamente. De igual manera reconoció que no concluyó la pericia contable.

Causa provincial

La justicia provincial conformó un equipo de fiscales integrado por Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba. Y si bien la investigación local comenzó con lo aportado por Sabadini al poco tiempo se independizaron las actuaciones.

Con sólo avanzar un poco aparecieron datos muy interesantes que permitieron imputar a Rey,  Fernández, Ismael Fernández, Katavich, Zibecchi, Paulo Buticce, Laura Aguirre, Iván Bilcich, Carlos Osuna y Miguel Vilte.

Y lograron determinar que existieron más de 200 hechos de fraude contra la administración pública mediante el Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (Fappo), un gran caja que hasta financió muchos gastos.

El caso Lugo

A su vez los fiscales resolvieron separar la investigación contra Lugo. Allí estarían imputados también Yaczuk, Varela y Retamozo. Todos ellos están detenidos en la investigación federal por lavado de activos.

Parte de la decisión de separar las investigaciones se debe a que los hechos precedentes no son los mismos que habría cometido el grupo que encabezó Rey. 

El hermano de Susana

No bien los fiscales provinciales arrancaron la investigación apareció el nombre de Ismael Fernández, hermano de la esposa de Rey. Y al comienzo no existían tantos elementos contra él. Incluso en su momento fue beneficiado con el cese de prisión.

Con el paso del tiempo fueron encontrando más elementos contra él. Sabadini resolvió requerirlo. La jueza federal Zunilda Niremperger pidió su detención en la segunda quincena de mayo. A vez ordenó la de Jorge Chávez y  de Cristina Dellamea, una empresaria local.

Si bien en la esfera federal Lavado I no se dividió a nivel provincial sí separaron las actuaciones dando origen a un expediente contra Ismael Fernández, donde están bajo la lupa muchos contratos de obras.

Y cada vez que se sigue una línea de investigación se descubren elementos nuevos. Es así como llegaron a analizar los fondos que salieron de empresas y los aportes a clubes del interior.

Hace poco los fiscales encontraron elementos nuevos que podrían generar otros terremotos políticos. De momento parece que hoy el Chaco está ubicado en una gran zona inestable y cada causa genera fuertes temblores.

Lavado II

Las actuaciones conocidas como Lavado II pusieron bajo la lupa los contratos que firmó la Municipalidad de Resistencia con la empresa PIMP para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Están acusados con prisión preventiva Aída Beatriz Máxima Ayala,  Jacinto Amaro Sampayo,  Huidobro, Martínez, Fischer y Acuña. Y al menos hay otros siete procesados sin prisión preventiva.

Vale aclarar que Ayala  al ser diputada nacional tiene fueros y por lo tanto no puede ser detenida hasta que sea desaforada. En tal sentido, el trámite en el Congreso no va rápido. Mientras que Sampayo está bajo arresto domiciliario, beneficio que también tienen otros  imputados.

Actualmente cinco imputados esperan dar vuelta la acusación y la prisión preventiva en la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal estableció que el 26 de diciembre se realice la audiencia para escuchar a los defensores.

Esta instrucción también avanzó pero restan algunos elementos por recolectar y aún falta la pericia contable, que está en marcha. La elevación a juicio podría darse próximamente pero aún no hay fecha estimativa.

Lavado III

La segunda mitad del año judicial comenzó con el requerimiento que presentó Sabadini contra Roxana Giménez, Heffener y los Hipperdinger. Además estaban acusados tres expresidentes del Instituto de Viviendas.

Al poco tiempo se secuestraron en Villa Río Bermejito varios vehículos de alta gama. Uno de los más llamativos fue un BMW Z4, donde se filmó un video casero que fue grabado por un Hipperdinger.

En la misma época se realizaron varios allanamientos en concesionarias de autos usados y viviendas. No fueron pocos los que confundieron, en las redes sociales, a los protagonistas de ambas causas.

Con el tiempo el fiscal federal resolvió requerir a Silvia y Adriana Hipperdinger y del intendente de Castelli, Oscar Alberto Nievas. La jueza ordenó las detenciones pero en el caso del jefe comunal dispuso que primero el Concejo de Castelli le remueva los fueros.

El cuerpo comunal no hizo lugar pero eso no impidió la detención de Nievas porque al poco tiempo la Cámara Federal de Apelaciones definió que  un intendente puede ser arrestado por una causa penal.

