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CONFLICTO ETERNO EN EL SERVICIO PÚBLICO

Nuevo desencuentro entre la Defensoría y Transporte por el boleto

El órgano constitucional entiende que se violó el acuerdo por el cual se establecía la normativa que ceñirá el estudio de costos.

Hasta la semana pasada parecía que la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría del Transporte decidieron hacer borrón y cuenta nueva por los eternos desencuentros para establecer cambios en la tarifa del transporte público, pero la historia tiene desde ayer otro capítulo que vuelve a abrir el interrogante acerca de lo que ocurrirá el 9 de noviembre, fecha en la que se convocó para la nueva consulta pública. 

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La Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Transporte mantienen otro contrapunto que pone en riesgo la audiencia del 9 de noviembre.

Desde el órgano constitucional realizaron ayer una presentación ante el Juzgado Civil y Comercial 21 el pedido de incumplimiento del acta suscripta el último jueves 11, por el cual señalan se violó la normativa por la cual debía ceñirse la convocatoria.

En su presentación, la Defensoría expone que la convocatoria se efectuó sobre la base de un decreto fechado el 2 de octubre, es decir antes de la firma del acuerdo de partes en el que se estableció que la metodología para este nuevo llamado implicaría una dinámica distinta a lo que se venía haciendo.

En concreto, el organismo que tiene al frente a Gustavo Corregido expresó que el llamado a audiencia pública que se conoció a través de un edicto que se publicó el viernes debió ser acompañado por el estudio de costos para los interesados.

‘El compromiso asumido por la Subsecretaría de Transporte en el acta de fecha 11 de octubre de 2018 en la audiencia de conciliación correspondiente consistente en presentar en la Audiencia Pública convocada para el 9 de noviembre ‘la nueva metodología para el cálculo del cuadro tarifario‘, debería estar disponible en el día de la fecha de convocatoria conforme la legislación de la materia Leyes 8 - T,1027-A y Decreto Reglamentario 01/08‘, señala el texto.

No obstante, desde el área gubernamental sostienen que se cumple con los requisitos y que el estudio de costos estará disponible el 29 de este mes, 10 días antes para la fecha pactada para la audiencia.

‘Sería una actitud irresponsable de parte de la Subsecretaría entregar esta documentación en paralelo con la convocatoria a la audiencia porque de hecho aún no contamos con los informes de todas las empresas‘, describió el subsecretario de Transporte, Roberto Medina. Lo cierto es que para pedir la nulidad de esta convocatoria, Corregido se funda en lo que establece el artículo 27 de la Ley 8-T, que señala que ‘previa a la convocatoria a audiencias deberá estar disponible la información necesaria para establecer nuevas tarifas‘.

Mientras se define si se lleva a cabo o no la audiencia del 9 de noviembre, se avanzará en la instrumentación de la tarifa ‘provisoria‘ para el pasaje plano que saltará de $ 11.50 a $ 14.72, lo que se acordó en la misma acta.

EL PARO NOCTURNO CAMINO A EXTENDERSE

Si bien el jueves continuará la audiencia de conciliación entre concesionarios del interior y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el paro nocturno ante la falta de pago por el incremento salarial de septiembre para choferes tiende a extenderse.

La medida de fuerza lleva casi dos semanas de ejecución y el Estado tanto nacional y provincial solo son observadores que genera contratiempo a miles de habitantes.

‘No hay avances porque en el interior no hay mejores condiciones para poder absorber los costos de la nueva escala salarial‘, explicó Gustavo Larrea, dirigente de la Federación Argentina del Transporte por Automotor.

Es que la mayoría de las jurisdicciones y en el caso de Chaco la situación es más delicada porque tiene una las tarifas más bajas del país, se establecieron tarifas que no tenían en cuenta los incrementos salariales, siempre desde la mirada de ir buscando alternativas de financiamiento sobre la marcha tras la decisión de la Casa Rosada de dejar de reconocer las subas salariales.

Incluso, empresarios dan cuenta que cuando rija la tarifa de $ 14.72 tampoco estarán en condiciones de afrontar el costo salarial, por lo que de no producirse una inyección de fondos de un Estado en el que tampoco abundan los recursos, los paros en el transporte serán moneda corriente.