Nievas buscó un paraguas protector pero a los pocos días definió presentarse en la sede de Gendarmería Nacional donde fue detenido más allá de que aún estaba vigente el recurso de hábeas corpus que se dictó a su favor.

A su vez la jueza expresó en el auto de procesamientos varias críticas y todo hace pensar que la idea es continuar investigando la ejecución de los planes federales de viviendas que financiaron la construcción de unidades habitacionales para aborígenes chaqueños.

La denuncia de Casalboni

“Estas actuaciones se inician en fecha 26 de Abril de 2018, a partir de una denuncia anónima recibida en esta Fiscalía Federal en la fecha mencionada,  que decía Dr. Sabadini espero que le sirva la información, Aída Ayala desde Nación sigue con negociaciones incompatibles y su yerno Matías Balmaceda. Gracias”, se puede leer en el segundo requerimiento que presentó el fiscal contra Aída Ayala.

Pero fue la declaración que dio el intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, la que permitió avanzar notablemente y determinar quiénes serían los responsables. Y algunos nombres se repiten.

Finalmente el requerimiento fue presentado contra Aida Beatriz Máxima Ayala, Matías Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y Claudio Alejandro Tolosa.

Contra Báez

Asimismo en la segunda mitad del año el fiscal federal requirió al exsenador Fabio Darío Biancalani, Jorge Oscar Chueco y Claudio Fernando Bustos. Hace pocos días se resolvió que desde el 10 de diciembre presten indagatoria ante Nirempeger. Asimismo deberán asistir Antonio Báez y Julio Mendoza.

Ellos no están imputados de delitos como lavado  de activos sino fueron requeridos por evasión fiscal. Y en este caso las actuaciones se originaron durante un allanamiento contra la empresa Sucesores de Adelmo Biancalani, la filial de Austral Construcciones en el Chaco.

Y pese a que en Buenos Aires la constructora fue ampliamente investigada acá sólo se están analizando los impuestos que no pagaron y trataron de esconder movimientos con facturas truchas.

Leche ausente

Cuando los chaqueños comenzábamos a perder la capacidad de asombro nos enteramos que en un depósito ubicado en la ruta 16 alguien robó miles de kilos de leche en polvo que debían colocarse en el sistema sanitario, es decir que el dueño era el Ministerio de Salud.

De inmediatamente surgieron preguntas de cómo fue posible tal robo sin que nadie se diera cuenta. Y como aún el caso está bajo investigación hay muchas respuestas que no se conocen o no fueron publicadas.

Las pesquisas lograron determinar que parte de la leche nunca llegó al galpón ministerio y que una gran parte fue colocada en el mercado legal mediante un comercio que se encargó de embolsar el polvo lácteo. 

En  esta causa que está en manos de los fiscales Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba quedaron imputados con preventiva: Marcela Aceval, José Luis Maidana, Antonio Escalante, Pablo Fortini, Ramos Acosta y Marcos Müller. Además hay un par de funcionarios de alto rango acusados de no cumplir con sus deberes. Para los investigadores este último grupo no participó del robo.

Otras actuaciones

En medio de estas investigaciones aparecieron denuncias cruzas y hasta se presentaron requerimientos. Por un lado el fiscal federal anunció que está investigando a José Sánchez, Leandro Zdero y Daniel Capitancih.

Sánchez respondió denunciando al fiscal administrativamente y no se descarta que presente una actuación contra él ante los organismos correspondientes. De momento renunció al cargo que ocupaba en el gobierno provincial.

A su vez el hábeas corpus a favor de Nieves despertó fuertes acusaciones contra la jueza de Garantías número 1 María de las Mercedes Pereyra.  El fiscal presentó un requerimiento que ya llegó ante el Consejo de la Magistratura.

Gestión de Residuos

Por otra parte, la política chaqueña sintió fuertemente otras actuaciones que comenzaron en años atrás pero durante 2018 avanzaron y muchos dirigentes o funcionarios tuvieron que declarar ante magistrados.

Una de esas actuaciones se denomina Girsu en realización al plan de residuos sólidos federal que se financió desde el gobierno nacional y llegó a comunas del país, muchas de las cuales son chaqueñas.

Intendentes y exintendentes desfilaron por el juzgado que conduce Claudio Bonadio. Para muchos el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que permitió arrestar a Nievas consentiría que este magistrado ordene detenciones.